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Archive for the ‘Historia’ Category

Uno de los debates cíclicos más insufribles que tenemos en España es el referente a la legalidad o constitucionalidad de las diversas banderas que nuestro país ha tenido durante el siglo XX. La tesis que mantenemos en la presente entrada es que ninguna de ellas ni es ilegal ni es inconstitucional y en algunos casos solamente sería ilegal un uso muy concreto de ellas.

El diseño de la bandera española está regulado por el artículo 4 de la Constitución que coincide con el diseño anterior. Este precepto no menciona el escudo. El escudo era el establecido en la Regla 2 del Reglamento de banderas y estandartes, guiones, insignias y distintivos aprobado por Real Decreto 1511/1977, en definitiva una versión del “Águila de San Juan”.

La bandera de España y su escudo fue el definido en el referido Reglamento hasta la Ley 37/1981 que estableció el actual escudo de España. Desde finales de 1978 hasta el 8 de noviembre de 1981 el “Águila de San Juan” fue el escudo constitucional de España. A partir de ese día dejó de ser el escudo de España a ser un escudo histórico.

La bandera republicana fue bandera de España durante la II República. Fue la bandera oficial mientras pervivió la II República, siendo utilizada por las instituciones y embajadas en el exilio, pero desde la Transición no ha sido recuperada su oficialidad ni siquiera de una forma limitada.

La bandera republicana y la bandera con el “Águila de San Juan” con ambas banderas históricas españolas y ninguna de ellas son ilegales ni mucho menos inconstitucionales.

Solamente entrarían en el terreno de la ilicitud si se empleasen para representar a la bandera de España en las instituciones que tienen que usar la bandera definida por la Constitución con el escudo definido por la Ley 37/1981, como sería ondearla cualquiera de las dos en edificios públicos, acuertelamientos o navíos. Que alguien la lleve por la calle o la tenga en su casa no tiene ninguna más relevancia jurídica que si uno ondea en su balcón la bandera de la marina mercante aprobada por Carlos III.

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Al ingresar España en las Naciones Unidas como miembro de pleno derecho en el año mil novecientos cincuenta y cinco, aceptó voluntariamente las obligaciones que imponía la Carta de la Organización, comprometiéndose, por consiguiente, a ir preparando los territorios coloniales dependientes del Estado español con el fin de que, a través de un período de promoción y desarrollo, pudieran alcanzar, en su día, la plena descolonización, que había sido acordada como uno de los objetivos de la Organización Internacional. En el año mil novecientos sesenta, España inició el envío de información sobre la situación y condición de sus territorios coloniales a las Naciones Unidas, aceptando considerar dichas dependencias como territorios no autónomos en vías de descolonización.

La Ley de Bases sobre el Régimen Autónomo, que fué aprobada por un referéndum celebrado el día quince de diciembre de mil novecientos sesenta y tres, supuso un primer paso importante en el proceso antes señalado al otorgar a la población natural de Guinea Ecuatorial un sistema de autogobierno limitado, que venía a significar el reconocimiento de la incipiente personalidad de Guinea Ecuatorial. El Gobierno español anunció oficialmente en aquella ocasión que España aceptaría modificar en todo momento el «status» político que entonces se instauraba cuando la población del territorio pusiera de manifiesto su deseo en ese sentido. Como consecuencia de que, en efecto, la población expresó en diversas ocasiones, y por diversos conductos, su deseo de alterar la relación jurídica que unía a Guinea Ecuatorial con España, se convocó el día treinta de octubre de mil novecientos sesenta y siete una Conferencia Constitucional, a cuya primera fase asistió la más amplía representación del pueblo guineano, con el fin de que,
con todas las garantías fuera posible conocer con precisión sus aspiraciones.

Fruto de los trabajos de dicha reunión fué el Decreto-ley tres/mil novecientos sesenta y ocho, de diecisiete de febrero, por el que se suspendía la aplicación del Régimen de Autonomía como consecuencia de haber decidido el Gobierno tomar en consideración las declaraciones formuladas por la representación guineana en la primera fase de la Conferencia Constitucional. El mismo texto legal dispuso la reunión de una segunda fase de la Conferencia. En la sesión de apertura de esa segunda fase, el Ministro de Asuntos Exteriores leyó una declaración, en nombre del Gobierno español, en la que se reafirmaba el propósito de conceder en mil novecientos sesenta y ocho la independencia a Guinea Ecuatorial, encargando a la Conferencia la elaboración de los textos constitucionales que deberán organizar la estructura y vida política del nuevo Estado.

Avanzados ya los trabajos de esa segunda fase y próximo el momento en que podrá ser aprobado el texto de la futura Constitución y de una Ley Electoral, parece oportuno adoptar la presente Ley con el fin de que el Gobierno de la Nación pueda contar con la autorización necesaria para ir dictando las disposiciones convenientes que permitan completar el proceso constitucional de Guinea Ecuatorial, culminando así la trayectoria descolonizadora de ese territorio.

En su virtud, y de conformidad con la Ley aprobada por las Cortes Españolas, vengo en sancionar:

Artículo único.

Se autoriza al Gobierno para conceder la independencia a la Guinea Ecuatorial y para adoptar las medidas procedentes a fin de completar, mediante la adecuada organización constitucional, su proceso de descolonización y a realizar la transferencia de competencia exigida por dicho proceso.

Dada en el Palacio de El Pardo a veintisiete de julio de mil novecientos sesenta y ocho.

FRANCISCO FRANCO

El Presidente de las Cortes,
ANTONIO ITURMENDI BAÑALES

Fuente: BOE

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El Secretario General que los militantes del PSOE elijan tiene que enfrentarse como primera gran prueba a unas elecciones municipales y autonómicas complicadas, donde el PP suele mantener sus feudos y donde la fragmentación de los partidos de izquierda puede ayudarle mucho en la primera pretensión.

Los grandes municipios y muchas autonomías se han ido despegando del voto socialista. Otras han empezado a hacerlo. Analistas políticos hay muchos y, aunque yo tengo mi opinión sobre el asunto, le dejo a los asesores del que sea el nuevo Secretario General ilustrarle sobre qué pasa en los grandes municipios y cómo remediarlo, aunque cada ciudad es un caso.

Yo solamente le hago “entrega” de estos dos interesantes cuadros donde se refleja el partido ganador en las autonomías que celebran elecciones juntas y en los veinticinco municipios más poblados (a fecha de 2014). Merece una mirada atenta.

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Fernando Ónega le hizo un gran favor a la causa de la República durante sus comentarios en la retransmisión de TVE de los actos de proclamación de Felipe VI: sus perlas, sus insinuaciones, su sumisión combinada con desdén clasista y su desconexión con la realidad han hechos más republicanos en un día que muchas semanas del caso Nóos.

El gran teórico contemporáneo de los autoritarismos fue el jurista alemán Carl Schmitt. Él mantenía que el pueblo podía expresar su voluntad no sólo mediante un sistema de voto individual y secreto (donde dejaba de ser pueblo para convertirse en suma de individuos) sino con igual y mayor validez también en actos de aclamación donde era el pueblo como un todo el que se expresa y no los individuos.

La doctrina de Schmitt fue acogida, conservada y desarrollada en España por un discípulo directo, Francisco Javier Conde, y transmitida a profesores y estudiantes tanto a través del Instituto de Estudios Políticos como en buena parte de las cátedras universitarias, como también en las organizaciones del movimiento y el sectores políticos católicos. No es extraño encontrar personas que hayan asumido, muchas veces sin darse cuenta, esa teoría de la expresión de la voluntad popular por medio del clamor como algo normal, no percibiendo que es un cuestionamiento radical de los fundamentos de las democracias liberales.

En el fondo la tentación de Ónega, reprimida a la vista de la escasa concurrencia, es necesaria para instituciones como la Monarquía, especialmente la de Felipe VI.

La narrativa de Juan Carlos I, conocida como Juancarlismo”, se fundaba en las siguientes ideas, que únicamente vamos a enunciar, pero no a enjuiciar.

1) El Rey abrió un proceso democratizador desde el Tardofranquismo renunciando al poder que le daban las Leyes Fundamentales para convertirse en un Rey ceremonial. Lo hizo porque consideraba que era lo mejor para la reconciliación entre los españoles, el progreso del país y la posibilidad de un Estado equiparable al resto de los de Europa Occidental.

2) Como Jefe del Estado tomó decisiones fundamentales para hacer posible una Transición ordenada que fuera asumible tanto para el aparato del régimen, especialmente para las Fuerzas Armadas, como para las fuerzas de oposición.

3) Pese a no necesitarlo, el Rey recibió la legitimidad democrática al aprobar los españoles de la Constitución de 1978 en referendum. Pasaba Juan Carlos I de ser nombrado por Franco a ser aceptado en las urnas por los españoles.

4) Haber sabido manejar los resortes políticos y militares necesarios para que en el momento en el que el nuevos sistema político entró en ruptura (23-F), se impidiese la involución a un sistema anterior o se intentara una hibridación de lo anterior con lo nuevo.

5) El Rey no es un personaje distante ni estirado: rompe continuamente el protocolo, le gusta el fútbol y vive la vida como lo haría la mayoría de los españoles si estuvieran en su lugar. Vamos, el Rey es campechano.

Esta narrativa ha funcionado hasta hace bien poco. Los dos hechos que han provocado la desintegración de ésta han sido la corrupción y el tiempo.

El caso Nóos, la imputación de la hija y del yerno del Rey y la sensación de avidez sin límites han cuestionado que la Monarquía sea mejor que esos políticos sobre los que teóricamente está. Pero de estas cosas se ha hablado siempre y la ciudadanía nunca ha sido ajena, aunque haya salido poco en los medios de comunicación, de que se comentaban cosas de negocios en el entorno regio.

Todo eso se ha perdonado por la fuerza de la narrativa. Lo que ha destrozado esta magistral justificación ha sido algo sencillo e inexorable: el paso del tiempo. Medio país no vivió la Transición o la vivió durante su infancia y han dicho que si los méritos contraídos en los años setenta y principios de los ochenta no caducan nunca, que si no hay que renovarlos de vez en cuando.

La Transición es algo muy lejano, pese a que TVE se ha esforzado en producir numerosas series y reportajes para que a nadie se le olvide nada que deba recordar. Los libros de Historia que estudian en la ESO y Bachillerato también la repiten, pero es eso, mera Historia.

La narrativa que se le ha ido deshaciendo entre las manos a Juan Carlos I no puede ser la de Felipe VI, sencillamente porque una cosa es heredar la corona y otras los méritos del padre. Nuestra época es diferente y la épica de nuestros días no es institucional, sino económica, que es poco lucida y que normalmente escapa a la esfera de acción normal de un monarca.

Evidentemente recuperar de la narrativa la aprobación en las urnas ni forma parte de lo que es una Monarquía hereditaria y si en el referendum de 1978 no se hubiese aprobado la Constitución la Monarquía habría continuado y se habría presentado otro proyecto de Constitución.

Lo único que le queda a Felipe VI es ganar el clamor popular, sacar masas a la calle para verlo y así reclamar para sí el favor del pueblo aunque sea a lo schmittiano. El entusiasmo es difícil inocularlo cuando todo el mundo es consciente de que sobre ti no recibe información sino propaganda, pero ahí tiene trabajo el Rey y sus asesores, trabajo amplio y costoso porque la demografía la tiene en contra: cada año que pasa hay más republicanos y menos personas que asocian al Rey a la democracia, más bien lo asocian a lo contrario.

El Juancarlismo fue un apuesta de la Monarquía y de muchas de las fuerzas que convergieron en la Transición para mantener y fortalecer al Rey en una sociedad que a priori podía perderle rápidamente el afecto.

El Juancarlismo tenía fecha de caducidad y todos los sabían y lo saben, y esa fecha ha llegado. El hecho de que la sucesión haya sido causada por la abdicación, además de por el desgaste sufrido estos años, se debe a que el rey Juan Carlos podrá sostener a los juancarlistas supervivientes como cierre del sistema, en vez de que el Rey se tenga que enfrentar a un escenario sin apoyos propios y sin tener respaldo alguno.

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Los medios han sido aleccionados desde que el Rey Juan Carlos anunció su abdicación y casi ninguno de ellos ha hablado de coronación, sino de proclamación antes las Cortes. Los reyes castellanos tradicionalmente han sido proclamados y no ha habido una ceremonia parecida a las coronaciones de otras monarquías, y menos a los grandes fastos de las monarquías inglesas o de los borbones franceses.

Pero nuestra monarquía es española y no castellana y en las otras monarquías españolas los rituales de inicio de Reinado eran diferentes. En Aragón se practicaba la autocoronación, mientras que en Navarra se daba el sacramental de la coronación y la unción de los reyes.

Es cierto que tanto la autocoronación como el sacramental de coronación y unción son muchos más aparatos que la proclamación en Cortes y se dan dentro de las iglesias, que es algo de lo que han huido con mucho instinto en esta ocasión. En todo caso nadie ha dicho nada de la aceptación de lo castellano como lo español.

Felipe de Borbón y Grecia adoptará el nombre de Felipe VI para reinar en España hasta que se proclame la III República. Pero como indicamos en la entrada anterior el ordinal elegido es propio de Castilla, porque como Reyes de Aragón solamente ha habido cuatro reyes llamados Felipe (Felipe El Hermoso solamente fue rey en Castilla) de tal forma que el todavía Príncipe Felipe sería Felipe V en Aragón

En cambio en Navarra había tenido reyes de nombre Felipe antes de la instalación de los Habsburgo, concretamente a tres. Para establecer el ordinal navarro hay que restar al ya mencionado Felipe I de Castilla, de manera que el jueves tendremos a Felipe VIII.

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Alan García, en la primera ocasión que fue Presidente del Perú, anunció solemnemente ante el congreso y vistiendo su banda presidencial que su país solamente iba a desembolsar en pago de la deuda una cantidad fija, el 10%, sobre el total de los ingresos por exportaciones. De hecho proclamó un impago.

Como lógicamente el Estado peruano perdió toda la financiación externa, recurrió a un mecanismo que había hecho furor durante las décadas anteriores: la emisión de moneda para pagar los compromisos del Estado. La inflación fue tal que hubo que cambiar en dos ocasiones de moneda, una decisión que no aportó ninguna solución.

Muchos han criticado desde los sectores más a la izquierda la reforma constitucional que tuvo como resultado el actual artículo 135 de la Constitución. Acusan a los que la apoyaron de ceder ante los mercados y el neoliberalismos y contraponer sus intereses a los de los españoles.

Básicamente el artículo 135 de la Constitución establece que España se compromete a pagar su deuda pública y que ningún Presidente tendrá poder para presentarse ante las Cortes Generales y decir que dejamos de pagar la deuda. Luego vienen una serie de disposiciones sobre control presupuestario a modo de refuerzo.

Que un país se comprometa a pagar sus deudas no creo que sea malo ni reprobable. Que los que nos prestan su dinero, en muchas ocasiones nosotros mismos, quieren que les sea devuelto con los intereses acordados no se pueden juzgar como algo desproporcionado: todos queremos que nos devuelvan el dinero y con intereses si así lo pactamos.

Las consecuencias de no pagar son muy sencillas: nadie te vuelve a prestar porque se arriesgan a perder su dinero.

Un Estado cuyo presupuesto tiene que estar en déficit, como el español en la actualidad, necesita de dinero prestado para tener dinero con el que pagar lo que no consigue ingresar.

Incluso cuando un Estado tiene un presupuesto equilibrado o un presupuesto con superávit necesita de la deuda. ¿Por qué? Porque ese Estado puede necesitar dinero para hacer determinadas inversiones que supera su capacidad anual.

Hay una necesidad común a todos los Estados, independientemente de que se encuentren en superávit o déficit; ningún Estado dispone de todos los ingresos el primer día del ejercicio presupuestario de tal forma que en ocasiones tiene que recurrir a préstamos a corto plazo para algo tan vano como pagar a tiempo sueldos o pensiones a la espera de los ingresos que le permitirán devolver lo recibido.

Si uno no paga su deuda ni podrá financiar su déficit, ni tendrá esos préstamos a corto que te permiten llegar a tiempo en pagos perentorios como son los sueldos de los empleados públicos y las pensiones.

Decir que la reforma del artículo 135 de la Constitución ataca los servicios públicos y a las prestaciones sociales es radicalmente falso. Esta reforma lo que nos ha garantizado es que nos presten dinero para pagar a las personas que hacen posibles esos servicios públicos y poder atender el pago de la mayor prestación social que en España son las pensiones.

El PSOE no debería avergonzarse ni mirar para otro lado cuando desde más allá de la Socialdemocracia se le acusa por haber impulsado y apoyado esta reforma constitucional. Debería enorgullerse, debería defenderla y decir las cosas por su nombre.

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Ha muerto Adolfo Suárez. Una muerte prevista, incluso avisada, que va a permitir que todos los medios saquen sus especiales necrológicos en el instante. Suárez ha muerto hoy pero el silencio se lo llevó hace mucho tiempo. Ese silencio se lo llevo con dos décadas de antelación, pero lo preservó para la Historia, para el mito, por cínico que pueda resultar decirlo hoy y ahora.

Desde que Suárez se retiró de la vida pública, justo después de la pérdida irreparable de representación territorial del CDS, se comenzó a construir un mito. Un mito que como todos los que toca la política es un mito legitimador y a la vez un mito deslegitimador.

Legitimador de lo que se considera que es la principal obra de Suárez: el actual sistema político y sobre todo del proceso de engendramiento de este sistema. El mito nos dice que la Transición fue una edad de oro de la política española y que en medio de maldades, Suárez supo capitanear, bajo la sabia presencia del Rey, a un grupo excelente de líderes políticos que supieron dejarlo todo a un lado por el “bien común”.

La Historia fue diferente. Hubo generosidad política de todos y a veces a pesar de todos, pero también abundaron decisiones vergonzosas. Hubo sacrificios políticos y personales, pero pocos por parte de los miembros del régimen y muchos por los todavía desmemoriados.

La Historia de la Transición fue convulsa y la vida cotidiana en aquellos años dependía de la suerte de cada cual, pero no fue una fiesta y por algo Suárez tuvo que dimitir y comenzar de nuevo con un puñado de fieles. Por algo la UCD desapareció.

Nací en 1974 y para mí todo ese periodo es el de mi infancia y los primeros años de colegio. Sí recuerdo la dimisión televisada de Suárez, el intento de golpe, pero nada más. Para mí y para las generaciones posteriores a la mía es Historia, pero están intentando que sea mito impoluto.

Suárez, como lo pinta magistralmente Cercas, fue el icono de todo un régimen (que sumaba muchos millones de españoles) que querían modernidad atemperada, que quería bienestar pero sin riesgos y que quería seguridad en todos los aspectos de la vida. Todo ello frente a otra parte de la sociedad que quería cambios más profundos. Ganaron los primeros porque, con la perspectiva de los años, ya podemos afirmar que sí hubo ganadores y perdedores en la Transición.

La obra de Suárez fue enorme, porque contener a los trogloditas del régimen bien podría haber sido uno de los trabajos de Hércules (o ser convalidado por tres de ellos). La derecha española encontró en Suárez su principal dificultad para que nada realmente cambiase, para que el régimen se perpetuase en una alguna forma grotesca, para que muchos se siguieran callando cuatro décadas más.

Nadie como él, conocedor de los resortes del poder tardofranquista, así como de los pocos que daban la importancia que tenía a la televisión (fue director de RTVE seis años) para generar imaginarios, para frenar a todo tipo de fauna jurásica que habitaba y habita el Ejército, la Iglesia y la Administración. Sabía donde tocarles, generalmente en los privilegios que no se modificaron, para contentarles en lo inconfesable para contenerlos en lo público.

Suárez supo manejarse con esos márgenes, avanzando y conservando hasta que una sociedad y la economía lo vieron como un lastre. El mito soslaya un hecho evidente: perdió cinco millones seiscientos mil de votos en tres años, el 90% de los votos recibidos por él en 1979.

Pero todo ello se obviará como incómodo e incluso como insultante en el momento de su muerte. Los que hicieron caer a Suárez (todos salvo Gutiérrez Mellado y él) no fueron marionetas de un “fatum” malévolo; lo hicieron también en conciencia, unos por considerar que solamente la derecha podía salvarse sin Suárez y otros porque deseaban poder llevar a cabo su programa de izquierda: todas posiciones legítimas.

Descartar los méritos no debe ser excusa para barnizar unos años importantísimos y realizar un cierre canónico que imposibilite el acercamiento crítico y científico a ese periodo. Conceder no es ceder.

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