Ley de Golwin inversa

El filósofo Leo Strauss tipificó la falacia conocida como ‘Reductio ad Hitlerum’, según la cual se intenta rechazar algo por el sencillo hecho de que Hitler o los nazis lo hubieran hecho. Por ejemplo: Hitler intentó limitar el consumo de tabaco y preparó la primera legislación en contra y no por ello las leyes antitabaco son malas (como sí insinúan aquí)

La ‘reductio ad Hitlerum’ tiene una versión en Internet con el nombre de ‘Ley de Golwin’ según la cual cuando alguien argumenta comparando una circunstancia cualquiera con Hitler o los nazis la discusión termina y el  que hace eso pierde la conversación. Cabría decir que se rechaza el empleo del ‘mal absoluto’ como argumento dialéctico.

Llevo tiempo dándole vuelta a la siguiente idea: se termina la conversación cuando se hace una comparación con un bien absoluto y pierde la conversación quien emplea este argumento. La podríamos denominar ‘Ley de Golwin inversa’.

¿Cuál puede ser ese bien absoluto? Toda entidad a la que se atribuya tanto la verdad absoluta como el bien absoluto, de forma que todas sus acciones y proposiciones tienen que ser verdaderas y buenas. Por ejemplo: si en un debate alguien considera que algo es bueno porque en un texto sagrado la divinidad así lo establece o así lo realiza, entonces la conversación debería terminar y dar por perdedor el que recurra a ese argumento.

[Evidentemente, todo esto no vale para la Teología]

Metafísica del adelanto electoral

Hablaba el otro día Jorge Galindo de la estrategia electoral del PSOE en estos tiempos de crisis, basándose en un trabajo del que Maravall era co-autor. Hace tiempo hice una recensión sobre un libro de este politólogo en el que tocaba precisamente este tema, con un enfoque centrado más en el adelanto electoral y los criterios que entran en la decisión.

Maravall exponía cuatro posibles salidas elecciones (yo las expongo muy simplificadas), siempre con el presupuesto de que lo determinante en estas cuestiones es la marcha de la economía:

1) En el caso de que la pérdida de las elecciones sea ‘segura’, conviene adelantar las elecciones si el adelanto haría perder menos diputados al partido en el poder que agotar la legislatura.

2) En el caso de que la pérdida de las elecciones sea ‘segura’, no conviene adelantar las elecciones si el adelanto supondría una pérdida electoral que celebrando las elecciones en su fecha sería menor.

3) En el caso de que la victoria electoral sea ‘segura’, conviene adelantar las elecciones si con el adelanto la victoria es mayor que teniendo las elecciones en la fecha del final de la legislatura.

4) En el caso de que la victoria electoral sea ‘segura’, no conviene adelantar las elecciones si se prevé un mejor resultado agotando la legislatura.

La segunda parte (la previsión) depende a su vez de las previsiones de crecimiento de la economía y del empleo. Sintéticamente creo que ésta es la ‘metafísica’ de la estrategia electoral de José Blanco.

Multiplicando ministerios

Desde que el Presidente del Gobierno anunciara, el pasado 12 de mayo, numerosas medidas de recorte del gasto público hemos vivido un verdadero aluvión de propuestas de recorte, casi todas ellas guiadas por el principio ‘lo mío ni tocarlo porque es importante, no como lo de los otros’.

Todo el que conoce mínimamente la Administración sabe que un ministerio más o menos no afecta casi nada al total del gasto público, porque existen grandes administraciones dentro de los ministerios (Secretarías de Estado, Secretarías Generales, Agencia Estatales, etc) que podrían ser retituladas como ministerios y no pasaría absolutamente nada.

Yendo contra la corriente general voy a exponer lo fácil que sería multiplicar los ministerios convirtiendo en tales entidades ya existentes y que viven ‘agazapadas’ dentro de grandísimos departamentos ministeriales. Y no se me ha ido demasiado la cabeza y no he elevado al ‘Instituto Geológico y Minero’ al rango de ‘Ministerio de Minas’.

Cada vez hay más antitaurinos

Portada de http://www.publico.es (28 de julio, a las 16:00)

Más allá de las miles de consideraciones sobre la prohibición de las corridas de toros en Catalunya hay que sacar la conclusión de que un partido extraparlamentario (PACMA) y un conjunto de asociaciones han sido capaz de hacer la primera movilización social significativa que ha tenido éxito en España.

El resultado de la votación en el Parlamento de Catalunya es un éxito, pero más importante aún es que millones de españoles han pasado de disgustarles los toros pero pensar que era posible su abolición, a ver cómo sí es posible y que esta iniciativa puede reproducirse en otras comunidades, con un éxito proporcional al apoyo social de la prohibición.

Los antitaurinos, más allá de la interpretación nacionalista, han conseguido sacar de la indiferencia a una parte importante de la población y que engrosara en las encuestas las filas partidarias de la prohibición de las corridas de toros.

Creo que es de justicia indicar que el ‘mundo taurino’ con sus toreros, ganaderos, esposas y novias de los toreros, cuernos, chulería vestida de valentía, estiramiento y locuacidad clásica, así como la impagable labor de la prensa rosa han hecho que muchos se hagan antitaurinos tanto porque no consideran las corridas dignas de su sociedad como porque el ‘ambiente taurino’ les provoca repulsión moral y, sobre todo, estética.

Aguirre pone a empresas de limpieza a cargo de escuelas infantiles

Esperanza Aguirre y el PP de Madrid han dado una terrible bofetada a la educación infantil madrileña, en el muy sensible nivel de ‘educación infantil’. Se han entregado veintiséis de cincuenta y una escuelas infantiles a empresas privadas que nada tienen que ver con la educación en un sector, el educativo, donde ha primado el abaratamiento de costes sobre el bienestar de los niños y la calidad de la enseñanza.

El gobierno del Partido Popular ha dado tanta importancia, en el concurso, al proyecto educativo como al proyecto económico, sin exigir un mínimo suficientemente serio en cada uno de ellos para conseguir la adjudicación. De esta forma empresas de servicios (de esas que lo mismo se hacen cargo de la limpieza de edificios o de despachar salchichas en un campo de fútbol) han conseguido hacerse con esta veintena larga de escuelas infantiles al comprometerse con una bajada tremenda de costes.

Como nada es gratis esa bajada de costes, unida al margen de beneficio de estas empresas (las anteriores adjudicatarias eran entidades sin ánimo de lucro), mermará en primer lugar el servicio de educación infantil que se le dará a los alumnos de estas escuelas: más alumnos por aula, menos personal auxiliar, menos recursos educativos y un largo etcétera fácil de imaginar todo no para hacer un gasto más eficiente, sino para que las empresas de servicios tengan mayores beneficios a costa de niños de 0 a 6 años.

Todo ello se une a que más de quinientos trabajadores se van a ir a la calle y que, en el mejor de los casos, serán recontratados por las empresas adjudicatarias siempre que acepten una mengua significativa de su salario. Clases colapsadas, menos recursos educativos, maestros mal pagados y empresas de limpiezas como gestores educativos: éste es el proyecto educativo del PP y de Esperanza Aguirre.

Tomás Gómez tiene una oportunidad para liderar una alternativa en la Comunidad de Madrid. Podría irse y dar una contundente rueda de prensa en la puerta de cualquiera de estas escuelas infantiles entregadas al más puro beneficio a costa de los niños de menor edad.

Arrasando en Ávila

Cuando una provincia española tiene tres elegir a tres diputados para el Congreso, el resultado normal es 2-1 o, en determinadas circunstancias, 1-1-1. Para sacar un 3-0 hay que llegar cerca de los dos tercios de votos y esto es un objetivo difícilmente alcanzable.

Por ello me sorprendieron mucho los resultados alcanzados por la Unión de Centro Democrático (UCD) en la provincia de Ávila en las Elecciones Generales de 1977 y 1979. No hay que olvidar que el entonces Presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, era natural de esa provincia y que parece que su tirón en la tierra que le vio nacer era incomparable. No sé si hay resultados mejores en otras provincias con tres escaños, pero yo no los he encontrado.

¿Tiene sentido mantener la normativa sobre parejas de hecho?

Hace años se planteó la necesidad de reconoce determinado ‘status’ jurídico a las parejas de hecho. Se trataba de otorgar determinado reconocimiento a situaciones similares al matrimonio que tras décadas de una concepción católica obligatoria había dejado fuera: las parejas que se habían hecho sin casarse al no poder hacerlo uno de los dos cónyuges o personas que, sin apostatar (si es difícil ahora imaginaos como lo era durante el Franquismo), tampoco habían querido un matrimonio religioso. Se planteó también la cuestión, cada vez con más intensidad, de las parejas del mismo sexo que, ni con las reformas demócratas del Código Civil, podían contraer matrimonio.

Había un número importante de personas que conviviendo o habiendo convivido maritalmente, por diferentes circunstancias no había podido contraer matrimonio y, en consecuencia, no habían podido disfrutar de las consecuencias jurídicas del matrimonio. La reacción jurídica no vino de quien tenía competencias (el Estado), sino de los gobiernos autonómicos y de las autoridades locales, estableciendo estos determinadas equiparaciones de las parejas de hecho a los derechos de los matrimonios en las relaciones con sus respectivas administraciones.

Los ayuntamientos crearon registros municipales de parejas de hecho a efectos de una posible prueba en ulteriores procedimiento en los que se reclamasen derechos. La ley estatal fue anunciada varias veces por el gobierno del PP y no aprobada nunca.

Las situaciones que hicieron deseable la regulación de las parejas de hecho (porque muchos excluían el matrimonio para algunas de estas relaciones) han ido desapareciendo progresivamente desde que España es un estado democrático: hay divorcio, no tienes que casarte según el Derecho Canónico se has sido bautizado como católico e incluso puedes contraer matrimonio con una persona del mismo sexo. A ello se une que las situaciones creadas anteriores están suficientemente cubiertas.

La consecuencia es que las personas que actualmente conviven y no quieren efectuar el negocio jurídico que regula ese tipo de convivencia lo están excluyendo implícitamente. No tiene sentido que haya normas que crean consecuencias jurídicas para situaciones equivalentes al matrimonio cuando las personas involucradas han podido contraer matrimonio y han decidido no hacerlo. Por ello lo sensato y lo deseable desde un punto de vista jurídico, moral y social es la eliminación de la normativa relativa a las parejas de hecho, ya que al no estar nadie excluido del matrimonio quien no lo contrae es porque no lo quiere y no hay que imponer a alguien las consecuencias de lo que no ha querido.