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Archive for 30 noviembre 2007

Pervez Musharraf ha dejado de ser el Comandante en Jefe del ejército pakistaní para poder tomar posesión como Presidente de la República Islámica de Pakistan. En sus palabras de despedida ha dicho que el ejército ha sido su vida y su amor y estas palabras, metafóricas y retóricos en un militar occidental, en el caso de Musharraf y otros muchos militares del Tercer Mundo no tienen nada de literario, sino de real.

En medio de países depauperados, sin estructura social ni economía que vertebre, el ejército se ha conformado en una entidad en la que las diferencias étnicas se obvian o no interesan, no porque se aprecia la diversidad, sino porque se aplica un férreo proceso de aculturación, adquiriendo los militares adquieren una cultura sincrética, incluso una lengua cuartelera diferenciada del resto de la población local.

Los ejércitos en algunos países del Tercer Mundo no están sometidos al poder civil porque obedezcan las consignas de las clases dominantes, que engrosan las filas de su generalato. Todo lo contrario, el ejército se conforma en la clase dominante, ya que controla las propiedades agrícolas, buena parte de las industrias y tiene una autonomía organizativa, económica y presupuestaria que lo conforma como un estado dentro del Estado.

Estos ejércitos que son un estado dentro del Estado tienen un sistema de verdadero ascenso social hasta el generalato. Ellos dependen de la eficacia y valía de sus mandos y buscan alguien que sólo sea un jefe nominativo, sino un líder que gobierne al ejército con éxito. El ejército es la vida de todos sus miembros, les mantiene apartados de la pobreza circundante y sus mandos deben ser buenos, no críos de academia que no han pasado por cada escalafón y siempre han estado refugiados en un despacho o un estado mayor.

Todas las fuerzas armadas tienen una autonomía incomparable para cualquier institución del Estado, incluso más que aquellas a las que se les reconoce jurídicamente esta autonomía. En algunos países, cuando el Estado falla continuamente, ellos se mantienen como única red institucional organizada, por ello sus miembros la aman y les dedican su vida, porque lo que son y lo que han evitado depende de ella. El ejército les proporciona el ciclo vital y existencial que el Estado no es capaz de proporcionar o de propiciar.

Con todo lo anterior no estoy defendiendo ni las dictaduras militares en estos países, ni mucho menos considero que el sistema está bien. Me he limitado a describir el motivo de la importancia del ejército en determinados países, que se debe a unas circunstancias internas y a unos factores sociales y políticos.

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Uno de los campos de batalla del Conservadurismo norteamericano ha sido y es el activismo judicial. Desde los años sesenta la transformación del sistema legal en los Estados Unidos, específicamente en lo referido a los derechos fundamentales, que ellos llaman “derechos civiles”, no fue protagonizada por el poder ejecutivo ni muchos menos por el legislativo, sino por el poder judicial, empleando a fondo la capacidad que el sistema jurídico anglosajón proporciona a los tribunales.

El concepto de activismo judicial no tiene unos límites bien definidos. Gustavo Arballo en su blog hace lo que es, en mi opinión, una magnífica descripción de los hasta siete sentidos que le podemos encontrar al “activismo judicial”. Según Arballo se llama judicial a cuando el juez que cambia la jurisprudencia, el juez que hace interpretaciones vanguardistas, el juez que crea Derecho, el juez que resuelve con sentencias que trascienden el caso, juez el que no es formalista en lo procesal, el juez cuyos fallos interpela al poder y el juez que se compromete en el esclarecimiento de los delitos o de hechos complejos.

Decir que uno está a favor del activismo judicial o está en su contra es algo tan tonto como definirse más partidario de los jugadores de fútbol zurdos que de los diestros. El activismo judicial tiene lugar en un marco sociológico muy determinado y en un panorama jurídico específico: cuando los principios sociales y jurídicos se encuentran muy lejos de la legislación ordinaria, generalmente por cobardía de los legisladores hacia determinadas fuerzas.

Aquí es donde los jueces, protegidos por la inamovilidad, asumen un papel social y jurídico que en condiciones normales no tienen que ejercer. El activismo judicial no siempre tiene la misma orientación ideológica y puede haber un activismo tanto progresista como conservador.

También hay una causa que genera activismo judicial y no circunstancialmente, sino estructuralmente. Ésta circunstancia es la exclusiva aplicación por parte de un órgano judicial de un texto somero, con pocos preceptos pero con un alcance muy general. La jurisdicción constitucional, tanto centralizada como difusa, es un ámbito en el que el activismo tiene que darse necesario, ya que las prescripciones constitucionales será la regla con la que se comparen numerosos casos de la más diferente naturaleza y a los que hay que darles solución.

Éste es el marco en que se sitúa la actual lucha por el control del Tribunal Constitucional en España. El TC es per se un centro de activismo judicial y es por ello por lo que el Partido Popular siempre ha luchado para que sus magistrados sean de ideología conservadora y, cuando no lo han conseguido, se han empeñado en atacar la propia institución del TC, a través de sus pregoneros jurídicos y mediáticos. Nadie está contra el activismo, sólo se está contra el activismo que comulga con la propia ideología.

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Voy a contradecirme con lo que dije hace unos días, pero creo que realmente no es una contradicción y que así lo valoraréis si consigo explicarme bien. Estoy en contra del consenso político, pero a favor del consenso constitucional. ¿Qué quiero decir con ello?

Hay normas que son las normas constitucionales que tienen una vocación de duración en el tiempo y por lo tanto deben ser lo suficientemente apoyadas por las diferentes sensibilidades políticas de una sociedad como para convertirse en un instrumento válido pasados unos pocos años. Evidentemente una constitución perfectamente equilibrada con los planteamientos e intereses de todos los grupos sociales, será inevitablemente una constitución conservadora, porque tenderá a reflejar en su texto el “status quo” social y más cuando la experiencia nos dicta que los grupos a los que les atemoriza cualquier cambio social a través de la constitución son normalmente los más fuertes e influyentes.

Se debe encontrar el difícil desequilibrio de hacer una constitución que sea un instrumento jurídico de transformación social y que sea aceptable para los todos o casi todos los sectores de la sociedad a la que pretende dar forma y cambiar. A esto es lo que yo llamo “consenso constitucional”.

El escaso margen por el que la nueva constitución de Bolivia va a ser aprobada (136 votos de 245) y la celeridad con la que se está desarrollando este proceso, está haciendo imposible el “consenso constitucional” y más cuando la importante minoría opositora se ausenta de la Asamblea Constituyente.

Junto a ello existen tres fenómenos inquietantes desde el punto de vista jurídico-constitucional. El primer fenómeno inquietante es el recurso obsesivo de los presidentes más radicales a convocar al poder constituyente, para hacer una constitución según el modelo de sus planteamientos ideológicos.

El segundo de estos fenómenos es que las novísimas constituciones latinoamericanas quieren constitucionalizarlo todo, de forma que la legislación ordinaria pierde flexibilidad, adecuación a las circunstancias y capacidad de acción, por el deseo de dirigir el futuro desde el conocimiento del presente.

El tercero es consecuencia del segundo y es la constante necesidad de recurrir a las reformas constitucionales, porque en el fondo a estos presidentes radicales no les gusta ninguna limitación a su poder, por lo que el final de este intrépido constitucionalismo será el final del constitucionalismo.

El “consenso político” es la forma de consenso contra la que estoy en contra. Llamo “consenso político” al desarrollo de acuerdo sobre la legislación ordinaria entre las principales y antagónicas fuerzas políticas. La clave procedimental en la democracia es la regla de la mayoría, en la que unos ganan y otros pierden. Puede que en determinadas cuestiones sea necesario un acuerdo más amplio que la mayoría simple, pero ese número debe ser lo más pequeño posible, ya que el abuso del consenso da a la minoría un poder que los ciudadanos no le han otorgado.

En la vida cotidiana, una mayoría simple debe valer y vale. En la excepcionalidad que es el momento constituyente, no.

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Los alcaldes de la zona sur de la comarca del Aljarafe (zona suburbana de Sevilla) han reclamado que se prevea en el POTAU, instrumento de ordenación territorial de una zona determinada, una pasarela sur que conecte esta comarca con los municipios de al sur de la capital hispalense.

El Aljarafe sur, que a pesar de su nombre está al oeste de la capital andaluza, ha sido y es una de las áreas de mayor expansión urbanística, todo un monumento a los “acosados”. La enloquecida edificación de viviendas no ha ido pareja con la construcción de infraestructuras públicas tales como centros educativos, centros de asistencia sanitaria, redes de abastecimiento de aguas o saneamiento de residuos, sistema de distribución de energía y, sobre todo, carreteras de acceso y vías de circulación dentro de la zona, así como transportes públicos que conecten a las ciudades dormitorios con Sevilla y entre los diversos núcleos que la conforman.

La redacción del POTAU para esta zona llega muy tarde. Desde enero de 1994 está aprobada la Ley Andaluza de Ordenación del Territorio y el Plan regional, que tenía que dar cuerpo a esta norma legal, todavía tardó doce años en verse aprobado.

Ni la Ley ni el Plan regional marcaban específicamente las actuaciones ni ordenaban el territorio más allá de los principios generales y la identificación de zonas. Ello le corresponde al tercer nivel de concreción de la ordenación territorial, a los planes subregionales. Dicho claramente, hasta que se apruebe el plan subregional la ordenación territorial es una mera abstracción, una entelequia.

Se contemplan veintitrés planes subregionales, de los cuales sólo nueve, desde la aprobación de la Ley en 1994, han sido aprobado, uno se encuentra en fase de tramitación (el del la aglomeración urbana de Sevilla), dos son considerados como de próximo estudios y seis más se encuentran en “otros ámbitos de estudios”.

Los ayuntamientos del Aljarafe, todo y sin distinción de color político, han obrado con una irresponsabilidad concediendo licencias a todo constructor que pasaba por allí, destrozando los olivares y creando conglomerados de viviendas poco habitables, sólo por recaudar más en impuestos inmobiliarios y dar una falsa impresión de prosperidad a sus habitantes (sólo pensando bien y no en cositas feas).

La dejadez de la Administración Autonómica en la tramitación y aprobación de los instrumentos de ordenación del territorio ha creado el vacío que ha propiciado fenómenos perjudiciales como los descritos anteriormente. Los dirigentes municipales tienen una responsabilidad evidente en el dislate aljarafeño, pero los gobernantes autonómicos también lo tienen, porque ellos sabían lo que pasaban y no tomaron las medidas que la Ley de 1994 les permitía y aceleraron la tramitación de los instrumentos de ordenación del territorio.

Hoy no se debería estar hablando de un nuevo puente para enlazar el Aljarafe con la zona sur de la aglomeración urbana. Se debería estar pensando en construir el tercero, en tener dos alternativas más al “Puente del Centenario” y en añadir dos líneas más cercanías a las dos que ya deberían existir.

Van con veinte años de retraso y creen que van por delante.

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El fracaso escolar es una de las cosas de las que mucho se habla pero pocos dicen qué es, porque dependiendo del concepto que se tenga, así variarán las cifras y estadísticas que políticos, poco interesados en la Educación, usan como ariete o como parapeto. Tampoco en el plano de esa pseudociencia llamada Pedagogía hay un acuerdo. Lo recomendable sería que normativamente se estableciera ese concepto, no porque así sea acertado, sino porque habría una misma medida para todos y sobre todo para medir la evolución de los datos.

Hay conceptos que dispararían las cifras como medir el fracaso en términos de asignaturas suspendidas, otros más medianos como sería considerar fracaso escolar en términos de repetición de curso y finalmente otros generosos, tan queridos para las Administraciones educativas, como los que considera que hay fracaso cuando no hay titulación o no se continúan estudios posteriores a los obligatorios.

Elijan uno, pero en mi humilde opinión, no debe ser un criterio que solamente se aplicase a la totalidad de la educación obligatoria, que tal manera que el dato de fracaso solamente fuera aplicable a la educación obligatoria como un  todo. Lo deseable es que el criterio o la suma de variables sean aplicables a cada curso, lo cual ayudará a que sea un instrumento de diagnóstico y no sólo de productos finales.

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Estaba viendo la tele. De repente me sorprende un anuncio de la Conferencia Episcopal en el que anima a sus fieles y al público en general a hacer sus aportaciones económicas para el sostenimiento financiero de la Iglesia Católica en España. No es que nada tenga que objetar a esta campaña, sino que además me parece estupendo que el Catolicismo busque medios propios para su financiación.

 

Lo que sí me llama la atención es que la Conferencia Episcopal incluye en el anuncio asuntos que nada tiene que ver con la financiación por la vía de la casilla del IRPF para la Iglesia, y sí en la casilla de fines sociales.

 

 

La obra social de la Iglesia, incuestionable e importante, no se financia a través de lo recibido directamente por el IRPF (que paga al clero y a la gestión eclesiástica según lo consignado en los presupuestos de Conferencia y las diócesis), sino por la otra casilla, junto a partidas sociales de los presupuestos públicos.

 

 

Prácticamente toda la asistencia social de la Iglesia está financiada con dinero público, con lo que en nada le afecta la casilla del IRPF o las donaciones directas a la Conferencia Episcopal, porque es el Estado el que paga.

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Uno de los logros del Racionalismo Jurídico fue la unificar los diversos ordenamientos jurídicos en uno solo, con matices. En la Edad Media había tantos ordenamientos jurídicos como grupos sociales, ya que el ámbito objetivo de las normas se regía normalmente a través del “status personal”, aunque hubo intentos de unificación. No había ni una autoridad normativa única, ni una jurisdicción única, ni mucho menos una norma superior, constitucional, que estableciese unos límites a las autoridades, reconociese generalmente unos derechos subjetivos y garantizase tanto una cosa como otra.

El expediente jurídico al que se recurrió era la idea romana del Derecho Natural (“Ius Naturale”), pero dándole cobertura teológica para reforzar su obligatoriedad. Fue un inteligente intento de poner límites a las autoridades en un mundo jurídico y judicial muy fragmentado. El contenido del Derecho Natural nunca ha sido ni plenamente establecido ni aceptado por todos lo que se ha dicho que formaba parte de éste, pero se iba a construyendo caso a caso, determinándose según las circunstancias (con lo que esto permite hacer una utilización interesada y de parte de la idea de “Derecho Natural”).

El Racionalismo Jurídico no era formalmente contrario al Derecho Natural, ya que pensaba de las leyes naturales era deducibles racionalmente. Estas leyes cognoscibles racionalmente debían incorporarse al Derecho Positivo al menos como principios. Esto fue el primer paso del nacimiento de la idea de una regulación positiva que expusiese los límites del ejercicio del poder, los principios morales que rigen la convivencia y los derechos de las personas, que finalmente quedaría materializada en las constituciones.

La consecuencia de la positivización de estos tres elementos en textos constitucionales ha hecho que el expediente de control que fue el Derecho Natural perdiese sentido, relevancia y eficacia.

El Derecho Internacional era poco a poco el único ámbito en el que no se había producido la positivización. La Segunda Guerra Mundial rompió este estado de cosas, incentivando la positivización por medio de una comisión de codificación (CDI o Comisión de Derecho Internacional) en el seno de la ONU, el impuso a la jurisdiccional internacional (Corte Internacional de Justicia o Tribunal Penal Internacional, entre otros) o la proclamación de los derechos humanos y su defensa. Puede que sea por el escaso avance tanto institucional como normativo, siga habiendo una nutrida representación entre los internacionalistas, que es casi inexistente entre los especialistas en el Derecho Interno de cada Estado.

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Estas dos últimas semanas, entre los varios libros que alterno, me he liquidado apasionadamente las memorias de Alfonso Guerra, Vicepresidente del Gobierno entre 1982 y 1991.

En sus memorias hacía un comentario, no recuerdo la página, en el consideraba falso uno de los dogmas electorales de nuestra democracia: el centro político es el que da el poder en España a uno de los dos principales partidos políticos. Decía que el triunfo electoral no depende del centro, sino de la abstención, de que los votantes de izquierda vayan o no a votar.

César Molinas publicó en “El País” (11 de este mes) un interesantísimo artículo para exponer en el que analiza este fenómeno y le da un nombre: la izquierda volátil. De todas las elecciones generales desde 1977 los españoles han votado mayoritariamente a candidaturas de izquierda, excepto en un caso, por lo que el tópico de que los españoles somos de izquierda, además de tópico resulta ser verdadero.

No voy a contar la demostración de Molinas, que utiliza los datos oficiales publicados por el Ministerio del Interior. A él remito. Yo quiero hablar de los votantes de izquierda, diciendo algún tópico que también es verdad.

El votante de izquierda es un espécimen curioso, su nivel de exigencia hacia sus candidatos no es que sea alto, es irritante. Un votante de izquierda oye diez enunciados de un político también de izquierda y si hay uno solo de los enunciados que no comparte, decide no votar esa candidatura. Generalmente esto le pasa con el PSOE y con Izquierda Unida, de mayor empatía sentimental, lo que le sucede es que no acaba de fiarse.

La consecuencia de todo esto es que los votantes de izquierda con su purismo, sus pruritos y sus manías posibilitan continuamente gobiernos de derecha, donde no hay ninguna volatilidad ni fragmentación política. Luego se quejan amargamente de que la derecha, socialmente minoritaria, tenga la mayoría política, pero es que la democracia es así, si lo social no se transforma en político mediante la introducción de un voto en un día determinado, la mayoría social es minoría política o no tiene relevancia ninguna.

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En el contexto de una ley de acompañamiento autonómica, la de la Comunidad Valenciana, los tres grupos parlamentarios que forman las Cortes Valencianas han acordado una subvención a los diferentes grupos en virtud de la representación en la cámara y los votos recibidos en los últimos comicios autonómicos.

Jaime Sánchez Juárez en su blog ha criticado este acuerdo, apuntando la idea de que no tiene sentido que los partidos políticos reciban fondos públicos para su financiación. Es una opinión legítima, pero que no comparto por un conjunto de motivos que ahora expongo.

El sistema democrático del que nos hemos dotado se caracteriza por la preeminencia de los partidos políticos para la representación y la participación en la vida pública de los ciudadanos. La opción por este sistema posibilita la creación de proyectos regionales y nacionales, cosa que desde luego nos es posible con la mínima coherencia exigible con la lógica atomización que produciría una cámara de legisladores desconectados políticamente los unos de los otros, más atentos a la reelección en su circunscripción que de articular una política para todo el país o región. El apoyo parlamentario a la acción del gobierno sería el resultado de negociaciones presididas por el poco moral principio, en política, del “quid pro quo” o “do ut des”

Lo que pocos ignoran es que hacer política no es barato, y no sólo por las campañas electorales, sino porque la vida pública exige cada día más una especialización y unos conocimientos que poseen unos profesionales a los que hay que o pagar si quieres tenerlos disponibles para tu proyecto. El trabajo hay que pagarlo y sólo eso, sino también los locales, el teléfono, el ordenador, la fotocopiadora, los desplazamientos para formarse o reunirse.

A algunos les parece feo que los partidos políticos sean financiados por medio de fondos públicos. Quedan dos alternativas, o la financiación a través de sus miembros o la financiación privada. La financiación a través de los miembros (ese ideal pastoril que adorna muchas mentes con la misma ingenuidad política que Heidi) es difícil y pondría las formaciones en manos de los miembros de los partidos con más poder adquisitivo, de forma que mandaría solamente el que puede pagar y mantener el partido. Los partidos terminarían cotizando en bolsa, llegando a aparecer hasta fondos de inversiones especializados en las acciones de los partidos. El final de este sistema es igual a la financiación privada.

La alternativa de la financiación privada empieza donde termina la anterior posibilidad, pero con más oscuridad. Los partidos se financian con fondos privados y el dinero dado a quien puede tener poder no es una donación inocente, busca que luego el grupo financiado, una vez en el poder, sea sensible a sus intereses en las “condiciones técnicas de contratación” o en la regulación y control de su actividad.

Nuestra mala conciencia hacia todo lo que tenga que ver con partidos políticos y dinero ha hecho que nuestro sistema de financiación sea un dislate. Es público, interno y privado, con lo que no tiene la virtud de ninguno de ellos y asume todos los defectos. Con un panorama político consolidado como el que tenemos conviene que la actividad política es mejor que la financiación de los partidos sea pública, porque garantiza independencia, si ésta es realmente financiación y si hay verdaderos controles tanto de los gastos como de los otros ingresos que cada partido pueda buscarse.

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El Presidente de Andalucía compareció anoche (me parece el término más adecuado) antes sesenta ciudadanos andaluces. Preguntaron veintiochos, pocos, pero los que lo hicieron se tomaron su tiempo, llevaban las preguntas preparadas e incluían algunos datos. Se perdía frescura.

Chaves estuvo aburridísimo. El hombre no tiene ningún carisma y sus esfuerzos por sonreír y ser atento con los ciudadanos, no bastó para animar el asunto. Todo muy plano. Chaves no se cortó ni un pelo en no contestar directamente a las preguntas, recurrió al avance de Andalucía en los últimos veinte años y no anunció nada ni transmitió el mínimo entusiasmo. Chaves y el PSOE de Andalucía traspiran institucionalismo, pura identificación con la Administración autonómica que creó y gobiernan desde entonces, sin revisión de los errores y apuestas por cambios necesarios en muchas ocasiones.

Las preguntas fueron de lo más sosas y excesivamente orientadas al qué hay de lo mío. Que un político diga que algo no es competencia suya suena a excusa barata, pero hay ocasiones que ello es cierto, sobre todo si le preguntan por la duración de las obras en una calle concreta de un municipio determinados.

Los ciudadanos españoles y, en consecuencia, los andaluces poseen la tendencia innata al caudillismo, de forma que un responsable político tiene el poder de hacer y la responsabilidad de lo no hecho que esté dentro de su territorio.

Me dolían los oídos de escuchar que se pidiera tanta intervención en la economía. No soy un liberal acérrimo en lo económico, soy más socialdemócrata que otra cosa, pero tengo la impresión de que muchos de nuestros ciudadanos aún no se han enterado que las intervenciones en el mercado, especialmente las ayudas directas, son mecanismos de corrección de determinadas tendencias del mercado, pero que cuando cumplen con su objetivo, la corrección, deben retirarse. Los problemas de los agricultores de olivos o la diferencia entre el precio de compra a los agricultores y el precio final se resuelve mediante la creación de empresas, por estos agricultores, para ser ellos mismos los distribuidores y comercializadores de sus productos.

Uno una pregunta que me tocó las narices, he de reconocerlo, fue la de un taxista malagueño. Para pedir que le pagasen el GPS de su taxi arguyendo la inseguridad, se dedicó a comparar una inversión en Sevilla, el tranvía (del que no soy devoto) para contraponerlo con el supuesto abandono de Málaga por parte de los socialistas. Se nota que el victimismo funciona y que la fragmentación de Andalucía en guerra de campanarios es un arma rentable a corto plazo para el Partido Popular.

Para acabar sólo quiero indicar la escasísima repercusión que he encontrado en esta entrevista en los principales medios de comunicación andaluces con presencia en Internet. En Diario de Sevilla, ABC de Sevilla, Diario Sur de Málaga, Diario de Cádiz o Ideal de Granada se hace referencia al tema de su pobre cuenta corriente, a si habrán otras elecciones para él después de las del 2008 y poco más, cuando este programa merecería un poco más análisis por los opinadores políticos que lamentablemente escasean en Andalucía. A los medios les interesó menos que a los ciudadanos, que le dieron un 18.2% de audiencia al programa.

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