Desaforando jueces

La mayoría de los aforados españoles son jueces y magistrados, esto es, los miembros del Poder Judicial. Sus casos son los más numerosos y no se engañen, el gobierno pretenderá reducir el número de aforados reduciendo el de los miembros del Poder Judicial y del Ministerio Fiscal.

No hay que confundir, como sucede habitualmente, aforamiento con inmunidad y hay dudas acerca de si el aforamiento en algunos casos (donde uno es juzgado en única instancia) realmente es un privilegio o una desventaja procesal.

Pero en el caso de los jueces, además de los motivos habituales que justifican el aforamiento, creo que hay una justificación garantista. Pongamos un ejemplo: alquien se querella por prevaricación contra un magistrado que sirve un juzgado de su partido judicial y el caso le corresponderá instruirlo, si no hay aforamiento, a algunos de sus compañeros de ese mismo partido judicial.

¿Demasiado grandes para caer?

Nos hemos considerado demasiado grande para caer, tanto por la dimensión de nuestra deuda pública como por la delirante cantidad de deuda privada que soporta nuestro país. Otros también nos han considerado así y han hecho que los italianos y los españoles tengamos un trato diferenciado por parte del BCE y del FMI.

Esto ha llevado a algunos, los mismos que critican la reforma del artículo 135 de la Constitución, a pensar que nos seguirían prestando indefinidamente dinero aún no devolviendo lo ya recibido por miedo a perderlo todo.

Esto no es más que jugar a trilero con las cuentas públicas, las pensiones, las prestaciones por desempleo o los sueldos de los empleados públicos. A alguien le merece la pena prestar aún habiendo impago previo si se dan alguna de estas circunstancias:

a) Certeza de pago de todo
b) Certeza de pago de casi todo, siendo menos lo que se deja de recibir en devolución que el coste de nuevos préstamos

Puede llegar el momento en el que, por mucho que se vaya a perder, deje de merecer la pena financiar al que impaga porque lo único que se va a hacer es incrementar la cuantía del total perdido. Entonces es cuando tienes que explicar a los pensionistas que no ven sus pensiones, a los parados sin prestación ni subsidio y a los empleados sin sueldo que al menos “hemos resistido a las imposiciones neoliberales”. Puedes probar a convocales a una manifestación contra el imperialismo del FMI cosa que siempre queda mona si se quema un monigote del Tío Sam.

El gobierno plebiscitario

Alguien con gran acumulación de poder suele tener problemas con las asambleas representativas, en las que los representantes tienen permanencia, autonomía y un conocimiento amplio de los temas que se tratan y sobre los que hay que decidir.

Si esa persona con acumulación de poder cuenta, como suelen contar, con el favor de la mayoría de los miembros de esa sociedad, sea un Estado o un equipo amateur de balonmano, se sentirá más cómodo pudiendo respaldar sus decisiones con la voluntad de todos y con la voluntad de representantes, con permanencia y cierto conocimiento.

El recurso a la ratificación popular o general sitúa al poder en una situación ventajosa. El poder controla los tiempos y puede decidir someter la cuestión a votación en el mejor momento para sus intereses, lo cual puede incluir tanto un adelanto como un retraso.

El hecho de poder controlar los tiempos, permite que uno controle la elaboración del mensaje y así el propio mensaje, así como los argumentos que se manejen. El control de los tiempos es uno de los elementos que dan más libertad de acción dentro de la política y que le te dan muchas opciones de éxito.

Esto explica muy bien que Pablo Iglesias ganase la selección de las personas que organizarán el asamblea fundacional de Podemos recurriendo al plebiscito por Internet. ¿Por qué? Apliquemos algo de lo expuesto:

1) Decidió sacar el tema de la selección del grupo organizador a pocos días de la asamblea de representantes de los Círculos.

2) Como esto no gustó a los representantes, propuso un sistema de listas cerradas y bloqueadas y por el curioso sistema de “el que gana se lo lleva todo”, tan característico de las Elecciones presidenciales estadounidenses: la lista ganadora, aunque fuera por un voto, era elegida en su totalidad y en proporción a sus votos. Impuso el proceso de elección.

3) No dudo que su lista fuera la mejor de las posibles, pues él tenía el tiempo y el carisma suficiente después del éxito electoral como para conseguir a mejores elementos que sus oponentes del Círculo de Enfermería.

4) Llegó el plebiscito internáutico. El votante tenía que elegir entre la opción propuesta por el líder carismático y la candidatura propuesta por un grupo de absolutos desconocidos que los medios afines al líder califican negativamente.

5) Además este tipo de votaciones plebiscitarias eliminan los matices, el debate, la enmienda y el acuerdo. Es un sí o un no, pero nunca un condicional, ni una tercera o cuarta vía. A todo esto se le pueden unir elementos afectivos o grupales como decir que votar en contra de la propuesta del líder es manifestar desunión, desestabilizar o darle argumentos a los adversarios.

Como ya indiqué en una entrada anterior sobre un tema muy semejante, la igualdad aplicada a situaciones desiguales no hace sino aumentar la desigualdad.

 

 

John Elliot

Era la década de los noventa. “Lo más plus” era un programa de enorme popularidad con una audiencia mayoritariamente joven. Cada día había un invitado al que se entrevistaba y al que se le sometía a bromas muy blancas.

Uno de esos días el invitado fue el historiador británico John Elliot. Hablaron de sus libros, especialmente de El Conde-Duque de Olivares, biografía de gran calidad que había vendido ejemplares como rosquillas. Todo era normal y el programa terminó.

¿Os imagináis ahora a cualquier programa con gran audiencia en su franja horaria con un historiador británico especialista en la España de los Austria hablando de sus libros? La clave de la ciudadanía no son ni las élites, ni los grupos aborregados, porque ambos siempre los habrá, sino el nivel medio de la mayoría de los ciudadanos. Y éste es uno de nuestros problemas.

La muerte del Juancarlismo (Proclamación II)

Fernando Ónega le hizo un gran favor a la causa de la República durante sus comentarios en la retransmisión de TVE de los actos de proclamación de Felipe VI: sus perlas, sus insinuaciones, su sumisión combinada con desdén clasista y su desconexión con la realidad han hechos más republicanos en un día que muchas semanas del caso Nóos.

El gran teórico contemporáneo de los autoritarismos fue el jurista alemán Carl Schmitt. Él mantenía que el pueblo podía expresar su voluntad no sólo mediante un sistema de voto individual y secreto (donde dejaba de ser pueblo para convertirse en suma de individuos) sino con igual y mayor validez también en actos de aclamación donde era el pueblo como un todo el que se expresa y no los individuos.

La doctrina de Schmitt fue acogida, conservada y desarrollada en España por un discípulo directo, Francisco Javier Conde, y transmitida a profesores y estudiantes tanto a través del Instituto de Estudios Políticos como en buena parte de las cátedras universitarias, como también en las organizaciones del movimiento y el sectores políticos católicos. No es extraño encontrar personas que hayan asumido, muchas veces sin darse cuenta, esa teoría de la expresión de la voluntad popular por medio del clamor como algo normal, no percibiendo que es un cuestionamiento radical de los fundamentos de las democracias liberales.

En el fondo la tentación de Ónega, reprimida a la vista de la escasa concurrencia, es necesaria para instituciones como la Monarquía, especialmente la de Felipe VI.

La narrativa de Juan Carlos I, conocida como Juancarlismo”, se fundaba en las siguientes ideas, que únicamente vamos a enunciar, pero no a enjuiciar.

1) El Rey abrió un proceso democratizador desde el Tardofranquismo renunciando al poder que le daban las Leyes Fundamentales para convertirse en un Rey ceremonial. Lo hizo porque consideraba que era lo mejor para la reconciliación entre los españoles, el progreso del país y la posibilidad de un Estado equiparable al resto de los de Europa Occidental.

2) Como Jefe del Estado tomó decisiones fundamentales para hacer posible una Transición ordenada que fuera asumible tanto para el aparato del régimen, especialmente para las Fuerzas Armadas, como para las fuerzas de oposición.

3) Pese a no necesitarlo, el Rey recibió la legitimidad democrática al aprobar los españoles de la Constitución de 1978 en referendum. Pasaba Juan Carlos I de ser nombrado por Franco a ser aceptado en las urnas por los españoles.

4) Haber sabido manejar los resortes políticos y militares necesarios para que en el momento en el que el nuevos sistema político entró en ruptura (23-F), se impidiese la involución a un sistema anterior o se intentara una hibridación de lo anterior con lo nuevo.

5) El Rey no es un personaje distante ni estirado: rompe continuamente el protocolo, le gusta el fútbol y vive la vida como lo haría la mayoría de los españoles si estuvieran en su lugar. Vamos, el Rey es campechano.

Esta narrativa ha funcionado hasta hace bien poco. Los dos hechos que han provocado la desintegración de ésta han sido la corrupción y el tiempo.

El caso Nóos, la imputación de la hija y del yerno del Rey y la sensación de avidez sin límites han cuestionado que la Monarquía sea mejor que esos políticos sobre los que teóricamente está. Pero de estas cosas se ha hablado siempre y la ciudadanía nunca ha sido ajena, aunque haya salido poco en los medios de comunicación, de que se comentaban cosas de negocios en el entorno regio.

Todo eso se ha perdonado por la fuerza de la narrativa. Lo que ha destrozado esta magistral justificación ha sido algo sencillo e inexorable: el paso del tiempo. Medio país no vivió la Transición o la vivió durante su infancia y han dicho que si los méritos contraídos en los años setenta y principios de los ochenta no caducan nunca, que si no hay que renovarlos de vez en cuando.

La Transición es algo muy lejano, pese a que TVE se ha esforzado en producir numerosas series y reportajes para que a nadie se le olvide nada que deba recordar. Los libros de Historia que estudian en la ESO y Bachillerato también la repiten, pero es eso, mera Historia.

La narrativa que se le ha ido deshaciendo entre las manos a Juan Carlos I no puede ser la de Felipe VI, sencillamente porque una cosa es heredar la corona y otras los méritos del padre. Nuestra época es diferente y la épica de nuestros días no es institucional, sino económica, que es poco lucida y que normalmente escapa a la esfera de acción normal de un monarca.

Evidentemente recuperar de la narrativa la aprobación en las urnas ni forma parte de lo que es una Monarquía hereditaria y si en el referendum de 1978 no se hubiese aprobado la Constitución la Monarquía habría continuado y se habría presentado otro proyecto de Constitución.

Lo único que le queda a Felipe VI es ganar el clamor popular, sacar masas a la calle para verlo y así reclamar para sí el favor del pueblo aunque sea a lo schmittiano. El entusiasmo es difícil inocularlo cuando todo el mundo es consciente de que sobre ti no recibe información sino propaganda, pero ahí tiene trabajo el Rey y sus asesores, trabajo amplio y costoso porque la demografía la tiene en contra: cada año que pasa hay más republicanos y menos personas que asocian al Rey a la democracia, más bien lo asocian a lo contrario.

El Juancarlismo fue un apuesta de la Monarquía y de muchas de las fuerzas que convergieron en la Transición para mantener y fortalecer al Rey en una sociedad que a priori podía perderle rápidamente el afecto.

El Juancarlismo tenía fecha de caducidad y todos los sabían y lo saben, y esa fecha ha llegado. El hecho de que la sucesión haya sido causada por la abdicación, además de por el desgaste sufrido estos años, se debe a que el rey Juan Carlos podrá sostener a los juancarlistas supervivientes como cierre del sistema, en vez de que el Rey se tenga que enfrentar a un escenario sin apoyos propios y sin tener respaldo alguno.

Proclamación I

En términos generales las ceremonias de la proclamación del nuevo Rey han sido, en mi opinión, aburridísima, carente de ritmo y acciones y llenas de palabras, demasiadas palabras y además las palabras solamente reproducían centenares de tópicos.

Lo que sí ha sido un acierto ha sido la eliminación de cualquier ceremonia religiosa en torno a la proclamación del Rey. Hasta ahora casi toda solemnidad del Estado pasaba, de alguna manera, por la horrorosa Catedral de la Almudena.

Además de no estar demasiado en corcondancia con la Constitución (la misma que ha hecho Rey a Felipe VI) esta costumbre de repente daba el protagonismo y la palabra a alguien que no es nadie en la configuración constitucional del Estado, sea el Arzobispo de Madrid o el Presidente de la Conferencia Episcopal.

Esperemos que, durante el Reinado que hoy comienza, se modifiquen los rituales del Estado para que haya un ceremonial desde el punto de vista religioso e ideológico. Sinceramente no esperaba que el cardenal Rouco no tuviera su enésima ocasión de decirnos que hemos perdido el horizonte moral, que no tenemos trascendencia, que sin su guía sabia nos perderemos y que marquemos la casilla de la Iglesia en el IRPF.

España es Castilla

Los medios han sido aleccionados desde que el Rey Juan Carlos anunció su abdicación y casi ninguno de ellos ha hablado de coronación, sino de proclamación antes las Cortes. Los reyes castellanos tradicionalmente han sido proclamados y no ha habido una ceremonia parecida a las coronaciones de otras monarquías, y menos a los grandes fastos de las monarquías inglesas o de los borbones franceses.

Pero nuestra monarquía es española y no castellana y en las otras monarquías españolas los rituales de inicio de Reinado eran diferentes. En Aragón se practicaba la autocoronación, mientras que en Navarra se daba el sacramental de la coronación y la unción de los reyes.

Es cierto que tanto la autocoronación como el sacramental de coronación y unción son muchos más aparatos que la proclamación en Cortes y se dan dentro de las iglesias, que es algo de lo que han huido con mucho instinto en esta ocasión. En todo caso nadie ha dicho nada de la aceptación de lo castellano como lo español.

Felipe de Borbón y Grecia adoptará el nombre de Felipe VI para reinar en España hasta que se proclame la III República. Pero como indicamos en la entrada anterior el ordinal elegido es propio de Castilla, porque como Reyes de Aragón solamente ha habido cuatro reyes llamados Felipe (Felipe El Hermoso solamente fue rey en Castilla) de tal forma que el todavía Príncipe Felipe sería Felipe V en Aragón

En cambio en Navarra había tenido reyes de nombre Felipe antes de la instalación de los Habsburgo, concretamente a tres. Para establecer el ordinal navarro hay que restar al ya mencionado Felipe I de Castilla, de manera que el jueves tendremos a Felipe VIII.