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Archive for 23 febrero 2012

La reducción de las enfermedades que a los recién nacidos en Castilla-La Mancha se le criban con la ‘prueba del talón’ es un deliberado ataque a la sanidad pública.

Los padres de esos niños recién nacidos saben que hasta hace pocos días eran más las enfermedades que se cribaban, que son más las que se estudian en otras regiones y que si quiere un diagnóstico precoz de ciertas enfermedades que su hijo o hija recién nacido pudiera padecer tendrá que abonarlo en una época en la que lo peor que se puede hacer es reducir la renta familiar con gastos médicos.

La sanidad pública castellano-manchega, en esta prueba, será complementada por los padres por medio de sus ingresos propios porque serán pocos los que no se gasten lo que haga falta para tener un diagnóstico que puede ser fundamental en caso de padecer ciertas enfermedades.

La mayor parte de la criba se harán ‘por lo privado’ de modo que estos padres, lógicamente, se preguntarán qué sentido tiene pagar por medio de los impuestos una sanidad que no puede por ahora ni cribar un número decente de enfermedades en una prueba sencilla. Pensamiento que se hará más fuertes cuanto más raquíticos deje De Cospedal los servicios que presta la sanidad de su Comunidad. A todo esto, los laboratorios de análisis estarán de celebración porque De Cospedal les acaba de proporcionar miles de asustados clientes.

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El pasado viernes la Vicepresidenta del Gobierno anunció la limitación de las retribuciones de los gerentes y consejeros de las empresas públicas estatales. En los cortes radiofónicos que pude escuchar en su momento daba la impresión que las cifras que daba la Vicepresidenta eran el total bruto de la retribución hasta que se le escapó la palabra clave: remuneraciones básicas.

Las remuneraciones básicas son, en el sector público, lo que se conoce en el sector privado como ‘salario base’, que normalmente no es la mayor parte del salario. La Vicepresidenta señaló que se mantenían variables sobre cumplimiento de objetivos (sin señalar límites a priori), así como complementos sobre el tipo de puesto que se ocupa, donde suele estar la parte más sustanciosa de un sueldo en el sector público y a los que no le señala límites.

Finalmente la Vicepresidenta sí se refiere a las limitaciones de las retribuciones en especie, que estará situadas como máximo en el importe de las retribuciones dinerarias (básicas, variable por objetivos y complemento por puesto), esto es, un límite tremendamente alto como tener sentido.

Visto de cerca el recorte de las retribuciones en el sector público empresarial se observa que no es tal, ya que solamente se limita la parte más pequeña de las percepciones de los consejeros y, a la vez, se dejan sin limitaciones los dos conceptos que más juego dan. Y lo de las retribuciones en especie es de nota.

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Ayer hablamos de la propuesta del ministro De Guindos de que un código de autorregulación bancaria abriese el camino, sin necesidad de reforma normativa, a la dación en pago en determinados casos.

En la última parte de la nota de prensa del Ministerio de Economía y Competitividad se mencionan los incentivos fiscales que el Gobierno se plantea concederle a los bancos en el caso de que acepten la dación en pago, la carencia de dos años y la quita correspondiente.

Los incentivos pasan por considerar como fiscalmente deducible, en el Impuesto de Sociedades, el dinero que pierdan en estas operaciones de ‘dación en pago’. Esto quiere decir que el riesgo asumido ya no se queda en el fallido y en el pasivo del Banco, sino que es transferido al Estado, y a todos los españoles, en forma de beneficios fiscales.

Esto quiere decir que todo el dinero que pierdan los bancos por las hipotecas que no debieron conceder, los que los norteamericanos llaman ‘subprimes’, será repuesto a esas entidades quitándole dinero en impuestos. El Estado reduce sus ingresos para que los que se compraron casas que no podían pagar y a los que les dieron hipotecas que no les debieron conceder puedan comenzar a salir de rositas. Y mientras quitando calefacciones en centros de enseñanza.

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Cuidado con la dación en pago

La dación en pago es presentada como una medida que salvaría a miles de familias de las ejecuciones hipotecarias que les penden sobre sus cabezas y que evitaría los desahucios. Es cierto, eliminaría las ejecuciones porque la entrega de la vivienda resolvería el préstamo hipotecario y no habría desahucios porque ellos habrían entregado ya su vivienda. La dación en pago no es ningún mecanismo que permita a alguien quedarse en una casa sin pagar las amortizaciones mensuales.

El sistema actual permite a los bancos jugar con activos diferentes del valor de la vivienda, especialmente las rentas futuras del trabajo, para minimizar el riesgo del préstamo. Un sistema en el que la dación en pago sea la norma general implicará que las entidades bancarias sean más estrictas, en principio, a la hora de conceder estos préstamos, pero todos tendrían las mismas normas.

El problema que tiene el sistema de dación en pago que el ministro De Guindos perjeñó en el Congreso es opta por otorgar esta posibilidad solamente a las familias con mayor debilidad económica, de modo que ‘pro futuro’ este sector tendrá dificultades aún mayores para acceder al préstamo hipotecario, ya que a la poca fortaleza de su posición económica se le uniría las posibilidad de resolver el contrato por dación en pago, lo que en un mercado inmobiliario con poco ascenso de precios (como será el nuestro en varias décadas) les hace unos clientes poco atractivos.

Pensando mal podríamos llegar a la conclusión de que lo que busca el ministro De Guindos es impedir que los bancos den dinero en préstamos hipotecarios a determinados sectores de la población aún cuando la situación económica mejora antes de entrar en el siglo XXII.

De todos modos el ministro de Economía y Competitividad no ha anunciado ninguna iniciativa normativa en este sentido. Lo deja todo a una autorregulación de las entidades bancarias en materia hipotecaria y a una idea dejada en el aire del Congreso. A veces, cuando se quiere ayudar, se está perjudicando porque colocas a las personas a las que les desea ayudar en una posición de desigualdad mayor, que se une a la debilidad económica, frente al resto de la sociedad.

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En este blog ya hemos comentado, en los pocos meses de Gobierno de Rajoy, lo poco que le gustan a los populares las manifestaciones cuando están en contra de ellos y lo mucho que las aprecian cuando están a favor. Los populares no son especiales, pues todos miramos con buenos ojos a los que nos favorecen y con malos a los que nos perjudican.

En lo que sí presentan una peculiaridad significativa los populares es en la dimensión que le otorgan a las manifestaciones adversas. Ellos rápidamente piensan que están prediseñadas para debilitar la legitimidad del gobierno y para tratar de alterar la realidad política por un medio diferente al establecido en una democracia liberal como la nuestra. En los comentarios de los fabricantes de consignas y de los seguidores de éstas, que se pueden leer en Twitter, está presenta la idea de que la verdadera intención de los manifestantes es llevar a cabo algún tipo de golpe de Estado.

El problema que yo veo en todo esto no es que sea falso, que lo es; no es siquiera que sea hipócrita, que lo es y mucho; el verdadero problema de estas afirmaciones es que reflejan una mentalidad un tanto peligrosa sobre los cauces por los que se obtiene la legitimidad para gobernar y por los que también, en sentido contrario, se pierden.

Carl Schmitt es un conocido pensador jurídico y político representante del pensamiento reaccionario netamente antiliberal. Schmitt cumplió diez años de condena impuesta por un tribunal alemán a causa de su implicación en el régimen nacionalsocialista.

Mantuvo Schmitt que la legitimidad se puede obtener por la suma de votos emitidos secreta y privadamente, lo que él llamó la ‘privatización de la política’ (o algo similar). Pero que la legitimidad obtenida en la urnas no vale más que la obtenida por la aclamación de la multitud. Y esto también es válido para la deslegitimación.

Después de cada gran manifestación contra el Presidente Rodríguez Zapatero los dirigentes populares insinuaban, con las más variadas formas, que la mayoría parlamentaria era contraria a la social. Con decenas de giros decían que en cada manifestación el gobierno perdía legitimidad para ser gobierno.

¿Era una estrategia comunicativa o un mero diseño de jugada? Podría parecer que sí, pero sus reacciones de estos días nos han recordado las de 2003 y cómo con toda seriedad consideraban tan golpistas y traidores a los manifestantes que se pensaron crear un delito militar con el que punir las manifestaciones civiles de aquellos momentos.

Y le tienen miedo a los manifestantes no sólo porque no les guste que les lleven la contraria, no porque sientan que la oposición está tomando la iniciativa y ellos comienzan a sólo poder defenderse sin llegar al primer trimestre de mandato, sino porque ellos son profunda y, a veces, inconscientemente schmittianos y consideran que hay formas válidas de deslegitimar a un gobierno fuera de las urnas, como lo pretendieron durante casi ocho años con Rodríguez Zapatero.

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Cuando en 1996 el PP de José María Aznar alcanzó una atacable mayoría relativa en su primera victoria electoral desde la reinstauración de la Democracia, hicieron unos ímprobos esfuerzos por aparentar moderación, esencia centrista y cierto espíritu de jovialidad. La mayoría absoluta de 2000 diluyó cualquier atisbo de lo anterior y Aznar en especial y el PP en general dieron rienda suelta a su ser más auténtico.

Estamos en 2012 y hace unos meses los populares han logrado su tercera victoria electoral. Ahora no juegan la baza de la moderación y se sienten como si estuviéramos en el primer semestre de 2004: henchidos de autenticidad y manejando una dialéctica binómica.

Más allá de los hechos concretos que hayan motivo la actuación policial en Valencia, y conocedor que la Delegada del Gobierno no manda directamente a la Policía, sí da la impresión de que los mandos policiales sí han recibido la instrucción general de terminar con las protestas lo antes posible, deseando los dirigentes populares que así recibieran un escarmiento ejemplarizante.

El fracaso de esta estrategia ha sido su propia y exacta ejecución. La incapacidad política, personal y psicológica de soportar al disidente ha hecho que la reacción haya sido mayor que la protesta por la ausencia de calefacción. Las redes se han incendiado y las calles de Valencia se han inundado de personas que han salido a manifestarse con los estudiantes de un instituto sin calefacción.

Bien podía el Gobierno de la Generalitat Valenciana haber salido hace dos días reuniéndose con los alumnos y sus padres y poniendo calefacción en ese instituto. Unas cuantas fotos y lo haces extensivo a los centros de la zona (más fotos) y, de camino, dices que le vas a quitar dinero a algún malvado de turno (al que le das dinero sin que tú lo sepas) y has convertido en un triunfo lo que parece un fracaso.

Pero hay muchos en el PP a los que se les ha ido la prudencia después de ver la película dedicada a Margaret Thatcher y llegar hasta el final. Perro deberían recordar que su espíritu chulesco es lo que mejor y con más celeridad moviliza a la izquierda, lo que les hace enormemente útiles a la hora de votar y que su base electoral puede verse tocada sensiblemente una vez presenten los Presupuestos Generales del Estado.

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Wert está cumpliendo las funciones que el último gobierno de Zapatero realizaba perfectamente la ministra Aido: parapeto del resto de los ministro gracias a alguna ocurrencia.

Está fuera de dudas de que Wert no tiene ni idea de su cartera y de que tampoco tiene demasiado interés por saber. Se conforma con leer lo que alguien ha escrito y disimular la cara de marioneta que se le ha puesto desde que aceptó el cargo.

Se ha atrevido a decir que es mejor asumir riesgos que no hacer nada. Lo que sucede es que Wert no está asumiendo ningún riesgo, sencillamente lleva algo más de dos meses haciendo el más grande de los ridículos.

No sabemos si el ministro-tertuliano conoce el papel que está desarrollando pero, lo conozca o no, lo está haciendo a la perfección. El resto de los ministros tienen que preocuparse menos por el escrutinio público de sus palabras e intenciones, porque todos los escrutadores estarán entretenidos con la última chorrada o muestra de ignorancia del ministro de Educación con menos menos preparación intelectual de la democracia.

Los escrutadores de la opinión pública deberían, eso sí, no caer en la presa fácil que el ego desmedido de Wert les pone en primer plano y no olvidarse de los realmente importantes: De Guindos, Báñez o Montoro. Wert no deja de ser el mariachi del Gobierno.

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