Picota a las bibliotecas

En España hay cientos de miles de viviendas, por no decir millones, construidas fuera de planificación, sin licencia, sin haber cumplido con la más mínima legalidad. Es prácticamente imposible derribarlas bien porque consiguen la legalización pagando una ridícula tasa, porque se benefician del principio de protección del tercero adquirente de buena fe, porque se llegan a todos tipos de acuerdos o se benefician de un conveniente cambio normativo o, finalmente, porque el tribunal sentenciador es indulgente a la hora de ejecutar.

Así en España construir viviendas ilegalmente, la inmensa mayoría de ellas no destinadas a vivienda habitual, ha sido ventajoso, muy ventajoso y las viviendas siguen allí y muchas de ellas han producidos sus buenos beneficios.

Y de repente llega el caso de una biblioteca construida ilegalmente. No digo que esté bien y que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se ha llenado de gloria no cumpliendo su propia normativa urbanística, pero comienza a clamar al cielo que el Tribunal Supremo no encuentre ningún modo de evitar el derribo de una servicio público como normalmente los hay para que las casas no pasen por la picota.

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