Equlibrios útiles e inútiles

Llevo bastante tiempo, quizá demasiado, echándole un buen vistazo a los presupuestos de la ciudad en la que vivo. Siempre el gobierno de Ceuta, abrumadoramente del PP, presenta un presupuesto equilibrado, en los que no hay cabida el déficit y siempre quedan unos eurillos libres cuando el aprueba la cuenta general para anunciar que ha habido superávit.

La deuda de la Ciudad de Ceuta se ha elevado hasta los trescientos millones de euros (para 82.000 habitantes) y se repiten las escenas habituales de proveedores no pagados a los que se les lleva a una situación difícil, a empresas que tienen que recurrir a los tribunales para cobrar o simplemente para que se les reconozca la deuda (una de las argucias contables).

La reforma constitucional obliga a los entes municipales a tener un presupuesto equilibrado (algo que muchos ya hacían mecánicamente), pero es insuficiente si no hay una legislación nueva y sumamente dura en materia de Hacienda Locales y de organización de las corporaciones locales a todos los niveles. Habrá Ley Orgánica que fije el déficit total, pero si no hay controles de nada servirá ni ésta ni ninguna reforma.

Sobre la reforma constitucional

Parece que estamos ante la segunda reforma constitucional. Las reformas constitucionales, especialmente las que no tocan esos aspectos esenciales o señeros de los estados, suelen ser más habituales de lo que en España estamos acostumbrados porque en nuestro país se ha dado un proceso de idolatrización de la Constitución casi sin parangón.

La instauración del régimen democrático fue complicada y no el cuentito de hadas de acuerdos y apretones de manos que muchas veces se nos ha querido dar a entender. La búsqueda de la estabilidad política se basó en la incoluminidad de la Constitución para evitar dos grandes debates constitucionales: la Corona y la autodeterminación. Esto ha creado en el mito de que la reforma constitucional solamente se puede dar mediante un oportuno ‘rompimiento de gloria’ con nuestros líderes y ciudadanos transidos de un arrebato de misticismo político-jurídico.

Las dificultades de reforma constitucional, además del delirante sistema del artículo 168 CE, se basan en la capacidad de veto que se le da a uno de los dos principales partidos del país, sin cuyo concurso es imposible la reforma constitucional. Con mayorías exigentes se daba además la posibilidad a los nacionalistas y a los comunistas, principalmente, de dilatar la reforma llamando a referéndum, lo que en el caso de los comunistas era la siempre cómoda ‘apellatio in populum’ y de la que ellos esperan la conformidad con sus planteamientos.

La evolución electoral de nuestro país y una torpeza política inenarrable han hecho que el PCE/IU desaparezca prácticamente como fuerza parlamentaria asumiendo el PSOE prácticamente todos sus escaños. Si a ello le unimos la unificación de toda la derecha en el PP y la que se había hecho de la izquierda no comunista en el PSOE, tenemos que los márgenes de dilación de la reforma por vía de referéndum ya no existen, salvo que asistamos a cierto número de indisciplinas, algo poco probable cuando los partidos están redactando sus listas para en 20-N.

¿Debería haber referéndum? Las Cortes, según la Constitución, tienen la capacidad de ejercer el poder constituyente constituido (pedantería de regalo) y cuando votamos en las Elecciones Generales damos por hecho que esos diputados y senadores pueden reformar la Constitución sin necesidad de recurrir a un referéndum.

No hay falta de legitimidad a la hora de afrontar la reforma constitucional sin referéndum, un referéndum que curiosamente nadie echó de menos en 1992. Que se cubra la legitimidad y la legalidad no quiere decir que se haga con plenitud ya que en asuntos trascendentes la consulta popular refuerza la decisión.

Creo que debería hacerse primero una buena reforma constitucional (ni rígida ni desvaída) y que debería ser sometida a referéndum. De hecho creo que el referéndum estaría ganado desde ya por una mayoría abrumadora si los dos principales partidos movilizan a los suyos y juegan con ejemplos sencillos y falsos como la equiparación del estado a una familia. De hecho un solo partido mayoritario puede ganar un referéndum en un tema mucho más sensible como fue el de 1986 sobre permanencia en la OTAN o el de la Constitución Europea, con campañas de mínimo entusiasmo.

Regionalización cervecera

Hace unos meses se corrieron rápidamente por el ciberespacio una serie en el que los límites de los países, las zonas y sus denominaciones estaban basados en los estereotipos. La página es realmente divertida: os la recomiendo.

Hoy, veraneado en lecturas frikis en Internet, he encontrado una visión de España que hasta hoy mismo era ignota para mi persona: las regiones cerveceras. Los productores de cerveza españoles, los principales, dividen al país en siete regiones que no coinciden normalmente con nada parecido a las actuales regiones y a división regional anterior, con la excepción de la Zona 2.

Tú pones los soldados y nosotros los aviones

El empleo de unidades aéreas suele ser decisivo para que unas fuerzas regulares puedan aplastar a unas fuerzas insurgentes. Por muy bien armados que estén los insurgentes y por muchos recursos humanos que tengan, el acceso a unidades aéreas les suele ser casi imposible y son éstas las que marcan la diferencia. La destrucción de la capacidad aérea del régimen de Gadafi, además de las deserciones con aparatos incluidos, junto con la aplicación de las fuerzas aéreas de la OTAN como soporte de las operaciones insurgentes, han hecho que el régimen se hunda.

Estados Unidos y los que somos sus habituales aliados hemos aprendido que intervenir en determinados países directamente es problemático, de forma que lo que se hizo en Afganistán y ahora en Libia ha sido darle una ventaja decisiva a las fuerzas insurgentes. En definitiva una forma muy efectiva y con poco costes en bajas de hacer la guerra.

Taifas togadas

El otro día el periódico ‘La Razón’ recogía las declaraciones de uno dirigente de una asociación conservadora de jueces que pedía la devolución de las competencias autonómicas de Justicia al Estado, pero no para que lo ejerciera el Ministerio correspondiente, sino para que todas ellas acabaran en manos del Consejo General del Poder Judicial, disolviéndose el departamento ministerial ahora existente. Dicho sea de paso que esto lo he conseguido sintetizar tras varias lecturas del tortuoso texto elaborado a partir del despacho de la Agencia EFE.

Hay que tener en cuenta que ésta es una vieja aspiración de los sectores más conservadores y corporativistas de la carrera judicial. La consecuencia sería que en manos del órgano de gobierno de los jueces estarían todos los trabajadores de la Justicia y los secretarios judicial (a los cuales me da que no les haría demasiada gracia); serían los administradores de las infraestructuras y elaborarían el Presupuesto, así como quienes establecerían retribuciones, vacaciones y miles de aspectos sumamente importante como dónde se establece un nuevo órgano judicial.

Si miramos en la Constitución cuáles son las competencias del poder judicial (‘juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado’) entran serias dudas sobre la constitucionalidad de la propuesta corporativa de las asociaciones profesionales, ya que el autogobierno de los jueces es difícil extenderlo por el gobierno de todo lo que tenga que ver con administrar Justicia. Es más, si se mira el organigrama del actual Ministerio de Justicia, lo único que podrían asumir los jueces sería un tercio de las competencias que ejerce este departamento.

En el fondo es modelo de gestión por el que podría optarse. Un modelo en el que habría que destinar a una buena cantidad de jueces no a juzgar sino gestionar muchos papeles que las actuales reformas procesales están quitando, aunque muchos verían reconfortada sus ansias de ser el taifa de su órgano jurisdiccional. Y ése es el problema: la intención. La petición es por una cuestión de sensación de poder y no de prestar un mejor servicio a los ciudadanos

Presuntos

En una ocasión, en el edificio anterior al que resido actualmente, un cafre cogió el extintor y lo vació en el portal. El Presidente de la Comunidad de Propietarios, entre los cuales afortunadamente nunca me encontré, colocó en el ascensor un cartel que decía algo así: Debido a un presunto acto de vandalismo consistente en vaciar un extintor en el portal […]

Que el acto era vandálico no necesitaba prueba en contrario porque no había presunción que vencer. Si hubiese explotado el extintor no estaba allí tan ricamente. Lo que sí eran presuntos eran, valga de reiteración, los presuntos autores que no dejarían de serlo hasta que la presunción de inocencia hubiera sido desvirtuada, cosa que naturalmente nunca pasó.

¿Y si los somalíes nos disparan?

Nuevamente algunos medios y muchas personas entonan un severo ‘mea culpa’ por la crisis alimentaria en Somalia y culpan a Occidente en general y a las Naciones Unidas de no hacer nada. Algo que no deja de ser una simplificación que traspasa los límites de la verdad.

En 1992 hubo otra crisis alimentaria en Somalia, que se acababa de descomponer como estado. Los Estados Unidos acababan de terminar con la Primera Guerra del Golfo y la opinión pública internacional les echó en cara su poca presteza en socorrer a los somalíes, pues estos no tenían petróleo como los kuwaitíes.

Algo debió removerse en algunas conciencias y se formó una coalición internacional para la primera gran ‘intervención humanitaria’. Naturalmente esa coalición internacional era el ejército norteamericano con algún colorido más. Al principio la cosa fue bien y se pudo comenzar a desplegar todo el dispositivo para entregar la ayuda a la población.

Los jefes locales, los señores de la guerra y los caudillos de cada terruño decidieron que eso de alimentar a la gente sin que ellos recibieran nada a cambio no estaba bien y decidieron considerar que las tropas estadounidenses eran sus enemigas con los argumentos absurdos que sirvieron para que las legiones de civiles hambrientos le apoyaran. Comenzaron los combates en los que causaron bajas entre las fuerzas de las Naciones Unidas y a los gobiernos de esos países se les puso muy complicado explicar que morían sus jóvenes para dar comer a unos que les disparaban.

Vuelve el hambre a Somalia, que sigue tan rota como hace veinte años. Los piratas fueron un invento económico de emergencia, pero parece que ya tampoco dan para mucho. Caciques, jefecillos, señores de la guerra y todo tipo de integrismo religioso quiere sacar tajada de la miseria del país. Que sí, que los occidentales somos unos seres malísimos, pero conviene recordar que hay poblaciones, quizá demasiado acostumbradas a prosternarse, que prefieren a sus opresores que a quienes puedan ayudarles, como ya sucedió hace casi dos décadas.