La dimisión del Presidente del PP de Ceuta

Pedro Gordillo
El Presidente del PP de Ceuta ha presentado su dimisión de todos sus cargos públicos tras darse a conocer la existencia de un vídeo en el que se podían ver comportamientos comprometedores en su despacho oficial.

Desde el pasado jueves, existía la convicción de que algo verdaderamente importante estaba sucediendo dentro del Palacio Autonómico y todo apuntaba a una crisis en el gobierno ceutí, llegando a su culmen los enfrentamientos entre el hombre fuerte del PP, Pedro Gordillo, y el Presidente de la Ciudad, Juan Vivas.

Ayer Ceuta era un rumor entre las personas que forman parte de la pequeñísima política local. El rumor giraba entorno a la caída de Pedro Gordillo. El rumor se acrecentaba gracias a que los principales medios de información locales seguían una rígida “ley del silencio” y solamente un humilde periódico digital, ceutaldia.com, daba algunas informaciones a los ciudadanos.

Por una vez los rumores no exageraban un ápice y toda la información que pasaba de uno a otro se correspondía sustancialmente con los presuntos hechos. Pero el silencio mediático local seguía siendo tal que por un momento se barajó la posibilidad de que se intentara mirar para otro lado.

Al final de la tarde el silencio fue roto por varios medios de comunicación nacionales y muchos ceutíes se tuvieron que enterar, a través de Cuatro, de la dimisión del Vicepresidente de su ciudad y de la causa de ésta.

Alguno podrá decir que el único problema del presunto comportamiento de Pedro Gordillo es el sitio, que un despacho oficial no es el sitio para determinadas prácticas. Pero hay que aclarar si hubo promesa de algo, hay que averiguar si ese comportamiento ha sido aislado o formaba parte de un proceder habitual, así como mirar con lupa cada una de las decisiones de Gordillo y del gobierno en el que él hacía y deshacía con total libertad.

Creo que el Ministerio Fiscal debe abrir ya una investigación sobre estos extremos, ya que podríamos estar ante la comisión de un presunto delito contra la Administración Pública. El aspecto moral está claro.

Siento un profundo asco por lo que ha estado pasando y más cuando todo ha estado a punto de ser tapado de la forma más miserable. Tengo la profunda convicción de que el gobierno de la Ciudad Autónoma, con un Presidente que maneja a su antojo todos los medios, está lleno de irregularidades (por ser generoso) y que deberían sucederse las investigaciones.

Os dejo una entrada, de hace tiempo, sobre el proceder de este individuo.

Sistema mayoritario. Ventajas y desventajas

Los defensores de un sistema electoral mayoritario suelen argüir como un valor de este sistema el hecho de que incentiva la relación entre el representante y las personas que lo han elegido. Hay una persona en concreto que nos representa y a él le podemos exigir el cumplimiento de los compromisos, independientemente de los partidos.

Los intereses de la circunscripción son defendidos directamente en la cámara representativa correspondiente,  sin subordinarse a otros intereses, ya que si esto no se produce, el representante perderá su escaño a la primera oportunidad.

De esta forma el representante solamente se debe a sus electores y no a una estructura política, el partido, que decide quien coloca en una lista y en qué posición, forzando a los ciudadanos a elegir entre candidaturas con personas a las que no votaría en su vida, no garantizándose la permanencia en la lista necesariamente por su trabajo parlamentario.

Los detractores de este sistema consideran que algunas de sus virtudes son defectos si se les estudia detalladamente. Es probable que haya una mayor relación con los electores y una menos dependencia del partido político de turno, pero eso puede alimentar relaciones clientelares, el ejercicio de “lobby” en la capital a cambio de apoyo para las campañas electorales o a cambio de presencia en los medios de comunicación.

Los proyectos colectivos, como las infraestructuras, se vuelven sumamente costosos, porque todo aquel representante que no vea su circunscripción directamente beneficiada (y directamente es directamente) ofrecerá su voto a cambio de compensaciones en inversiones. De este modo, todo termina saliendo sumamente más caro.

Además hay un problema con las minorías políticas. Los que no consiguen que su opción política gane en su circunscripción no obtienen representación alguna, siendo en un sistema mayoritario más probable que en uno proporcional que una minoría electoral sea mayoría parlamentaria y que demasiados electores no estén representados en la cámara (o sobredimensionamientos).

Víctimas y culpables de la corrupción

No sé si es algún tipo de autojustificación de nuestra mala conciencia pero resulta enormemente fácil que sigamos considerando a las víctimas de las maldades como, al menos en parte, responsables de lo que les ha sucedido.

El hecho de que yo esté en una calle oscura y poco transitada y allí sea víctima de un robo con fuerza no quiere decir que yo sea el responsable. Puede que haya sido imprudente asumiendo un riesgo innecesario, pero no soy el que me ha robado y golpeado, ése es otro y él es que merece la reprobación completa.

Los modos de culpabilizar a la víctima son múltiples y puede que cada vez sean también más sutiles y efectivos, de forma que la propia víctima asuma, por propia iniciativa, parte de culpa en lo ocurrido como lo más natural. En ocasiones es una labor costosa que la víctima tome conciencia de que es la víctima y que tiene ninguna culpa.

Cuando hablamos de corrupción rápidamente nos lanzamos a hablar sobre si la sociedad no ha puesto los mecanismos adecuados, acerca de la eficacia de las sanciones o del funcionamiento de los controles. Toda esta crítica es cierta y necesaria, pero nunca se debe dar la impresión ni crear la conciencia social de que ha sido el sistema poco más o menos el que ha obligado a uno o a una a ser un corrupto.

La sociedad es la víctima de la corrupción; el corrupto es el culpable.

Argumentos leguleyos

Camps y Costa
La verdad es que no me creí la curiosísima explicación de María Dolores de Cospedal sobre el cese o no de Ricardo Costa como secretario general de los populares valencianos. Dijo que hasta que no se apruebe el acta de la reunión en una reunión posterior la decisión no es firme.

Yo no soy abogado del Estado, como De Cospedal, y no conozco los Estatutos del Partido Popular, pero sí asisto a un montón de reuniones en las que se levanta acta. Siempre he tendido la conciencia de que las decisiones, si no necesitaban normativamente ser ratificadas, surtían el efecto previsto. Así la aprobación del acta solamente es aprobación de la redacción, no una nueva aprobación de las decisiones tomadas afirmativa o negativamente.

La suspensión de militancia de Ricardo Costa, después de que él se refiere a su persona como secretario general del PPCV creo que muestra que el cese no se produjo y que De Cospedal, en vez de reconocerlo, se agarró a un patético argumento leguleyo para no reconocerlo abiertamente.

La única forma de que el cese se produjera ha sido la suspensión de militancia. Rajoy dijo que Camps no le había mentido, pero no que le hubiera obedecido, que no es exactamente lo mismo. Ha sido la chulería de Costa lo que ha hecho que el débil de Rajoy se decida a hacer algo, después de haberse replegado a la engañifa de Camps y haberla intentado tapar con subterfugios.

Gallardón y el sentido de las votaciones

¿A qué es a lo que los partidos políticos españoles le tienen más alergia? A una votación. Tan raras son las votaciones sin resultados sabidos de antemano, que la que se ha producido en el Grupo Municipal del Partido Popular es portada en todos los medios y abre todos los informativos.

La ortodoxia democrática me haría darle la razón a Gallardón. Ante un problema y después de una discusión se procede a votar y a obrar según la resolución mayoritariamente apoyada. Tendría razón el alcalde madrileño cuando dice que así es como se hacen las cosas.

La cuestión es que no es así como se hacen las cosas, sino como se deberían hacer. Gallardón se ha visto forzado a una votación que, en circunstancias normales, no se da. En vez del apoyo incondicional, de los abrazos y golpecitos en la espalda, Gallardón ha comprobado que trece de sus concejales, los que no están en su Junta de Gobierno, han pedido el cese del Vicealcalde.

El hecho de que haya tenido que celebrarse la votación, de que una buena porción de los concejales le hayan plantado cara nominalmente, quiere decir que no controla a los suyos como se hace en los partidos españoles. Y lo que es más, esto quiere decir que, como pierda apoyos, puede convertirse en un alcalde-marioneta o verse forzado a dimitir, por lo que es probable que  en unas semanas lo veamos ampliando su  Junta de Gobierno para darle cariñito a algunos descontentos potenciales.

Patada para arriba

Rato Aguirre
El interés de Rajoy por conseguir que Rodrigo Rato sea el Presidente de Cajamadrid no se debe a ningún criterio ni profesional ni bancario. El abandono de Rato a la carrera del FMI es un borrón en el expediente público de Rato, con todo lo que pasó allí poco después, que podría descalificarle rápidamente si se quisiera. Rajoy podría haberse quedado tan tranquilo, viendo como Aguirre nomina a alguien y él corrige levemente la elección, en vez de apoyar a Gallardón, Cobo y a toda la oposición interna a Aguirre en el PP de Madrid.

Rajoy quiere a Rato en Cajamadrid para mantenerle lejos de Génova. El ex Vicepresidente del Gobierno tiene una aureola casi sacral en las filas populares, las luchas intestinas de antes y después de las Elecciones Generales de 2008 le cogieron fuera y representa la cara más amable de la época de Aznar, gracias a que alguien filtrase convenientemente su profundo desacuerdo a Irak, el mayor error del ex Presidente.

El equipo de Rajoy no puede descartar un paso delante de Rato para intentar ser él, padre de la burbuja inmobiliaria, el que saque los réditos electorales de su pinchazo. La posibilidad de que Rato dé el paso, como hombre de paz, cobra intensidad cuando Rajoy ha perdido el apoyo de los populares valencianos, uno de sus principales anclas en la Presidencia del PP. De las grandes regiones solamente tiene Andalucía, pero se sabe que Javier Arenas, garantizándose que él permanece, se apunta con quien sea.

Aguirre no tuvo valor para presentar su candidatura y lanzarse a obtener avales, prefiriendo conformarse con las loas de Jiménez y de Ramírez. Gallardón no cumplió su promesa de irse cuando no consiguió entrar en la candidatura al Congreso. Rajoy sabe que ganó como ganó y que sus apoyos se están desvaneciendo a golpe de imputaciones judiciales. No es extraño que, con un Aznar quemado y desorientado, las masas populares se tornaran a Rato para pedirle que las liderase hacia La Moncloa en 2012.

Mandar a Rato a la Presidencia de Cajamadrid no tiene otra finalidad de quitar un posible adversario, ya que tendrá un puesto sumamente relevante dentro del mundo financiero español, su cuota de poder y su séquito de pelotas para que su ego esté lo suficientemente cubierto como para no pensar en cosas mayores. No hay nada más peligroso que un adversario desocupado y esperando a que te estrelles.

Mis cuatro ministerios

Nuevos ministerios
El PNV ha conseguido que el Congreso tome positivamente en consideración una Proposición de Ley para limitar el número de ministerios a catorce y también el de vicepresidencias.
Tengo mis dudas sobre la constitucionalidad, pero prefiero debatir este tema desde una perspectiva política.

No sé la forma en la que los del PNV han hallado este número, pero a mí se me ocurre reducir el Gobierno de España a solamente cuatro ministerios: Asuntos Políticos, Asuntos Económicos y Sociales, Defensa y Asuntos Exteriores. Integramos toda la estructura de los actuales ministerios en los cuatros departamentos supervivientes y el ahorro sería ínfimo, a costa de que el ministro o la ministra de turno no se enteren de prácticamente nada de lo que hace su departamento.

El ahorro burocrático no va por ahí y el PNV lo sabe mejor que yo, porque ellos fueron los que crearon y desarrollaron la administración vasca. Hacen demagogia barata, porque reducir ministerios no implica reducir la estructura administrativa, que es lo que realmente cuesta dinero.