Un español ante el cajero automático

Hay un sitio donde se concentran y potencian dos de los grandes defectos que tienen los españoles: la falta de empatía y una baja comprensión lectora. Esos sitios son los cajeros automáticos.

Una vez que el español medio ha superado la cola del cajero (cada día los bancos transfieren a los “clientes” más trabajos que antes hacían los empleados), entonces considera que los demás se tienen que fastidiar porque ha alcanzado el derecho absoluto de uso, una facultad ilimitada y omnímoda. Entonces comienza a consultar los saldos y se ve que el número de los que esperan aumenta, comienza a ser creativo y barroco, pidiendo al cajero datos tales como reintegros los meses pares del año entre 5,87€ y 15,67€. Luego estudia la posibilidad de pignorar sin traslado posesorio algún bien. Cuanta más larga sea la cola, más sensación de poder tendrá.

Todo ello sería solamente una desgracia patria si no se uniese al hecho de que buena parte de nosotros no entendemos demasiado bien las indicaciones que surgen en la pantalla. En España se lee poco y se valora aún menos la lectura. Los niveles de comprensión lectora, incluso entre los que estudiaron antes de la Ley de Villar Palasí, es deplorable y se nota antes los cajeros: el usuario medio se detiene y se afana más de lo que podríamos considerar normal intentando descifrar los mensajes del aparato, mensajes que salen siempre en los mismos lugares para facilitar incluso su memorización, no ya su lectura.

Dos elementos de la idiosincrasia española se muestran en un grado eminente ante los cajeros automáticos. Pura observación social al alcance todos.

Grandes momentos para recordar

Habrá quienes sigan pensando que Ruiz-Mateos es una víctima, como muchos de los que compraron esos pagarés que pensaban que entregaban su ahorros a unos empresarios ejemplares y que su inversión estaba en buenas manos, sobre todo que le daban una tortazo con guante de seda a los rojos que dejaron al pobre empresario sin un duro de la época. Que lo disfruten.

Rouco privatizará todas las parroquias del norte de Madrid

El Cardenal Rouco ha anunciado que la Archidiócesis de Madrid, de la que él es arzobispo, va a tomar ejemplo del gobierno regional y se va a disponer a privatizar una parte de su inmensa red de parroquias, concretamente iniciará el procedimiento en la Vicaría I, que es el norte del municipio de la capital y de la comunidad.

La curia diocesana va a publicar en las próximas semanas tres pliegos de condiciones que regirán el contrato, dependiendo de una tipología que han establecido para clasificar cada una de las parroquias. Estos pliegos, aunque todavía no oficiales, ya han sido enviados a varias empresas del sector de la prestación de servicios para tener las primeras valoraciones.

Las empresas adjudicatarias deberán asumir el personal contratado por el Arzobispado al menos en el primer año, luego pueden despedirlo y proponer la contratación de nuevo personal, incluyendo a los sacerdotes. Fuentes de la curia diocesana aseguran que están dispuestos a trasladar a cualquier sacerdote de su diócesis que una empresa solicite en una parroquia adjudicada, así como a acoger dentro de la diócesis (incardinar en terminología canónica) a cualquier sacerdote de otro lugar que cuente con el interés de los adjudicatarios.

En voz baja se llega a reconocer que algunos curiales han llegado a estudiar la posibilidad de que los adjudicatarios sean consultados a la hora de admitir candidatos en el Seminario para asegurarse que el perfil de los futuros sacerdotes concuerda lo máximo posible con el perfil que las empresas buscan para sus responsables parroquiales. El paso final, lo realmente deseado por las empresas, sería que yo fueran ordenados quienes ellos presentasen y que estos solamente pudieran ejercer el sacerdocio dentro de las parroquias adjudicadas a cada sociedad mercentil.

La financiación de magna operación de privatización de las parroquias madrileñas se hará por medio de la subida y del cobro generalización y efectivo de los estipendios (pagos por servicios religiosos recibidos), terminando con una época en la que muchos párrocos no eran demasiado cuidadosos de la faceta financiera de sus jurisdicciones. La Archidiócesis recibiría anualmente una cantidad fija, dependiendo del tipo en el que la parroquia haya sido clasificada, a la que hay que añadir un 15% de lo recaudado por medio de los estipendios. Por el contrario las adjudicatarias correrían con los gastos de personal (a determinar por medio de un Convenio Colectivo), así como del 20% de los gastos de mantenimiento, manteniéndose los gastos mayores y extraordinarios dentro de las obligaciones de la Archidiócesis.

Dado que los beneficios de las empresas adjudicatarias dependen directamente del cobro de los estipendios y por tanto de la asistencia de fieles a las parroquias, esperan en la Archidiócesis que los nuevos responsables parroquiales utilicen todos los resortes para conseguir llenar los templos no sólo los domingos, sino prácticamente cualquier día de la semana.

El principal escollo por salvar es la situación de las iglesias no parroquiales, esto es, aquellas que pertenecen a órdenes religiosas y que ofrecen culto al público pero que pueden entrar en el plan de privatización ya que las órdenes y congregaciones lo rechazaron unánimemente al ser consultadas, según han señalada en la CONFER (Conferencia Española de Religiosos).

Las empresas a las que les han hecho llegar los borradores de los pliegos quieren que se les prohíba celebrar en sus iglesias salvo cuando se trate de cuestiones internas de estas instituciones o de los colegios u obras que realicen, ya que entienden que de seguir la situación actual se daría una competencia desleal inaceptable. Los curiales madrileños creen que los nuevos aires vaticanos pueden ayudarles frente a los miembros de los órdenes y congregaciones, pese a que el nuevo Papa sea miembro de una orden.

Es posible que, si Roma no lo impide, a mediados de 2014 se resuelvan los primeros concursos y se adjudiquen las primeras parroquias, que comenzarán a funcionar en el nuevo sistema el primer domingo de Adviento del próximo año.

El reverso tenebroso

El gobierno quiere que se modifique la Ley de Seguridad Ciudadana para que determinadas concentraciones, manifestaciones o sentadas sean sancionables administrativamente, ya que los jueces andan reacios a tirar el Código Penal.

Cuando lo he leído me ha surgido una duda. Supongamos que vuelve a haber un gobierno de izquierda y yo, señor de derechas, fiel a las tradiciones me voy al desfile del Día de la Fiesta Nacional para pitarle al Presidente del Gobierno.

Es evidente que en un desfile como ése no está hecho para pitar a las autoridades, de modo que si yo lo hago estoy manifestándome. De repente me para la Policía, me pide los datos y al cabo de los días me llega a casa la notificación de un multón de 30000€ (por decir algo).

Estimado señores del gobierno: cuidado con el reverso tenebroso de las leyes un poco pasadas de rosca.