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Archive for 25 octubre 2008


Yo soy uno de esos pirados, que gracias a la Ausencia somos pocos, a los que le encanta el Derecho Administrativo, pese a mi descreimiento general hacia lo jurídico. Hablar en España de Derecho Administrativo es hablar directamente de Eduardo García de Enterría, un gran jurista que ha sabido escribir de tal forma sobre una materia tan árida que uno sentía que estaba leyendo cualquier otra cosa menos un libro jurídico.

Las bases ideológicas de la concepción administrativistas están claras desde el principio: el Derecho Administrativo es la forma histórica que la Modernidad ha encontrado para controlar al Estado y evitar que actúe arbitrariamente sobre los ciudadanos.

Ésta es la tesis que sostiene un Derecho Administrativo que quiere ser garantista. Alejandro Nieto da otra visión respecto a las intenciones y los resultados de la doctrina dominante en el Derecho Administrativo, en la estupenda introducción de su Derecho Administrativo Sancionador (Tecnos, 4ª edición, Madrid, 2005). Este garantismo ha sido elaborado por una doctrina poderosa pero formada por profesores que a la vez son abogados, y que han elevado a doctrina, a sentencia y a norma lo que son un conjunto de argumentos “pro parte”.

Mantiene Alejandro Nieto que se construido un Derecho Administrativo garantista, pero de un garantismo tal que deja a la Administración con un potestad sancionadora casi ilusoria, casi virtual, ya que los intereses individuales se han puesto continuamente sobre los intereses generales a la hora de diseñar y aplicar esa parte capital del Derecho Administrativo, que es el Sancionador.

Muchas sanciones se quedan en nada porque el sistema sancionador ha sido diseñado “a priori” para que esto pase, porque tantos son los obstáculos que se le ponen a la Administración para sancionar, que la mayoría de los ilícitos administrativos quedan en nada y cuando llegan a algo, siempre hay un Tribunal de lo Contencioso que encuentra garantías adicionales. Esto es una dolorosa verdad, y es una opinión de quien esto escribe, en el caso de las sanciones medioambientales.

Todos, y Alejandro Nieto también, sabemos que un sistema tiene que ser garantista para evitar que se sancione al que no ha hecho nada. Pero lo que aquí dice Alejandro Nieto es más, que muchas de las garantías que los profesores-abogados han introducido en nuestro Derecho Sancionador son verdaderas invitaciones a la impunidad.

Estando de acuerdo en lo sustancial con el Profesor Nieto, creo que hay una diferencia que él no hace y me parece relevante. El ciudadano como yo cuando tiene un problema con la administración y fracasa en la vía administrativa (que está hecha para fracasar), tiene que tener un interés muy importante para recurrir a la Jurisdicción de lo Contencioso, ya que supone una continua espera y un gasto que puede superar con mucho el beneficio pretendido.

Por el contrario hay otros ciudadanos y, sobre todo empresas, que cometen el ilícito administrativo desde el inicio a sabiendas de las tremendas dificultades que va a tener la Administración para sancionarles, ya que contra un colapsado abogado del Estado (o cualquiera de sus equivalentes), ellos van a movilizar a unos cuantos despachos de abogados que recurrirán todo recurrible, y lo que no lo es también, hasta que veinte años después una última instancia decide a eliminar la sanción o dejarla en una cuantía tan ridícula que ha supuesto un beneficio.

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Cuando empecé a estudiar la carrera de Derecho pensaba que no había disciplina que tuviera un poder transformación de realidad como la que no comenzaba. Veía el Derecho rodeado de efectividad y capacidad de hacer que las cosas fueran de la manera marcada en sus normas. De un ingenuo iusnaturalismo pasé a un férreo positivismo, kelseniano, y me impelí a conocer cada rincón del Derecho.

Pero el destino es caprichoso y tras finalizar, con cierto éxito, mi primer año de carrera, otras preocupaciones me llevaron a su abandono. Me sumergí en las “humanidades”, por llamarlas de alguna forma, por dos años, hasta desembocar en la Filosofía.

Cinco años después de mi primer abandono volví al Derecho. Pensaba que me había estado esperando, pero no fue así. El Derecho algo había cambiado, pero el que se había transformado era yo.

Había una cínica sonrisa al oír a mis compañeros comentar que si tal ley permitía hacer esto, que si las garantías procedimentales protegían de lo otros; y me sonreía no porque no tuvieran razón jurídica, que normalmente la tenían, sino porque en esos años yo había conocido el colapso judicial, las interpretaciones creativas de las normas, la exasperación en los recursos administrativos y el estupendo mundo del “chanchulleo” y del “amiguismo”.

No es que considerase que las normas no tenían sentido y que el Derecho en su conjunto era un farsa, pero sí había rebajado mucho la efectividad que muchos años antes le había otorgado. Las normas no tienen facticidad alguna si no hay detrás un poder que las imponga o que sea lo suficientemente disuasivo como para que ésta sean obedecidas espontáneamente.

Terminada la carrera de Derecho, pagué las tasas y cuando, a los años me llegó el título, lo guardé en una carpeta A-3 por si alguna vez me hacía falta. No he abandonado lo jurídico, porque es algo que me interesa, y de vez en cuando me permito leer normas nuevas (no las relacionadas con mi trabajo que las leo por necesidad) y alguna que otra obra doctrinal.

Ahora, más que muchas cuestiones de técnica jurídica, que están al evidente cambio de la normal, la interpretación o del interés, me intereso más sobre la sociología de lo jurídico, sobre las formas de hacer las cosas y sus diferentes consecuencias y, finalmente y de nuevo lleno de idealismo, del modo de evitar el “fraude de Ley” y los atajos legales.

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El pasado 24 de junio el Pleno del Senado se pronunció sobre los senadores cuyas actividades, además de la de ser senador han sido consideradas compatibles con el cargo de senador. El régimen de incompatibilidades de los arts. 155-160 LOREM es muy rígido y prevé expresamente sólo algunas excepciones como son ser profesor universitario, la gestión del propio patrimonio o la producción literaria, científica o artística.

El Pleno del Senado encontró que las actividades profesiones de ciento cincuenta y un senadores no eran incompatibles con el desempeño de su actividad parlamentaria. Ésta es la lista (los que están en cursiva ya no son senadores) sacada del Diario de Sesiones del Senado:

Francisco Abellán Martínez  (PSOE)
Pedro Agramunt Font de Mora  (PP)
María del Mar Agüero Ruano  (PP)
Gustavo Alcalde Sánchez  (PP)
José Alcaraz Abellán  (PSOE)
Ramón Aleu i Jornet  (PSOE)
José Antonio Alonso García  (PSOE)
Iñaki Mirena Anasagasti Olabeaga (PNV)
Raquel Miriam Andrés Prieto  (PSOE)
María del Mar Angulo Martínez  (PP)
Francisco Javier Arenas Bocanegra  (PP)
Manuel Arjona Santana  (PSOE)
Manuel Paulo Atalaya de Tena  (PP)
José Atarés Martínez  (PP)
Juan Pascual Azorín Soriano  (PSOE)
Arturo Bagur Mercadal  (PSOE)
Miguel Barceló Pérez (PP)
Luis Bárcenas Gutiérrez  (PP)
José Manuel Barreiro Fernández  (PP)
Josep María Batlle Farrán  (PSOE)
Alfredo Belda Quintana (CC)
Francisco Bella Galán  (PSOE)
Antonio Germán Beteta Barreda (PP)
Carles Josep Bonet i Revés (ERC)
Juana Borrego Izquierdo  (PP)
Francisco Buen Lacambra  (PSOE)
Tomás Pedro Burgos Beteta  (PP)
José María Burgos García  (PSOE)
Pedro Bustos Amores  (PSOE)
María del Mar Caballero Martínez  (PP)
Hilario Caballero Moya (PSOE)
José Miguel Camacho Sánchez  (PSOE)
María Teresa del Carmen Camacho Vázquez  (PSOE)
Montserrat Candini i Puig (CiU)
Juan Bautista Cardona Prades (PSOE)
José Carracao Gutiérrez  (PSOE)
Jordi Casas i Bedós (CiU)
Enrique Cascallana Gallastegui  (PSOE)
María Jesús Castro Mateos  (PSOE)
José Cejudo Sánchez  (PSOE)
Maria Josefa Celaya i Armisen  (PSOE)
Fermín José Cerdán Gosálvez (PP)
José María Chiquillo Barber  (PP)
María Teresa Cobaleda Hernández  (PP)
María Begoña Contreras Olmedo  (PP)
Juan María Cornejo López  (PSOE)
María Dolores de Cospedal García  (PP)
María Ángeles Crespo Martínez  (PP)
José Manuel Cuervo Fernández  (PSOE)
Dimas Francisco Cuevas Cuerda  (PP)
José Ignacio Echeverría Echaniz (PP)
Beatriz Marta Escudero Berzal  (PP)
María Escudero Sánchez  (PSOE)
Juan Manuel Fernández Ortega  (PSOE)
Matilde Fernández Sanz  (PSOE)
María Emelina Fernández Soriano  (PSOE)
Alfonso Gustavo Ferrada Gómez  (PP)
José Ferrández Otaño  (PP)
Miguel Fidalgo Areda  (PSOE)
María Isabel Flores Fernández  (PSOE)
María Ángeles Font Bonmatí  (PP)
Luis Manuel Fraga Egusquiaguirre  (PP)
Manuel Fraga Iribarne  (PP)
María José de la Fuente Fombellida  (PP)
Francisco Fuentes Gallardo  (PSOE)
Rafaela Fuentes García  (PSOE)
María del Carmen Fúnez de Gregorio  (PP)
Dionisio García Carnero  (PP)
Diego García Caro  (PSOE)
Dorinda García García  (PP)
Sebastián García Martínez  (PP)
Pío García-Escudero Márquez  (PP)
José Arsenio Giménez Martín  (PSOE)
Ignacio Alfredo González Torres  (PP)
Juan Luis Gordo Pérez (PSOE)
María del Carmen Granado Paniagua  (PSOE)
Jordi Guillot Miravet (ICV)
Julián Gutiérrez Gutiérrez  (PP)
Juan Antonio de las Heras Muela  (PP)
Patricia Hernández Gutiérrez  (PSOE)
Manuel Hurtado García  (PSOE)
Juan José Imbroda Ortiz  (PP)
Esmeralda Iranzo Sánchez  (PSOE)
Francisco Javier Irízar Ortega  (PSOE)
Félix Lavilla Martínez  (PSOE)
Vicente Llanos Vázquez  (PSOE)
Fernando López Carrasco  (PSOE)
Cristóbal José López Carvajal  (PSOE)
Juan José Lucas Jiménez  (PP)
José Macias Santana  (PP)
Josep Maldonado i Gili (CiU)
Javier Marqués López  (PP)
Jesús Martínez Herrera  (PSOE)
Efrén Luciano Martínez Izquierdo  (PP)
Josefa Mena Martín  (PSOE)
Coloma Francisca Mendiola Olarte  (PP)
Jesús Morlote Portilla  (PSOE)
Marina Moya Moreno  (PP)
María Ascensión Murillo Murillo  (PSOE)
Encarnación Naharro de Mora  (PP)
Juan José Ortiz Pérez (PP)
Ana del Pilar Padilla Camejo (PP)
José Joaquín Peñarrubia Agius (PP)
Luis Peral Guerra  (PP)
Juan Andrés Perelló Rodríguez  (PSOE)
Miguel Angel Pérez de Juan Romero  (PP)
José Cruz Pérez Lapazarán  (PP)
María Pilar Pérez Lapuente (PSOE)
Pedro José Pérez Ruiz  (PP)
José Ignacio Pérez Saenz  (PSOE)
Araceli Peris Jarque  (PP)
Gonzalo Javier Piñeiro García-Lago  (PP)
Ruth Porta Cantón  (PSOE)
Lluís Maria de Puig Olive  (PSOE)
Adoración Quesada Bravo  (PSOE)
Ramón Rabanera Rivacoba  (PP)
Fátima Ramírez Cerrato  (PSOE)
Joaquín Luis Ramírez Rodríguez  (PP)
César Antonio Rico Ruiz  (PP)
María del Carmen Riolobos Regadera  (PP)
Francisco Javier Rojo García  (PSOE)
Lentxu Rubial Cachorro  (PSOE)
José Antonio Rubio Mielgo  (PP)
Rafael Javier Salas Machuca  (PP)
Ovidio Sánchez Díaz  (PP)
Ana Sánchez Hernández  (PSOE)
Juan Pablo Sánchez Sánchez-Seco  (PP)
Luz Elena Sanín Naranjo   (PP)
Carmen Sanjurjo González  (PSOE)
Saturnina Santana Dumpiérrez  (PSOE)
Antolín Sanz Pérez  (PP)
Jesús Andrés Sedano Pérez  (PP)
Susana Sumelzo Jordán  (PSOE)
Pedro Torres i Torres (Independiente)
Francisco Javier Tuñón San Martín (Independiente)
Víctor Manuel Urrutia Abrigar  (PSOE)
Francisco Utrera Mora  (PP)
Miguel Ángel Uzquiza González  (PSOE)
José Valín Alonso  (PP)
José Luis Vallés Molero  (PSOE)
Juan Van-Halen Acedo  (PP)
Francisco Javier Vázquez Requero  (PP)
Amador Vázquez Vázquez  (PP)
Yolanda Vicente González  (PSOE)
Jordi Vilajoana i Rovira  (CiU)
Pedro Villagrán Bustillos  (PSOE)
María Rosa Vindel López  (PP)
Imanol Zubero Beascoechea  (PSOE)
Joseba Zubia Atxaerandio (PNV)

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Ciertamente la actividad parlamentaria en cualquiera de las cámaras de nuestro país es intensa, por más que algunas veces la impresión pueda ser otra. Hay más debates que los debates famosos, más comparecencias que las famosas sesiones de control y más actividad que aplaudir al respectivo portavoz. Las comisiones quedan oscurecidas y buena parte del trabajo parlamentario se desarrolla en ellas.

El problema para seguir la actividad parlamentaria es que o te quedas con la información escasa de los medios, que se reduce a la reproducción de las mejores frases de cada uno de los portavoces que los mayores grupos, o te metes a leer cientos de páginas de los diarios se sesiones, u optas por uno de los canales parlamentarios como “hilo musical” de tu existencia.

Habría un punto intermedio que yo personalmente no encuentro y sería una sección de información parlamentaria dentro de los medios. Una información que fuera más allá de las frases hechas pero que no supusiera una reproducción de las publicaciones oficiales.

A mí  y a un buen número de “frikis” nos interesa qué se habla y que se estudia en las comisiones, el sentido de las enmiendas que se presentan a esa multitud de leyes que no tienen recorrido en los titulares o lo que dicen en sus comparecencias muchos expertos que son convocados por los parlamentos.

Las iniciativas de diputados que se han abierto a los ciudadanos en Internet, entre los que el diputado autonómico catalán José Antonio Donaire sobresale por ser el primero y la calidad de su información (especialmente su seguimiento de las sesiones en Twitter) o el proyecto de “Parlament 2.0” que José A. Rodríguez ha puesto en marcha son alternativas embrionarias e interesantes para llenar un hueco de información que a los medios no quieren  o no les interesa cubrir.

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Sin saber lo que los líderes territoriales del PSOE habían decidido, publiqué una entrada sobre la necesidad de que en una democracia la oposición exista y que haga lo que tiene que hacer: oponerse.

Si los estrategas de Ferraz querían producir una cortina de humo sobre el apoyo recíproco entre el PSOE y el PNV hay que decir que a día de hoy no lo han conseguido. Nadie se ha creído lo de vamos a votar a favor porque hace falta unidad y es más, lo que todo el mundo se preguntó es por los verdaderos motivos de tan extraña decisión.

Las cortinas de humo es bueno que sean de una materia diferente a lo que se quiere esconder. Elegir hablar de lo mismo puede generar una confusión conveniente, pero sin duda hay mucho analista dispuesto a aclarar las cosas. De lo que sí se ha conseguido no hablar hasta ahora es que si los PGE son los adecuados (pequeña victoria, porque siempre el gobierno pienso que lo son).

Existe la posibilidad de que ésta sea una jugada maestra de estrategia política que a un pobre bloguero como yo se le escapa de su corta inteligencia. Si así resulta ser, lo reconoceré, mientras tanto creo poder decir que no es que al gobierno se le esté viendo el plumero, sino que lo está enseñando entero.

De camino alguno puede pensar en el papelón que muchos concejales van a tener que hacer en sus respectivos municipios y muchos diputados en sus autonomías, perdiendo incluso toda ventaja negociadora ya que saben que al menos tendrán que abstenerse.

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Hoy los jueces y magistrados han realizado una huelga encubierta bajo la forma de “juntas de jueces y magistrados” que se han alargado toda la jornada. Al final han hecho sus comunicados.

Esta protesta deriva de las “supuestas presiones” del Gobierno al CGPJ para que aumente la sanción al magistrado responsable de que el asesino de Mari Luz estuviera en la calle y no cumpliendo la condena que tenía impuesta en sentencia firme. Paralelamente buena parte de la sociedad se quedó helada al enterarse de la levedad de la sanción impuesta a este magistrado.

Los jueces y magistrados están realizando un manifiesto acto de corporativismo tan propio de este estamento. Están dolidos porque se haya visto sus fallos y que se sancione a unos de los suyos.

Hoy y mañana habrá algunos que caigan en la tentación de defender lo que propugnan los jueces y magistrados con la misma vehemencia que hace poco más de un mes atacaron la sanción.

Los que así lo hagan estarán cayendo en una manifiesta contradicción, porque no se puede defender lo que dicen los jueces y magistrados (por mucho que lo hayan adornado de otras peticiones) y a la vez defender que la sanción ha sido injusta. Y quien caiga en esta contradicción solamente es guiado por una inquina irracional contra el Gobierno, porque estaría defendiendo una cosa y su contraria solamente porque piensa que ambas van en contra del Gobierno.

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Mucho se ha hablado de las bondades y maleficios de la mayoría absoluta, pero casi nunca se habla de lo que pasa en las minorías absolutas. Hace pocas entradas empleé este término para referirme a esa situación en la que un gobierno tiene manifiestamente en contra y sin ánimo de pactar a más de la mitad de los representantes de los que depende.

Es posible que ese gobierno se haya podido formar por un simple artificio legal que, tras cierto número de votaciones, convierte en gobierno automáticamente a la lista más votada sin que haya reunido a la mayoría de los representantes. También cabe la posibilidad de que la mayoría absoluta en la oposición no haya podido alcanzar un acuerdo de gobierno a causa de diversas circunstancias.

El problema importante surge cuando el gobierno en minoría absoluta tiene que pasar por los representantes de la mayoría para aprobar cosas importantes. Lo más normal es que vea rechazadas una y otra vez sus propuestas y que tenga que pagar un precio desmedido por unas simples abstenciones.

Habrá quien piense que la minoría absoluta es una buena situación política y que no sea capaz de reconocer que es un verdadero desastre. Los que quieren formar gobierno pese a que tienen a la mayoría absoluta en contra, simplemente desean calentar puestos y poco más.

La estrategia de unos es sobrevivir y hacerse las víctimas. Las de los otros es llegar al colapso.

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