Obligación y límites del adelanto electoral

Ayer, como ya nos hicimos eco en GS, Álvarez Cascos disolvió al parlamento asturiano y convocó nuevas elecciones autonómicas. Dada la pluralidad y diversidad de límites y condiciones que hay a la hora de convocar elecciones anticipadas, tanto si se ha conseguido investir presidente como si no se ha conseguido.

El Estado regula esta materia en la Constitución y las Comunidades en sus respectivos Estatutos de Autonomía, con la excepción de Euskadi que lo hace en su ley de gobierno y Galicia que lo hace parcialmente también en su ley de gobierno.

En el que caso de que no haya elección posible de un presidente la norma general es la convocatoria de nuevas elecciones pasados dos meses desde la primera votación de investidura. Otros son más precisos en el plazo temporal, como Euskadi e Illes Balears que señalan el plazo de sesenta días desde la primera votación, Navarra amplía el plazo a tres meses pero desde la celebración de las elecciones y Castilla-La Mancha obliga a la investidura del candidato del partido con más escaños (no dice nada el Estatuto del empate a escaños).

Sobre la capacidad del presidente para disolver la cámara legislativa hay mucha más variedad: desde la no previsión estatutaria de disolución anticipada en Canarias hasta la disolución sin límites estatutarios de Catalunya, Illes Balears o Euskadi. Entre las Comunidades que tienen limitaciones es común la de disolver cuando se está tramitando una moción de censura y cuantitativamente las limitaciones se multiplican en Madrid, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, La Rioja, Madrid, Murcia y Navarra.

Que yo conozca el único caso de nuevas elecciones por imposibilidad de elegir un presidente se dio en Madrid después de las elecciones de mayo de 2007, planteándose una dificilísima cuestión estatutaria. El adelanto electoral se ha dado más en las Comunidades que accedieron por la ‘vía rápida’ a la autonomía (uno en Andalucía, dos en Catalunya y dos en Euskadi) y creo que el adelanto astur es el primero en las Comunidades de la ‘vía lenta’.

 

Asturias. Cuatro obvias posibilidades

Francisco Álvarez Cascos, líder del partido cuyas siglas coinciden casualmente con sus iniciales, y todavía Presidente del Principado de Asturias ha convocado elecciones autonómicas para el 25 de marzo, coincidiendo con las andaluzas.

El detonante de la convocatoria adelantada de elecciones ha sido la imposibilidad de aprobar el Presupuesto para 2012 en la Junta General (el parlamento asturiano), donde la oposición goza de mayoría absoluta. Álvarez Cascos acusa al PP y al PSOE de hacer una coalición de oposición para forzarle a gobernar con los presupuestos de 2011, en vez de llegar a un pacto de gobierno con mayoría absoluta.

Veo cuatro obvias posibilidades:

1) Que los ciudadanos, especialmente los votantes del PP, consideren que el Partido Popular en Asturias se ha aliado con el adversario natural en vez de apoyar al aliado natural. Ello supondría una bajada de votos de los populares que se irían hacia FAC para otorgarles una mayoría suficiente.

2) Que los ciudadanos, especialmente los votantes de FAC, consideren que es mejor ser gobernados por el Partido Popular, que gobierna casi todas las autonomías y el gobierno de España, en vez de apoyar un sucedáneo de derechas que ha sido incapaz de llegar a los suficientes acuerdos para sacar adelante los Presupuestos para 2012.

3) Que casi todos los ciudadanos consideren cierta la versión otorgada por el partido al que votaron en mayo y vuelvan a producirse un reparto de escaños muy parecido al actual y sin cambios de importancia.

4) La última posibilidad, la más improbable, es que muchos votantes de izquierda vuelvan al PSOE tras el primer trimestre de Rajoy y sus más importantes medidas, pues ya estará presentada la reforma laboral y los Presupuestos Generales para 2012.

Derecho variable

Recuerdo que hace unos veinte meses hubo, como ahora, manifestaciones de apoyo al magistrado Baltasar Garzón. Entonces el Partido Popular mantuvo que era una presión inadmisible contra el Poder Judicial.

Con las manifestaciones actuales no dice nada porque hay otras manifestaciones, contra resoluciones judiciales, que sí le parece bien y que tácitamente apoyan. La Delegada del Gobierno en Andalucía ha recibido, en un gesto simbólico más allá de las declaraciones concretas, a quien habían convocado una manifestación contra una sentencia. ¿No presiona a los jueces? ¿O es que esa presión es la gusta al PP para luego sacar normas demagógicas?

Defiendo el derecho de los padres de Marta del Castillo a manifestarse contra una sentencia judicial. Están en su derecho tanto ellos como todos los que han asistido. Lo defiendo como hice lo mismo con los que se manifestaban a favor de Garzón. El Partido Popular es selectivo, como siempre.

Argumentos recíprocos antisecesionistas

Dentro del argumentario general según el cual a los territorios españoles con movimientos secesionistas no les conviene la independencia es que los nuevos estados no podrían entrar en la Unión Europea ya que otros estados vetarían su ingreso para no alentar el secesionismo dentro de su propio territorio.

Sabemos que en Escocia es probable que se celebre un referéndum sobre su independencia del Reino Unido, asunto que merece alguna entrada específica. Ya se ha comenzado a utilizar este argumento sosteniendo que España vetará el ingreso de Escocia en la Unión Europea si se independiza del Reino Unido (cosa que ahora no es tan deseable como antes, dicho sea de paso).

Es un argumento algo simple, ya que si bien un país puede intentar para el ingreso de una antigua región convertida en estado independiente, entonces tiene que justificar que los socios comunitarios deben perder las ventajas que sus empresas tienen en aquella región independizada, ventajas propias de que esa región siga perteneciendo a la Unión Europea.

En la noticia que enlazo se señala la existencia de un contraargumento jurídico, discutible pero defendible también, de que se está dando una sucesión de estados en cuanto a la pertenencia a la Unión Europea, de forma que Escocia pertenecería a la Unión continuando con la pertenencia que ya adquirió el Reino Unido. Argumento iusinternacionalista que sin duda conocen hace tiempos en tierras hispánicas.

¿Unificar municipios pequeños?

La gente de UPyD anda asaz loca, como es habitual en ellos cuando lo toman con algo, con la necesidad de acabar con la existencia de los pequeños municipios para ahorrar gastos. El problema también habitual en esa formación consistente en ser demasiado urbanita, por más que el único municipio que gobierne sea casi mínimo y eminentemente rural.

En muchas ocasiones no se dan cuenta que estos municipios independientes, muy pequeños, casi no prestan servicios a los ciudadanos, pues eso lo hacen diputaciones y mancomunidades, y que la administración local consta normalmente de un solo trabajador que, aún unificándose el municipio con otros, seguiría manteniendo abierta la oficina municipal que le ahorraría kilometradas a los habitantes, generalmente personas de bastante edad. Alcaldes y concejales no suelen cobrar nada casi nunca.

Lo que me sorprende que se dejen fuera los amigos de UPyD son municipios con decenas de miles de habitantes, unidos físicamente a otros, generalmente en las conurbaciones, donde los servicios y su gestión cambia en ocasiones de una calle a otra y donde sí una unificación municipal reduciría costes administrativos, de corporación y de gestión, eso sí, a cambio de alejar la toma de decisiones de los ciudadanos.

El giro conservador y perezoso de la Justicia

El ministro de Justicia ha anunciado el programa de su Ministerio ante la Comisión del Congreso encargada de su ramo. Ha hecho anuncio de todo tipo, dentro del tostón que suele ser este Ministerio, por lo que merece un comentario aparte. Para seguiré la nota de prensa del Ministerio de Justicia, ya que el Diario de Sesiones de hoy aún no está en la web del Congreso.

Anuncio de reforma de la elección del CGPJ. Ésta es una cuestión infinita que nada tiene que ver con la buena marcha de la Justicia y mucho con el corporativismo de los jueces y magistrados españoles y con la composición ideológicamente conservadora de nuestra Judicatura. Al PP y a Gallardón les da igual a quien puedan elegir los jueces y magistrados porque siempre elegirán a alguien de los suyos y a alguien aún más de los suyos.

El ministro Ruiz-Gallardón ha mostrado que lo que él entiende más importante es lo mismo que entiendo un estudiante de los tres primeros años de Derecho, emocionado con los grandes conceptos, pero nunca un abogado o un funcionario de Justicia que conocen de verdad el funcionamiento de la Justicia.

Es curiosa la gran medida de modernización de la Justicia: la distinción entre digitalización masiva y expediente electrónico, que dice el ministro que no es lo mismo. La pregunta que le podría formular al ministro: ¿es cómo se convierten en expedientes electrónicos los procedimientos vivos que están actualmente en papel si no es mediante una digitalización masiva?

Para hacer interoperativos los sistemas informáticos no es necesario crear una nueva Agencia, sino un poco de voluntad y trabajo en la correspondiente Dirección General, ya que además cuenta con la ventaja de que casi todas las autonomías están gobernadas por el PP. Pero lo más gracioso de todo esto es que uno de los anuncios de Gallardón está ya contenido en el Título V de la Ley 18/2011 y sin necesidad de crear más órganos, dando las funciones a un Comité Técnico.

Fruto del desconocimiento del funcionamiento real de la Justicia, por más que aprobara unas oposiciones hace décadas, es que no sabe detectar dónde está el principal problema de la Justicia, que no es la segunda instancia. Se propone una tasa, especial de caución, para disuadir de la apelación cuando los órganos más atascados no son precisamente los que atienden apelaciones, sino los que entienden en primera instancia.

Es más, esta tasa disuasiva será especialmente perjudicial para las partes más débiles en los procedimientos civiles, contenciosos o sociales, de forma que quien tenga recursos suficientes podrá seguir recurriendo sin fin y quienes no los tengan pues se conformarán sin la posibilidad de hacerlo por no poder satisfacer la tasa.

Sobre la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) no se dice más que lo referente al CGPJ y dos o tres vaguedades que todo el mundo suscribiría. Llama la atención que el ministro quiera delimitar funciones del TC y TS y recuperar el recurso previo de inconstitucionalidad para los estatutos de autonomía en el epígrafe de la LOPJ y no en uno específico sobre la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Nos esperan malos tiempos para la técnica jurídica.

La nueva Ley de Demarcación y Planta asumen el trabajo realizado por el Ministerio a lo largo del fructífero mandato del ministro Francisco Caamaño, el cual ya tenía redactado el Anteproyecto de Ley para la creación de los Tribunales de Instancia.

La nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM) parece mucho más paguata en las funciones que se le iban a otorgar al Ministerio Fiscal que las ideas que llevan años manejándose. Las cosas de los conservadores. De hecho lo que va a hacer el actual equipo de Justicia es retocar el Anteproyecto de LECRIM que ya elaboró el equipo socialista de Justicia.

Lo mismo sucede con la Ley de Mediación en materia civil y mercantil: el Consejo de Ministro de Rodríguez Zapatero ya remitió a las Cortes un Proyecto de Ley. Vamos que Ruiz-Gallardón ha anunciado tres leyes en las que solamente tiene que copiar y pegar para luego corregir y hacerlas más convenientes a las partes más fuertes en los conflictos jurídicos.

Tres leyes que fueron aprobadas por el adelanto electoral. Si yo fuera Caamaño pediría los derechos de autor al menos, ya que Ruiz-Gallardón va a vivir todo su mandato del trabajo que ellos han hecho.

La Ley de Jurisdicción Voluntaria es una exigencia pendiente, desde 2000, cuando la entonces nueva Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) deja en vigor las normas de la anterior norma procesal civil en esta materia.

Dos ideas que me parecen interesantes:

La primera es tener un nuevo Código de Comercio que sustituya a la actual antigualla, donde casi todo está tácitamente derogado pero nada expresamente. Sería conveniente que el nuevo Código de Comercio reúna todas las normas de Derecho Mercantil que una pésima técnica legislativa, durante más de un siglo, han ido sembrando. De todas formas es mucho trabajo para Gallardón: menos mal que le queda la Comisión General de Codificación.

La segunda sería la de crear juicios rápidos en el procedimiento civil. En la nota de prensa del Ministerio no explica nada más y no sabemos si es una feliz idea de última hora o si el ministro dio más detalles en su comparecencia.

Aborto, Ley del Menor, Estatuto de la Víctima, reincidencia: demagogia barata.

En resumen: Ruiz-Gallardón piensa vivir del trabajo del anterior equipo del Ministerio de Justicia (eso alivia), perjudicar a las partes más débiles en los procedimientos, conservar el sistema de casta alrededor de la Judicatura y el Ministerio Fiscal y salir en los periódicos con algún anuncio demagógico al calor de alguna noticia morbosa de actualidad.

¿Valladolid no vale una misa?

El Arzobispo de Valladolid no ve con buenos ojos que la Vicepresidenta del Gobierno sea la pregonera de la Semana Santa local. Lo hace sobre la base del incumplimiento, por parte de la Vicepresidenta, del mandado de boda canónica para los bautizados, ya que ella solamente ha contraído matrimonio según los preceptos del Código Civil.

Por más que ahora el prelado se desdiga, coincido con Schevi en que tenía toda la razón y que no se puede querer tener todo. Pertenecer a la Iglesia y participar de sus acciones es una opción personal, por lo que no tiene sentido que participe quienes se desvinculan de ella en sus decisiones fundamentales.

Resulta que, para los católicos, cuando uno es del PP, exceptuando a unos pocos obispos, es uno de ellos. Sus buenas razones tendrán pero antes, los católicos, pedían algo más por dar su apoyo incondicional.