Me reconforta que haya reconocido su error al decir que los resultados en Ceuta y Melilla se debían a avalanchas de marroquíes. Se habrá dado cuenta usted, al consultar las estadísticas del Ministerio que usted dirige, que los extranjeros eran pocos y que usted, probablemente sin saberlo, había dado palabra y resonancia a los prejuicios racistas y excluyentes de otros.

No me cabe duda de que ese argumento se lo ha dado alguien a quien usted, por su experiencia profesional, le otorga cierto conocimiento sobre la Educación en las ciudades autónomas. Parece que más que un consejo o una información lo que le ha transmitido ha sido un profundo prejuicio y eso ha hecho que usted haga el ridículo ante todo el país (el asesor del libro también).

Ministro Wert, tenga cuidado con los asesores. Han tenido más de un mes para prepararle para su comparecencia ante la Comisión de Educación y una entrevista radiofónica y lo han hecho fatal. Imagínese ministro que si le mienten con los datos de extranjeros en Ceuta y Melilla o con que un libro sea o no de texto, lo que le harán a la hora de redactar normas educativas, porque usted necesita de asesores, de muchos asesores, porque de las materias de su competencia usted tiene poquita idea.

Revise quiénes son sus asesores, consejeros o expertos, si quiere ser un buen ministro. Ser ministro no es ser tertuliano pues un tertuliano habla de todo con personas que ignoran también de todo y puede hasta que gane. Por el contrario un ministro tiene enfrente a personas que sí saben de lo que hablan, que saben encontrar las estadísticas de alumnos extranjeros en la web de su Ministerio o que identifican en segundos que un libro no es de texto, sino un ensayo.

Se sigue respetando la base de partidos judiciales, con la excepción del de Cartagena cuyas localidades, menos la cabeza, han sido agregados a la circunscripción que formaría el partido de San Javier.

La diferencia de resultado entre el sistema vigente en la LOREG y el mayoritario uninominal con la división en circunscripciones que hemos hecho sería el siguiente:

Los resultados en cada una de las diez circunscripciones serían estos:

No hay una institución llamada veto a un nuevo miembro, sino que éste se ejercita anunciando que nunca se firmará ni se ratificará el hipotético tratado de adhesión de un determinado estado. Realmente es más simple que hacer algo: es no hacerlo.

¿Podría España vetar sin coste político el ingreso de Escocia en la UE? El precedente más cercano es el veto por parte de Francia a la adhesión de Turquía. ¿Qué diferencias hay entre un caso y otro? ¿Lo tendría tan fácil España como Francia para vetar a Escocia?

España no es Francia.

Esto es obvio pero no conviene olvidarlo. El peso económico y, sobre todo, el peso político de Francia y su siempre dinámica política exterior no tienen nada que ver con la de España. Negarse a un tratado de adhesión implica tener una capacidad política que debería poder parar el tratado antes de gestarse, como hicieron los franceses.

Turquía no es Escocia.

Los vínculos políticos, militares y económicos de Turquía con Europa Occidental son innegables, pero hay una serie de diferencias sociales, religiosas y culturales (además de haber sido el ‘enemigo’ unos cuantos siglos) que marcan un contraste igualmente innegable: en esa diferencia se aposenta el imaginario de la negativa francesa.

Escocia es un territorio absolutamente insito en la vida y en la historia europea. Hablan el idioma más conocido de la Unión Europea, comparten creencias y descreencias con los restantes europeos, tiene un sistema político regional absolutamente equiparable al de los estados-miembros de la UE, como un sistema legal tan avanzado como el de cualquier. Escocia no tiene profundos y amplios agujeros negros en materia de derechos humanos, ni hay muchas posibilidades de que tenga un ejército siempre dispuesto a dar un oportuno golpe de Estado.

A España le costaría bastante explicar los motivos por los que canarios y norteafricanos sí podemos formar parte de la UE y no pueden serlo los paisanos de David Hume.

Escocia ya habría estado en la Unión Europea.

El territorio y la población susceptible de independizarse forma parte actualmente de la Unión Europea. No supondría una incorporación, sino un mantenimiento de quienes ya están y ello es una notable diferencia. Hay inversiones de los países y empresas comunitarias en Escocia y estos querrán conservar un marco jurídico que le da seguridad. No es lo mismo entrar que permanecer.

Hoy ha propuesto, para quitar trabajo a los juzgados, dar la posibilidad a los notarios de celebrar bodas civiles y tramitar procedimientos de divorcio de mutuo acuerdo.

Bodas notariales

Las Cortes aprobaron la Ley 20/2011, del Registro Civil que en sus artículos 58-60 encarga la tramitación de los expedientes matrimonios a los Ayuntamientos y la inscripción al Registro Civil, que esta ley configura como un organismo estatal totalmente ajeno al Poder Judicial. Pero lo más curioso de todo es que esta ley contó para su aprobación con los votos del Partido Popular.

Esta ley ha desjudicializado el Registro Civil, aunque bien es cierto que todavía no ha entrado en vigor ya que su disposición final otorga una ‘vacatio legis’ de tres años.

El ministro podía haberse comprometido a proponer el adelanto de la entrada en vigor de la Ley, a movilizar todos los recursos para hacer esto posible, pero no tenía que haber salido con una ocurrencia, que solamente merece el calificativo de peregrina, que nada tiene que ver con lo que el PP pactó y votó en el mes de junio.

Divorcios notariales

Lo que propone el ministro Ruiz-Gallardón es una pérdida de una garantía respecto a la actual situación. Esta garantía es la decisión del Juez para que el mutuo acuerdo sea exactamente eso, y que una parte no abuse de su posición sobre la otra. Además la intervención del Ministerio Fiscal es vital cuando en el divorcio de mutuo acuerdo hay hijos. ¿Cree que un notario, sin garantías de su imparcialidad, es el mejor para sustituir a un juez y eventualmente a un fiscal?

A preguntas de un parlamentario del PNV ha justificado los vergonzosos índices de fracaso escolar del ámbito de gestión de su Ministerio, Ceuta y Melilla, en una supuesta avalancha de alumnos marroquíes que van a las dos ciudades autónomas a beneficiarse de la enseñanza gratuita.

Esto es falso. Según el último avance estadístico del Ministerio (curso 2010-2011) que Wert dirige estos son los estudiantes extranjeros en Ceuta y Melilla, y los datos comparados con el resto de las autonomías de España.

Si Wert desconocía estos datos, debe rectificar en la misma sede que ha mostrado su ignorancia. El problema es que Wert no haya ignorado los datos, sino que haya llamado marroquíes a los alumnos españoles de religión musulmana de Ceuta y Melilla, por lo que simple y llanamente debería dimitir.

El Estado regula esta materia en la Constitución y las Comunidades en sus respectivos Estatutos de Autonomía, con la excepción de Euskadi que lo hace en su ley de gobierno y Galicia que lo hace parcialmente también en su ley de gobierno.

En el que caso de que no haya elección posible de un presidente la norma general es la convocatoria de nuevas elecciones pasados dos meses desde la primera votación de investidura. Otros son más precisos en el plazo temporal, como Euskadi e Illes Balears que señalan el plazo de sesenta días desde la primera votación, Navarra amplía el plazo a tres meses pero desde la celebración de las elecciones y Castilla-La Mancha obliga a la investidura del candidato del partido con más escaños (no dice nada el Estatuto del empate a escaños).

Sobre la capacidad del presidente para disolver la cámara legislativa hay mucha más variedad: desde la no previsión estatutaria de disolución anticipada en Canarias hasta la disolución sin límites estatutarios de Catalunya, Illes Balears o Euskadi. Entre las Comunidades que tienen limitaciones es común la de disolver cuando se está tramitando una moción de censura y cuantitativamente las limitaciones se multiplican en Madrid, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, La Rioja, Madrid, Murcia y Navarra.

Que yo conozca el único caso de nuevas elecciones por imposibilidad de elegir un presidente se dio en Madrid después de las elecciones de mayo de 2007, planteándose una dificilísima cuestión estatutaria. El adelanto electoral se ha dado más en las Comunidades que accedieron por la ‘vía rápida’ a la autonomía (uno en Andalucía, dos en Catalunya y dos en Euskadi) y creo que el adelanto astur es el primero en las Comunidades de la ‘vía lenta’.

El detonante de la convocatoria adelantada de elecciones ha sido la imposibilidad de aprobar el Presupuesto para 2012 en la Junta General (el parlamento asturiano), donde la oposición goza de mayoría absoluta. Álvarez Cascos acusa al PP y al PSOE de hacer una coalición de oposición para forzarle a gobernar con los presupuestos de 2011, en vez de llegar a un pacto de gobierno con mayoría absoluta.

Veo cuatro obvias posibilidades:

1) Que los ciudadanos, especialmente los votantes del PP, consideren que el Partido Popular en Asturias se ha aliado con el adversario natural en vez de apoyar al aliado natural. Ello supondría una bajada de votos de los populares que se irían hacia FAC para otorgarles una mayoría suficiente.

2) Que los ciudadanos, especialmente los votantes de FAC, consideren que es mejor ser gobernados por el Partido Popular, que gobierna casi todas las autonomías y el gobierno de España, en vez de apoyar un sucedáneo de derechas que ha sido incapaz de llegar a los suficientes acuerdos para sacar adelante los Presupuestos para 2012.

3) Que casi todos los ciudadanos consideren cierta la versión otorgada por el partido al que votaron en mayo y vuelvan a producirse un reparto de escaños muy parecido al actual y sin cambios de importancia.

4) La última posibilidad, la más improbable, es que muchos votantes de izquierda vuelvan al PSOE tras el primer trimestre de Rajoy y sus más importantes medidas, pues ya estará presentada la reforma laboral y los Presupuestos Generales para 2012.

Con las manifestaciones actuales no dice nada porque hay otras manifestaciones, contra resoluciones judiciales, que sí le parece bien y que tácitamente apoyan. La Delegada del Gobierno en Andalucía ha recibido, en un gesto simbólico más allá de las declaraciones concretas, a quien habían convocado una manifestación contra una sentencia. ¿No presiona a los jueces? ¿O es que esa presión es la gusta al PP para luego sacar normas demagógicas?

Defiendo el derecho de los padres de Marta del Castillo a manifestarse contra una sentencia judicial. Están en su derecho tanto ellos como todos los que han asistido. Lo defiendo como hice lo mismo con los que se manifestaban a favor de Garzón. El Partido Popular es selectivo, como siempre.

Sabemos que en Escocia es probable que se celebre un referéndum sobre su independencia del Reino Unido, asunto que merece alguna entrada específica. Ya se ha comenzado a utilizar este argumento sosteniendo que España vetará el ingreso de Escocia en la Unión Europea si se independiza del Reino Unido (cosa que ahora no es tan deseable como antes, dicho sea de paso).

Es un argumento algo simple, ya que si bien un país puede intentar para el ingreso de una antigua región convertida en estado independiente, entonces tiene que justificar que los socios comunitarios deben perder las ventajas que sus empresas tienen en aquella región independizada, ventajas propias de que esa región siga perteneciendo a la Unión Europea.

En la noticia que enlazo se señala la existencia de un contraargumento jurídico, discutible pero defendible también, de que se está dando una sucesión de estados en cuanto a la pertenencia a la Unión Europea, de forma que Escocia pertenecería a la Unión continuando con la pertenencia que ya adquirió el Reino Unido. Argumento iusinternacionalista que sin duda conocen hace tiempos en tierras hispánicas.

En muchas ocasiones no se dan cuenta que estos municipios independientes, muy pequeños, casi no prestan servicios a los ciudadanos, pues eso lo hacen diputaciones y mancomunidades, y que la administración local consta normalmente de un solo trabajador que, aún unificándose el municipio con otros, seguiría manteniendo abierta la oficina municipal que le ahorraría kilometradas a los habitantes, generalmente personas de bastante edad. Alcaldes y concejales no suelen cobrar nada casi nunca.

Lo que me sorprende que se dejen fuera los amigos de UPyD son municipios con decenas de miles de habitantes, unidos físicamente a otros, generalmente en las conurbaciones, donde los servicios y su gestión cambia en ocasiones de una calle a otra y donde sí una unificación municipal reduciría costes administrativos, de corporación y de gestión, eso sí, a cambio de alejar la toma de decisiones de los ciudadanos.