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Archive for 31 octubre 2008


Los primeros exámenes de “Educación para la Ciudadanía” en la Comunitat Valenciana, donde hay que impartir esta asignatura en inglés, son desastrosos. El 99% de los alumnos han suspendido.

Ahora la “Consellería”, visto el desastre y que los padres van a comenzar a quejarse, arremete contra los profesores diciendo que más que han puesto un examen donde era más necesario saber inglés que los conocimientos de la materia.

No sé si en la “Consellería” son tontos o solamente se lo hacen. No es posible examinar de una asignatura sin que el examen sea también de la lengua que se emplea para la enseñanza. Sabemos que buena parte del fracaso escolar procede del insuficiente dominio de la lengua vehicular que impide tanto la comprensión de los conocimientos como la expresión de estos, si se tienen.

Si cupiese la posibilidad de examinar de “Educación para la Ciudadanía” o de cualquier otra asignatura que requiere expresión escrita sin conocer la lengua vehicular, yo podría irme a Rusia y sacarme nuevamente allí la licenciatura en Filosofía sin tener la más mínima idea de ruso.

Los de la “Consellería” no son tontos, se lo están haciendo. Realmente lo que están es planteando una salida a la situación que ellos mismos han creado. Están abonando la teoría de que son los profesores y no la peregrina decisión de la “Consellería” los responsables de esta lamentable situación, de forma que les resulte factible exigir responsabilidades disciplinarias a los profesores, a los que ellos acusan de ser los causantes de este desastre.

También están preparando un aprobado masivo por medio de reclamaciones al Servicio de Inspección argumentando la inadecuación de los instrumentos de evaluación con los contenidos. La “Consellería” les dirá a los inspectores (la mayoría nombrados provisionalmente y por tanto pendientes de una renovación) que sean sensibles a esas reclamaciones. Y en junio un mágico aprobado general.

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Un cierto revuelo se ha montado por el adelanto que hace “El País” de un libro en el que la Reina Sofía da su opinión sobre una amplia variedad de temas. No dice nada que nunca hayamos escuchado y, la verdad, sus palabras no aportan nada nuevo ni interesante a los temas que abordan. Pero esto no es importante, porque aquí no importa tanto qué se dice, sino quien lo dice.

Normalmente los políticos escriben sus memorias, o dan entrevistas retrospectivas, cuando han abandonado la vida política y sus ambiciones políticas se han cumplido o se han visto frustradas. El caso de la Reina es que hace esto, sin haberse retirado y quizá siendo poco cuidadosa con el deber de neutralidad que tiene la institución que representa.

De los extractos que “El País” adelanta, quiero comentar el relativo a la religión. Dice la esposa del Rey:

“Se ha de enseñar religión en los colegios, al menos hasta cierta edad: los niños necesitan una explicación del origen del mundo y de la vida”.

1) La redacción es curiosa. Habla la Reina de “ha de enseñar”, lo que es una oración de obligación. Se podría deducir que considera la esposa del Rey que la enseñanza de la religión debería ser obligatoria independientemente de que alguien quiera o no que sus hijos la reciba. Es más curioso este argumento cuando los defensores de la religión en las aulas se escudan en el derecho de elección, que parece que la Reina les niega a los demás.

2) Lo mejor de todo esto es que la Reina considera que es obligación se funda en que los niños deben conocer una explicación del origen del mundo y de la vida. En eso estoy totalmente de acuerdo, pero una explicación es lo que da la ciencia, mientras que lo que hacen las religiones es una interpretación desde sus presupuestos hermenéuticos.

3) La Reina, persona que dicen que es sumamente ilustrada, está confundiendo facticidad y sentido, es decir, mezcla el hecho con el significado que le damos a un hecho.

4) Pero lo más gracioso de todo es la cláusula “al menos hasta cierta edad”. Si tan importante es conocer  lo que ella llama “una explicación del origen del mundo y de la vida” para implicar la obligatoriedad de la Religión, no entiendo esa limitación de su edad. Es como si dijésemos que a los niños hay que enseñarles correctamente las matemáticas hasta cierta edad y que, después ya podemos empezar a enseñárselas mal. La Reina introduce esta cláusula porque sabe que la religión es adoctrinamiento y que el mejor momento para el adoctrinamiento es la infancia.

5) Si en la Casa Real les molesta ahora las reacciones en los medios y las de los blogueros, deberían pensar que si se hubiesen mantenido calladitos, nadie habría dicho nada. Quién opina abre la posibilidad de ser contestado, por más que se sea esposa del Jefe del Estado y madre del Jefe del Estado en potencia.

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A través de Netoratón, a la que le ha llegado gracias a “Las Crónicas de Putadaville“, descubro esta expresiva comparación entre los elementos más destacados de los dos candidatos principales a la Presidencia de los EEUU y de sus compañeros de ticket.

La pregunta que yo me hago es que si Joe Biden tiene tanto el criterio de Obama como la experiencia de McCain, ¿por qué no será el quién gane la Presidencia el 4 de noviembre?

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Los chicos del PP son de lo más imaginativos en esto de tomar medidas contra la crisis. Hace unos días conocíamos como en un ayuntamiento extremeño, Malpartida de Cáceres, de unos cuatro mil habitantes habían liberado a tres concejales populares y les habían subido el sueldo.

En el Norte de África, concretamente en Ceuta, el PP local ha decidido que los mejor es apoyar a la industria del mueble y de la decoración. Después de aprobar con todos los honores un “plan de austeridad”, los consejeros de la Ciudad Autónoma se han lanzado a redecorar sus despachos.

El consejero de Hacienda y factor del “plan de austeridad” ha decidido que necesitaba nuevos aires en su despacho y ha decidido emplear 8.000 euros para un remozamiento parcial de su hábitat social.

Y la envidia que es muy mala ha llevado a que una compañera suya, la consejera de Medio Ambiente, también haya dado el paso de redecorar su vida y se haya gastado 15.000 euros en su nuevo despacho.

Por ahora entre los dos (y por lo visto hay más que irá saliendo) se llevan gastado 23.000 euros en mobiliario de despacho. Todo un ejemplo de austeridad en una ciudad con el 33% de la población bajo en umbral de la pobreza.

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Es un tópico decir que la política municipal es el lugar donde alguien se hace político. Hasta que conocí un poco más de cerca la política municipal no me di cuenta de que la mayoría de los servicios que reciben los ciudadanos y que muchas de las decisiones relativas a su calidad de vida se toman en los ayuntamientos.

He querido hacer una mínima investigación sobre si realmente nuestros políticos de primer nivel y con grandes responsabilidad realmente han aprendido a ser políticos en la vida municipal.

La muestra que he elegido está compuesta por los ministros del PP y del PSOE que formaron el gobierno en el momento de comenzar sus respectivos segundos mandatos (2000 y 2008).

De los dieciséis ministros y ministras que nombró Aznar tras ganar las elecciones de 2000, siete de ellos habían sido elegidos concejales antes de ser ministros, aunque la elección de Mayor Oreja como concejal en San Sebastián sólo fue eso, una elección. De los restantes tres habían sido también alcaldes (Eduardo Zaplana en Benidorm, Ángel Acebes en Ávila y Celia Villalobos en Málaga) y uno presidió la Diputación Provincial (Mariano Rajoy en Pontevedra). El caso más curioso, que no está entre estos siete, es el de que fuera ministro de Trabajo, Juan Carlos López Aparicio, que dejó de ser ministro para convertirse en Alcalde de Burgos. Francisco Álvarez-Cascos fue portavoz municipal durante siete años en Gijón.

De los diecisiete ministros y ministras que Rodríguez Zapatero ha nombrado al inicio de su segundo mandato, solamente cuatro de ellos han ejercido antes como concejales y sólo de dos de ellos se puede decir que tienen experiencia en gestión municipal. El mayor representante del Municipalismo dentro del actual gobierno es el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, que perteneció desde 1983 a este año a la corporación de L’Hospitalet, siendo si alcalde desde 1994 y presidiendo la Diputación de Barcelona desde 2004. La ministra de Defensa, Carmen Chacón, ha sido concejala en Esplugues de Llobregat (Barcelona) de 1999 a 2007. Los otros dos son Miguel Sebastián y Beatriz Corredor, los cuales han sido concejales en el Ayuntamiento de Madrid menos de un año.

A modo de observaciones:

1) En ninguno de los dos gobiernos analizados la mayoría de sus miembros han tenido antecedentes como concejales, que puede ser tomado como medida objetiva de participación en la política municipal.

2) El hecho de que en el gobierno analizado del PP haya habido más miembros con pasado municipal que en el gobierno del PSOE no creo que se deba tanto a una opción sino al hecho de que entre 1982 y 1991 la mayoría de los gobiernos autonómicos estaban controlados por el PSOE, de forma que los políticos populares sólo podían “brillar” en el plano municipal. Sí es llamativo que los dos ministros del PSC tengan antecedentes municipales.

3) Esta muestra es escasa pero me parece que es indica que en los más altos cargos políticos, tener pasado municipal no se considera ni un mérito ni garantiza un futuro político.

4) Merecería la pena analizar cada uno de los gobiernos desde 1978. El hecho de que, sin duda, si analizáramos las Cortes, salieran más concejales y alcaldes no tiene relevancia política ya que ser diputado o senador no significa tener ninguna capacidad decisoria y muchas veces las listas se confecciones sobre criterios territoriales en cada provincia, utilizando a alcaldes y concejales muy conocidos y queridos en una zona como reclamo del voto a una lista.

5) Tiene mucho sentido replantearse si es cierto el tópico que da título a esta entrada, al menos en lo que respecta a la política nacional.

Datos de Wikipedia y de las webs de los distintos ministerios.

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Ahora que tanto se está hablando de la aprobación de los presupuestos con el apoyo o la abstención de los electos socialistas, me ha venido a la memoria aquella aprobación “in extremis” que Ibarretxe consiguió gracias a la ausencia de Mayor Oreja en el Parlamento Vasco, a la prisa de los portavoces nacionalistas para acelerar el debate y a la ingenuidad de los populares que incluso dejaron pasar alguna contrarréplica.

Os dejo dos artículos de opinión sobre la ausencia de Mayor Oreja y las que deberían ser las consecuencias.

La ausencia de Mayor, que permitió aprobar las cuentas de 2003, deja el fallo sin consecuencias

Presupuestos de chiripa

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Si hay algo que nunca he comprendido ha sido el “sindicalismo estudiantil”. En primer lugar porque sale el jurista que tengo dentro si dice que constitucionalmente los sindicatos son de trabajadores y que el derecho a huelga es de los trabajadores. Pero, y en segundo lugar y más allá de las minucias legales, creo que no han aportado absolutamente nada a los estudiantes.

En mi larga experiencia por las universidades de nuestro país, solamente he visto a los sindicatos universitarios aparecer con fuerza e interés cuando consideraban que una reforma universitaria era negativa, de modo que las diversas leyes han sido las que le han dado vida a estas organizaciones.

Siempre han ido en contra de algo y nunca a favor. Se han opuesto continuamente a cualquier reforma, convirtiéndose en consecuencia en unas organizaciones eminentemente conservadoras. Conservadoras porque de tanto oponerse siempre quieren que se conserven lo anterior, que permanezca inalterado un “statu quo” que no parece que sea ni siquiera bueno.

Además de todo eso queda tanto por demostrar la representatividad como la verdadera capacidad de movilización de estos “sindicatos estudiantiles”. La representatividad es poco comprobable porque pocos comparecen como tales en los órganos universitarios y porque los alumnos electos para estos órganos lo son con una participación ridícula por lo general.

Algunos dirán que quieren una universidad democrática, social, abierta y crítica. Todas estas palabras tienen un significado tan general que pueden decir cualquier cosa en un contexto tan determinado como es la vida universitaria. Hay que hablar de selección del profesorado y no se habla; hay que hablar de la oferta concreta de asignaturas y no se habla; hay que hablar de que los servicios de la universidad tienen unos horarios muy reducidos y no se hablar.

Se habla de los grandes conceptos para no hablar de las cosas concretas; se tienen enemigos tan altos que son inexistente, posiblemente por miedo, desinterés o incapacidad para enfrentarse con los adversarios concretos, que sí son los que tienen peligro.

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Yo soy uno de esos pirados, que gracias a la Ausencia somos pocos, a los que le encanta el Derecho Administrativo, pese a mi descreimiento general hacia lo jurídico. Hablar en España de Derecho Administrativo es hablar directamente de Eduardo García de Enterría, un gran jurista que ha sabido escribir de tal forma sobre una materia tan árida que uno sentía que estaba leyendo cualquier otra cosa menos un libro jurídico.

Las bases ideológicas de la concepción administrativistas están claras desde el principio: el Derecho Administrativo es la forma histórica que la Modernidad ha encontrado para controlar al Estado y evitar que actúe arbitrariamente sobre los ciudadanos.

Ésta es la tesis que sostiene un Derecho Administrativo que quiere ser garantista. Alejandro Nieto da otra visión respecto a las intenciones y los resultados de la doctrina dominante en el Derecho Administrativo, en la estupenda introducción de su Derecho Administrativo Sancionador (Tecnos, 4ª edición, Madrid, 2005). Este garantismo ha sido elaborado por una doctrina poderosa pero formada por profesores que a la vez son abogados, y que han elevado a doctrina, a sentencia y a norma lo que son un conjunto de argumentos “pro parte”.

Mantiene Alejandro Nieto que se construido un Derecho Administrativo garantista, pero de un garantismo tal que deja a la Administración con un potestad sancionadora casi ilusoria, casi virtual, ya que los intereses individuales se han puesto continuamente sobre los intereses generales a la hora de diseñar y aplicar esa parte capital del Derecho Administrativo, que es el Sancionador.

Muchas sanciones se quedan en nada porque el sistema sancionador ha sido diseñado “a priori” para que esto pase, porque tantos son los obstáculos que se le ponen a la Administración para sancionar, que la mayoría de los ilícitos administrativos quedan en nada y cuando llegan a algo, siempre hay un Tribunal de lo Contencioso que encuentra garantías adicionales. Esto es una dolorosa verdad, y es una opinión de quien esto escribe, en el caso de las sanciones medioambientales.

Todos, y Alejandro Nieto también, sabemos que un sistema tiene que ser garantista para evitar que se sancione al que no ha hecho nada. Pero lo que aquí dice Alejandro Nieto es más, que muchas de las garantías que los profesores-abogados han introducido en nuestro Derecho Sancionador son verdaderas invitaciones a la impunidad.

Estando de acuerdo en lo sustancial con el Profesor Nieto, creo que hay una diferencia que él no hace y me parece relevante. El ciudadano como yo cuando tiene un problema con la administración y fracasa en la vía administrativa (que está hecha para fracasar), tiene que tener un interés muy importante para recurrir a la Jurisdicción de lo Contencioso, ya que supone una continua espera y un gasto que puede superar con mucho el beneficio pretendido.

Por el contrario hay otros ciudadanos y, sobre todo empresas, que cometen el ilícito administrativo desde el inicio a sabiendas de las tremendas dificultades que va a tener la Administración para sancionarles, ya que contra un colapsado abogado del Estado (o cualquiera de sus equivalentes), ellos van a movilizar a unos cuantos despachos de abogados que recurrirán todo recurrible, y lo que no lo es también, hasta que veinte años después una última instancia decide a eliminar la sanción o dejarla en una cuantía tan ridícula que ha supuesto un beneficio.

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Cuando empecé a estudiar la carrera de Derecho pensaba que no había disciplina que tuviera un poder transformación de realidad como la que no comenzaba. Veía el Derecho rodeado de efectividad y capacidad de hacer que las cosas fueran de la manera marcada en sus normas. De un ingenuo iusnaturalismo pasé a un férreo positivismo, kelseniano, y me impelí a conocer cada rincón del Derecho.

Pero el destino es caprichoso y tras finalizar, con cierto éxito, mi primer año de carrera, otras preocupaciones me llevaron a su abandono. Me sumergí en las “humanidades”, por llamarlas de alguna forma, por dos años, hasta desembocar en la Filosofía.

Cinco años después de mi primer abandono volví al Derecho. Pensaba que me había estado esperando, pero no fue así. El Derecho algo había cambiado, pero el que se había transformado era yo.

Había una cínica sonrisa al oír a mis compañeros comentar que si tal ley permitía hacer esto, que si las garantías procedimentales protegían de lo otros; y me sonreía no porque no tuvieran razón jurídica, que normalmente la tenían, sino porque en esos años yo había conocido el colapso judicial, las interpretaciones creativas de las normas, la exasperación en los recursos administrativos y el estupendo mundo del “chanchulleo” y del “amiguismo”.

No es que considerase que las normas no tenían sentido y que el Derecho en su conjunto era un farsa, pero sí había rebajado mucho la efectividad que muchos años antes le había otorgado. Las normas no tienen facticidad alguna si no hay detrás un poder que las imponga o que sea lo suficientemente disuasivo como para que ésta sean obedecidas espontáneamente.

Terminada la carrera de Derecho, pagué las tasas y cuando, a los años me llegó el título, lo guardé en una carpeta A-3 por si alguna vez me hacía falta. No he abandonado lo jurídico, porque es algo que me interesa, y de vez en cuando me permito leer normas nuevas (no las relacionadas con mi trabajo que las leo por necesidad) y alguna que otra obra doctrinal.

Ahora, más que muchas cuestiones de técnica jurídica, que están al evidente cambio de la normal, la interpretación o del interés, me intereso más sobre la sociología de lo jurídico, sobre las formas de hacer las cosas y sus diferentes consecuencias y, finalmente y de nuevo lleno de idealismo, del modo de evitar el “fraude de Ley” y los atajos legales.

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El pasado 24 de junio el Pleno del Senado se pronunció sobre los senadores cuyas actividades, además de la de ser senador han sido consideradas compatibles con el cargo de senador. El régimen de incompatibilidades de los arts. 155-160 LOREM es muy rígido y prevé expresamente sólo algunas excepciones como son ser profesor universitario, la gestión del propio patrimonio o la producción literaria, científica o artística.

El Pleno del Senado encontró que las actividades profesiones de ciento cincuenta y un senadores no eran incompatibles con el desempeño de su actividad parlamentaria. Ésta es la lista (los que están en cursiva ya no son senadores) sacada del Diario de Sesiones del Senado:

Francisco Abellán Martínez  (PSOE)
Pedro Agramunt Font de Mora  (PP)
María del Mar Agüero Ruano  (PP)
Gustavo Alcalde Sánchez  (PP)
José Alcaraz Abellán  (PSOE)
Ramón Aleu i Jornet  (PSOE)
José Antonio Alonso García  (PSOE)
Iñaki Mirena Anasagasti Olabeaga (PNV)
Raquel Miriam Andrés Prieto  (PSOE)
María del Mar Angulo Martínez  (PP)
Francisco Javier Arenas Bocanegra  (PP)
Manuel Arjona Santana  (PSOE)
Manuel Paulo Atalaya de Tena  (PP)
José Atarés Martínez  (PP)
Juan Pascual Azorín Soriano  (PSOE)
Arturo Bagur Mercadal  (PSOE)
Miguel Barceló Pérez (PP)
Luis Bárcenas Gutiérrez  (PP)
José Manuel Barreiro Fernández  (PP)
Josep María Batlle Farrán  (PSOE)
Alfredo Belda Quintana (CC)
Francisco Bella Galán  (PSOE)
Antonio Germán Beteta Barreda (PP)
Carles Josep Bonet i Revés (ERC)
Juana Borrego Izquierdo  (PP)
Francisco Buen Lacambra  (PSOE)
Tomás Pedro Burgos Beteta  (PP)
José María Burgos García  (PSOE)
Pedro Bustos Amores  (PSOE)
María del Mar Caballero Martínez  (PP)
Hilario Caballero Moya (PSOE)
José Miguel Camacho Sánchez  (PSOE)
María Teresa del Carmen Camacho Vázquez  (PSOE)
Montserrat Candini i Puig (CiU)
Juan Bautista Cardona Prades (PSOE)
José Carracao Gutiérrez  (PSOE)
Jordi Casas i Bedós (CiU)
Enrique Cascallana Gallastegui  (PSOE)
María Jesús Castro Mateos  (PSOE)
José Cejudo Sánchez  (PSOE)
Maria Josefa Celaya i Armisen  (PSOE)
Fermín José Cerdán Gosálvez (PP)
José María Chiquillo Barber  (PP)
María Teresa Cobaleda Hernández  (PP)
María Begoña Contreras Olmedo  (PP)
Juan María Cornejo López  (PSOE)
María Dolores de Cospedal García  (PP)
María Ángeles Crespo Martínez  (PP)
José Manuel Cuervo Fernández  (PSOE)
Dimas Francisco Cuevas Cuerda  (PP)
José Ignacio Echeverría Echaniz (PP)
Beatriz Marta Escudero Berzal  (PP)
María Escudero Sánchez  (PSOE)
Juan Manuel Fernández Ortega  (PSOE)
Matilde Fernández Sanz  (PSOE)
María Emelina Fernández Soriano  (PSOE)
Alfonso Gustavo Ferrada Gómez  (PP)
José Ferrández Otaño  (PP)
Miguel Fidalgo Areda  (PSOE)
María Isabel Flores Fernández  (PSOE)
María Ángeles Font Bonmatí  (PP)
Luis Manuel Fraga Egusquiaguirre  (PP)
Manuel Fraga Iribarne  (PP)
María José de la Fuente Fombellida  (PP)
Francisco Fuentes Gallardo  (PSOE)
Rafaela Fuentes García  (PSOE)
María del Carmen Fúnez de Gregorio  (PP)
Dionisio García Carnero  (PP)
Diego García Caro  (PSOE)
Dorinda García García  (PP)
Sebastián García Martínez  (PP)
Pío García-Escudero Márquez  (PP)
José Arsenio Giménez Martín  (PSOE)
Ignacio Alfredo González Torres  (PP)
Juan Luis Gordo Pérez (PSOE)
María del Carmen Granado Paniagua  (PSOE)
Jordi Guillot Miravet (ICV)
Julián Gutiérrez Gutiérrez  (PP)
Juan Antonio de las Heras Muela  (PP)
Patricia Hernández Gutiérrez  (PSOE)
Manuel Hurtado García  (PSOE)
Juan José Imbroda Ortiz  (PP)
Esmeralda Iranzo Sánchez  (PSOE)
Francisco Javier Irízar Ortega  (PSOE)
Félix Lavilla Martínez  (PSOE)
Vicente Llanos Vázquez  (PSOE)
Fernando López Carrasco  (PSOE)
Cristóbal José López Carvajal  (PSOE)
Juan José Lucas Jiménez  (PP)
José Macias Santana  (PP)
Josep Maldonado i Gili (CiU)
Javier Marqués López  (PP)
Jesús Martínez Herrera  (PSOE)
Efrén Luciano Martínez Izquierdo  (PP)
Josefa Mena Martín  (PSOE)
Coloma Francisca Mendiola Olarte  (PP)
Jesús Morlote Portilla  (PSOE)
Marina Moya Moreno  (PP)
María Ascensión Murillo Murillo  (PSOE)
Encarnación Naharro de Mora  (PP)
Juan José Ortiz Pérez (PP)
Ana del Pilar Padilla Camejo (PP)
José Joaquín Peñarrubia Agius (PP)
Luis Peral Guerra  (PP)
Juan Andrés Perelló Rodríguez  (PSOE)
Miguel Angel Pérez de Juan Romero  (PP)
José Cruz Pérez Lapazarán  (PP)
María Pilar Pérez Lapuente (PSOE)
Pedro José Pérez Ruiz  (PP)
José Ignacio Pérez Saenz  (PSOE)
Araceli Peris Jarque  (PP)
Gonzalo Javier Piñeiro García-Lago  (PP)
Ruth Porta Cantón  (PSOE)
Lluís Maria de Puig Olive  (PSOE)
Adoración Quesada Bravo  (PSOE)
Ramón Rabanera Rivacoba  (PP)
Fátima Ramírez Cerrato  (PSOE)
Joaquín Luis Ramírez Rodríguez  (PP)
César Antonio Rico Ruiz  (PP)
María del Carmen Riolobos Regadera  (PP)
Francisco Javier Rojo García  (PSOE)
Lentxu Rubial Cachorro  (PSOE)
José Antonio Rubio Mielgo  (PP)
Rafael Javier Salas Machuca  (PP)
Ovidio Sánchez Díaz  (PP)
Ana Sánchez Hernández  (PSOE)
Juan Pablo Sánchez Sánchez-Seco  (PP)
Luz Elena Sanín Naranjo   (PP)
Carmen Sanjurjo González  (PSOE)
Saturnina Santana Dumpiérrez  (PSOE)
Antolín Sanz Pérez  (PP)
Jesús Andrés Sedano Pérez  (PP)
Susana Sumelzo Jordán  (PSOE)
Pedro Torres i Torres (Independiente)
Francisco Javier Tuñón San Martín (Independiente)
Víctor Manuel Urrutia Abrigar  (PSOE)
Francisco Utrera Mora  (PP)
Miguel Ángel Uzquiza González  (PSOE)
José Valín Alonso  (PP)
José Luis Vallés Molero  (PSOE)
Juan Van-Halen Acedo  (PP)
Francisco Javier Vázquez Requero  (PP)
Amador Vázquez Vázquez  (PP)
Yolanda Vicente González  (PSOE)
Jordi Vilajoana i Rovira  (CiU)
Pedro Villagrán Bustillos  (PSOE)
María Rosa Vindel López  (PP)
Imanol Zubero Beascoechea  (PSOE)
Joseba Zubia Atxaerandio (PNV)

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