Justicia gallardoniana

Otro de los anuncios del Consejo de Ministros de este viernes, el más esperado de los últimos años, ha sido la actualización de las tasas judiciales y la extensión de éstas a la segunda instancia del orden jurisdiccional social, esto es, cuando un trabajador pierda una demanda por despido, además de estar en paro, tendrá más difícil recurrir ya que tendrá que abonar 500€. Unido al fin de los salarios de tramitación es un nuevo golpe a los trabajadores despedidos ilegalmente.

También grave es la eliminación de las personas físicas de exención de pago de esta tasas, según disponía el artículo 35.2.c de la Ley 53/2002, salvo para quienes tengan derecho a la asistencia jurídica gratuita.

Dado que los requisitos para obtener la asistencia jurídica gratuita son muy estrictos: en términos generales dos veces el IPREM, esto es, 1.064,02€/mes por unidad familiar (IPREM 2011), estamos viendo que la mayor parte de las clases medias se encuentra fuera de la exención con lo que tendrán que pagar las tasas judicial que, según el cuadro de la propuesta publicada por la web de la Presidencia del Gobierno no son pequeñas.

La consecuencia es que la Justicia solamente será accesible para pobres, ricos y grandes empresas, dejando fuera a las clases medias, que vuelven a ser nuevamente castigadas por el Gobierno del Partido Popular.

Si la intención del Gobierno era recaudar y aligerar la Administración de Justicia, que lo dudo, podrían haber establecido una tasa en el orden penal (100€ por decir algo) para los juicios de faltas (excluyendo los de la tráficos) y que cargan y saturan con cuestiones litigiosas de tanto peso como ‘mi vecina me ha llamado guarra’ o ‘en tendero me ha llamado cornudo’. Hay muchos juzgados que le dedican un día a la semana a esos asuntos.

Pero eso no le importa ni a Gallardón ni a su equipo, porque lo que ellos quieren es dificultar el acceso a la Justicia a la gran mayoría de los españoles, favoreciendo a los que más tienen porque los que menos (y están exentos de tasas) tampoco suelen iniciar procedimientos monitorios o cambiarios.

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