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Archive for the ‘Historia’ Category

Uno de los debates cíclicos más insufribles que tenemos en España es el referente a la legalidad o constitucionalidad de las diversas banderas que nuestro país ha tenido durante el siglo XX. La tesis que mantenemos en la presente entrada es que ninguna de ellas ni es ilegal ni es inconstitucional y en algunos casos solamente sería ilegal un uso muy concreto de ellas.

El diseño de la bandera española está regulado por el artículo 4 de la Constitución que coincide con el diseño anterior. Este precepto no menciona el escudo. El escudo era el establecido en la Regla 2 del Reglamento de banderas y estandartes, guiones, insignias y distintivos aprobado por Real Decreto 1511/1977, en definitiva una versión del “Águila de San Juan”.

La bandera de España y su escudo fue el definido en el referido Reglamento hasta la Ley 37/1981 que estableció el actual escudo de España. Desde finales de 1978 hasta el 8 de noviembre de 1981 el “Águila de San Juan” fue el escudo constitucional de España. A partir de ese día dejó de ser el escudo de España a ser un escudo histórico.

La bandera republicana fue bandera de España durante la II República. Fue la bandera oficial mientras pervivió la II República, siendo utilizada por las instituciones y embajadas en el exilio, pero desde la Transición no ha sido recuperada su oficialidad ni siquiera de una forma limitada.

La bandera republicana y la bandera con el “Águila de San Juan” con ambas banderas históricas españolas y ninguna de ellas son ilegales ni mucho menos inconstitucionales.

Solamente entrarían en el terreno de la ilicitud si se empleasen para representar a la bandera de España en las instituciones que tienen que usar la bandera definida por la Constitución con el escudo definido por la Ley 37/1981, como sería ondearla cualquiera de las dos en edificios públicos, acuertelamientos o navíos. Que alguien la lleve por la calle o la tenga en su casa no tiene ninguna más relevancia jurídica que si uno ondea en su balcón la bandera de la marina mercante aprobada por Carlos III.

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Al ingresar España en las Naciones Unidas como miembro de pleno derecho en el año mil novecientos cincuenta y cinco, aceptó voluntariamente las obligaciones que imponía la Carta de la Organización, comprometiéndose, por consiguiente, a ir preparando los territorios coloniales dependientes del Estado español con el fin de que, a través de un período de promoción y desarrollo, pudieran alcanzar, en su día, la plena descolonización, que había sido acordada como uno de los objetivos de la Organización Internacional. En el año mil novecientos sesenta, España inició el envío de información sobre la situación y condición de sus territorios coloniales a las Naciones Unidas, aceptando considerar dichas dependencias como territorios no autónomos en vías de descolonización.

La Ley de Bases sobre el Régimen Autónomo, que fué aprobada por un referéndum celebrado el día quince de diciembre de mil novecientos sesenta y tres, supuso un primer paso importante en el proceso antes señalado al otorgar a la población natural de Guinea Ecuatorial un sistema de autogobierno limitado, que venía a significar el reconocimiento de la incipiente personalidad de Guinea Ecuatorial. El Gobierno español anunció oficialmente en aquella ocasión que España aceptaría modificar en todo momento el «status» político que entonces se instauraba cuando la población del territorio pusiera de manifiesto su deseo en ese sentido. Como consecuencia de que, en efecto, la población expresó en diversas ocasiones, y por diversos conductos, su deseo de alterar la relación jurídica que unía a Guinea Ecuatorial con España, se convocó el día treinta de octubre de mil novecientos sesenta y siete una Conferencia Constitucional, a cuya primera fase asistió la más amplía representación del pueblo guineano, con el fin de que,
con todas las garantías fuera posible conocer con precisión sus aspiraciones.

Fruto de los trabajos de dicha reunión fué el Decreto-ley tres/mil novecientos sesenta y ocho, de diecisiete de febrero, por el que se suspendía la aplicación del Régimen de Autonomía como consecuencia de haber decidido el Gobierno tomar en consideración las declaraciones formuladas por la representación guineana en la primera fase de la Conferencia Constitucional. El mismo texto legal dispuso la reunión de una segunda fase de la Conferencia. En la sesión de apertura de esa segunda fase, el Ministro de Asuntos Exteriores leyó una declaración, en nombre del Gobierno español, en la que se reafirmaba el propósito de conceder en mil novecientos sesenta y ocho la independencia a Guinea Ecuatorial, encargando a la Conferencia la elaboración de los textos constitucionales que deberán organizar la estructura y vida política del nuevo Estado.

Avanzados ya los trabajos de esa segunda fase y próximo el momento en que podrá ser aprobado el texto de la futura Constitución y de una Ley Electoral, parece oportuno adoptar la presente Ley con el fin de que el Gobierno de la Nación pueda contar con la autorización necesaria para ir dictando las disposiciones convenientes que permitan completar el proceso constitucional de Guinea Ecuatorial, culminando así la trayectoria descolonizadora de ese territorio.

En su virtud, y de conformidad con la Ley aprobada por las Cortes Españolas, vengo en sancionar:

Artículo único.

Se autoriza al Gobierno para conceder la independencia a la Guinea Ecuatorial y para adoptar las medidas procedentes a fin de completar, mediante la adecuada organización constitucional, su proceso de descolonización y a realizar la transferencia de competencia exigida por dicho proceso.

Dada en el Palacio de El Pardo a veintisiete de julio de mil novecientos sesenta y ocho.

FRANCISCO FRANCO

El Presidente de las Cortes,
ANTONIO ITURMENDI BAÑALES

Fuente: BOE

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El Secretario General que los militantes del PSOE elijan tiene que enfrentarse como primera gran prueba a unas elecciones municipales y autonómicas complicadas, donde el PP suele mantener sus feudos y donde la fragmentación de los partidos de izquierda puede ayudarle mucho en la primera pretensión.

Los grandes municipios y muchas autonomías se han ido despegando del voto socialista. Otras han empezado a hacerlo. Analistas políticos hay muchos y, aunque yo tengo mi opinión sobre el asunto, le dejo a los asesores del que sea el nuevo Secretario General ilustrarle sobre qué pasa en los grandes municipios y cómo remediarlo, aunque cada ciudad es un caso.

Yo solamente le hago “entrega” de estos dos interesantes cuadros donde se refleja el partido ganador en las autonomías que celebran elecciones juntas y en los veinticinco municipios más poblados (a fecha de 2014). Merece una mirada atenta.

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Fernando Ónega le hizo un gran favor a la causa de la República durante sus comentarios en la retransmisión de TVE de los actos de proclamación de Felipe VI: sus perlas, sus insinuaciones, su sumisión combinada con desdén clasista y su desconexión con la realidad han hechos más republicanos en un día que muchas semanas del caso Nóos.

El gran teórico contemporáneo de los autoritarismos fue el jurista alemán Carl Schmitt. Él mantenía que el pueblo podía expresar su voluntad no sólo mediante un sistema de voto individual y secreto (donde dejaba de ser pueblo para convertirse en suma de individuos) sino con igual y mayor validez también en actos de aclamación donde era el pueblo como un todo el que se expresa y no los individuos.

La doctrina de Schmitt fue acogida, conservada y desarrollada en España por un discípulo directo, Francisco Javier Conde, y transmitida a profesores y estudiantes tanto a través del Instituto de Estudios Políticos como en buena parte de las cátedras universitarias, como también en las organizaciones del movimiento y el sectores políticos católicos. No es extraño encontrar personas que hayan asumido, muchas veces sin darse cuenta, esa teoría de la expresión de la voluntad popular por medio del clamor como algo normal, no percibiendo que es un cuestionamiento radical de los fundamentos de las democracias liberales.

En el fondo la tentación de Ónega, reprimida a la vista de la escasa concurrencia, es necesaria para instituciones como la Monarquía, especialmente la de Felipe VI.

La narrativa de Juan Carlos I, conocida como Juancarlismo”, se fundaba en las siguientes ideas, que únicamente vamos a enunciar, pero no a enjuiciar.

1) El Rey abrió un proceso democratizador desde el Tardofranquismo renunciando al poder que le daban las Leyes Fundamentales para convertirse en un Rey ceremonial. Lo hizo porque consideraba que era lo mejor para la reconciliación entre los españoles, el progreso del país y la posibilidad de un Estado equiparable al resto de los de Europa Occidental.

2) Como Jefe del Estado tomó decisiones fundamentales para hacer posible una Transición ordenada que fuera asumible tanto para el aparato del régimen, especialmente para las Fuerzas Armadas, como para las fuerzas de oposición.

3) Pese a no necesitarlo, el Rey recibió la legitimidad democrática al aprobar los españoles de la Constitución de 1978 en referendum. Pasaba Juan Carlos I de ser nombrado por Franco a ser aceptado en las urnas por los españoles.

4) Haber sabido manejar los resortes políticos y militares necesarios para que en el momento en el que el nuevos sistema político entró en ruptura (23-F), se impidiese la involución a un sistema anterior o se intentara una hibridación de lo anterior con lo nuevo.

5) El Rey no es un personaje distante ni estirado: rompe continuamente el protocolo, le gusta el fútbol y vive la vida como lo haría la mayoría de los españoles si estuvieran en su lugar. Vamos, el Rey es campechano.

Esta narrativa ha funcionado hasta hace bien poco. Los dos hechos que han provocado la desintegración de ésta han sido la corrupción y el tiempo.

El caso Nóos, la imputación de la hija y del yerno del Rey y la sensación de avidez sin límites han cuestionado que la Monarquía sea mejor que esos políticos sobre los que teóricamente está. Pero de estas cosas se ha hablado siempre y la ciudadanía nunca ha sido ajena, aunque haya salido poco en los medios de comunicación, de que se comentaban cosas de negocios en el entorno regio.

Todo eso se ha perdonado por la fuerza de la narrativa. Lo que ha destrozado esta magistral justificación ha sido algo sencillo e inexorable: el paso del tiempo. Medio país no vivió la Transición o la vivió durante su infancia y han dicho que si los méritos contraídos en los años setenta y principios de los ochenta no caducan nunca, que si no hay que renovarlos de vez en cuando.

La Transición es algo muy lejano, pese a que TVE se ha esforzado en producir numerosas series y reportajes para que a nadie se le olvide nada que deba recordar. Los libros de Historia que estudian en la ESO y Bachillerato también la repiten, pero es eso, mera Historia.

La narrativa que se le ha ido deshaciendo entre las manos a Juan Carlos I no puede ser la de Felipe VI, sencillamente porque una cosa es heredar la corona y otras los méritos del padre. Nuestra época es diferente y la épica de nuestros días no es institucional, sino económica, que es poco lucida y que normalmente escapa a la esfera de acción normal de un monarca.

Evidentemente recuperar de la narrativa la aprobación en las urnas ni forma parte de lo que es una Monarquía hereditaria y si en el referendum de 1978 no se hubiese aprobado la Constitución la Monarquía habría continuado y se habría presentado otro proyecto de Constitución.

Lo único que le queda a Felipe VI es ganar el clamor popular, sacar masas a la calle para verlo y así reclamar para sí el favor del pueblo aunque sea a lo schmittiano. El entusiasmo es difícil inocularlo cuando todo el mundo es consciente de que sobre ti no recibe información sino propaganda, pero ahí tiene trabajo el Rey y sus asesores, trabajo amplio y costoso porque la demografía la tiene en contra: cada año que pasa hay más republicanos y menos personas que asocian al Rey a la democracia, más bien lo asocian a lo contrario.

El Juancarlismo fue un apuesta de la Monarquía y de muchas de las fuerzas que convergieron en la Transición para mantener y fortalecer al Rey en una sociedad que a priori podía perderle rápidamente el afecto.

El Juancarlismo tenía fecha de caducidad y todos los sabían y lo saben, y esa fecha ha llegado. El hecho de que la sucesión haya sido causada por la abdicación, además de por el desgaste sufrido estos años, se debe a que el rey Juan Carlos podrá sostener a los juancarlistas supervivientes como cierre del sistema, en vez de que el Rey se tenga que enfrentar a un escenario sin apoyos propios y sin tener respaldo alguno.

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Los medios han sido aleccionados desde que el Rey Juan Carlos anunció su abdicación y casi ninguno de ellos ha hablado de coronación, sino de proclamación antes las Cortes. Los reyes castellanos tradicionalmente han sido proclamados y no ha habido una ceremonia parecida a las coronaciones de otras monarquías, y menos a los grandes fastos de las monarquías inglesas o de los borbones franceses.

Pero nuestra monarquía es española y no castellana y en las otras monarquías españolas los rituales de inicio de Reinado eran diferentes. En Aragón se practicaba la autocoronación, mientras que en Navarra se daba el sacramental de la coronación y la unción de los reyes.

Es cierto que tanto la autocoronación como el sacramental de coronación y unción son muchos más aparatos que la proclamación en Cortes y se dan dentro de las iglesias, que es algo de lo que han huido con mucho instinto en esta ocasión. En todo caso nadie ha dicho nada de la aceptación de lo castellano como lo español.

Felipe de Borbón y Grecia adoptará el nombre de Felipe VI para reinar en España hasta que se proclame la III República. Pero como indicamos en la entrada anterior el ordinal elegido es propio de Castilla, porque como Reyes de Aragón solamente ha habido cuatro reyes llamados Felipe (Felipe El Hermoso solamente fue rey en Castilla) de tal forma que el todavía Príncipe Felipe sería Felipe V en Aragón

En cambio en Navarra había tenido reyes de nombre Felipe antes de la instalación de los Habsburgo, concretamente a tres. Para establecer el ordinal navarro hay que restar al ya mencionado Felipe I de Castilla, de manera que el jueves tendremos a Felipe VIII.

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Alan García, en la primera ocasión que fue Presidente del Perú, anunció solemnemente ante el congreso y vistiendo su banda presidencial que su país solamente iba a desembolsar en pago de la deuda una cantidad fija, el 10%, sobre el total de los ingresos por exportaciones. De hecho proclamó un impago.

Como lógicamente el Estado peruano perdió toda la financiación externa, recurrió a un mecanismo que había hecho furor durante las décadas anteriores: la emisión de moneda para pagar los compromisos del Estado. La inflación fue tal que hubo que cambiar en dos ocasiones de moneda, una decisión que no aportó ninguna solución.

Muchos han criticado desde los sectores más a la izquierda la reforma constitucional que tuvo como resultado el actual artículo 135 de la Constitución. Acusan a los que la apoyaron de ceder ante los mercados y el neoliberalismos y contraponer sus intereses a los de los españoles.

Básicamente el artículo 135 de la Constitución establece que España se compromete a pagar su deuda pública y que ningún Presidente tendrá poder para presentarse ante las Cortes Generales y decir que dejamos de pagar la deuda. Luego vienen una serie de disposiciones sobre control presupuestario a modo de refuerzo.

Que un país se comprometa a pagar sus deudas no creo que sea malo ni reprobable. Que los que nos prestan su dinero, en muchas ocasiones nosotros mismos, quieren que les sea devuelto con los intereses acordados no se pueden juzgar como algo desproporcionado: todos queremos que nos devuelvan el dinero y con intereses si así lo pactamos.

Las consecuencias de no pagar son muy sencillas: nadie te vuelve a prestar porque se arriesgan a perder su dinero.

Un Estado cuyo presupuesto tiene que estar en déficit, como el español en la actualidad, necesita de dinero prestado para tener dinero con el que pagar lo que no consigue ingresar.

Incluso cuando un Estado tiene un presupuesto equilibrado o un presupuesto con superávit necesita de la deuda. ¿Por qué? Porque ese Estado puede necesitar dinero para hacer determinadas inversiones que supera su capacidad anual.

Hay una necesidad común a todos los Estados, independientemente de que se encuentren en superávit o déficit; ningún Estado dispone de todos los ingresos el primer día del ejercicio presupuestario de tal forma que en ocasiones tiene que recurrir a préstamos a corto plazo para algo tan vano como pagar a tiempo sueldos o pensiones a la espera de los ingresos que le permitirán devolver lo recibido.

Si uno no paga su deuda ni podrá financiar su déficit, ni tendrá esos préstamos a corto que te permiten llegar a tiempo en pagos perentorios como son los sueldos de los empleados públicos y las pensiones.

Decir que la reforma del artículo 135 de la Constitución ataca los servicios públicos y a las prestaciones sociales es radicalmente falso. Esta reforma lo que nos ha garantizado es que nos presten dinero para pagar a las personas que hacen posibles esos servicios públicos y poder atender el pago de la mayor prestación social que en España son las pensiones.

El PSOE no debería avergonzarse ni mirar para otro lado cuando desde más allá de la Socialdemocracia se le acusa por haber impulsado y apoyado esta reforma constitucional. Debería enorgullerse, debería defenderla y decir las cosas por su nombre.

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Ha muerto Adolfo Suárez. Una muerte prevista, incluso avisada, que va a permitir que todos los medios saquen sus especiales necrológicos en el instante. Suárez ha muerto hoy pero el silencio se lo llevó hace mucho tiempo. Ese silencio se lo llevo con dos décadas de antelación, pero lo preservó para la Historia, para el mito, por cínico que pueda resultar decirlo hoy y ahora.

Desde que Suárez se retiró de la vida pública, justo después de la pérdida irreparable de representación territorial del CDS, se comenzó a construir un mito. Un mito que como todos los que toca la política es un mito legitimador y a la vez un mito deslegitimador.

Legitimador de lo que se considera que es la principal obra de Suárez: el actual sistema político y sobre todo del proceso de engendramiento de este sistema. El mito nos dice que la Transición fue una edad de oro de la política española y que en medio de maldades, Suárez supo capitanear, bajo la sabia presencia del Rey, a un grupo excelente de líderes políticos que supieron dejarlo todo a un lado por el “bien común”.

La Historia fue diferente. Hubo generosidad política de todos y a veces a pesar de todos, pero también abundaron decisiones vergonzosas. Hubo sacrificios políticos y personales, pero pocos por parte de los miembros del régimen y muchos por los todavía desmemoriados.

La Historia de la Transición fue convulsa y la vida cotidiana en aquellos años dependía de la suerte de cada cual, pero no fue una fiesta y por algo Suárez tuvo que dimitir y comenzar de nuevo con un puñado de fieles. Por algo la UCD desapareció.

Nací en 1974 y para mí todo ese periodo es el de mi infancia y los primeros años de colegio. Sí recuerdo la dimisión televisada de Suárez, el intento de golpe, pero nada más. Para mí y para las generaciones posteriores a la mía es Historia, pero están intentando que sea mito impoluto.

Suárez, como lo pinta magistralmente Cercas, fue el icono de todo un régimen (que sumaba muchos millones de españoles) que querían modernidad atemperada, que quería bienestar pero sin riesgos y que quería seguridad en todos los aspectos de la vida. Todo ello frente a otra parte de la sociedad que quería cambios más profundos. Ganaron los primeros porque, con la perspectiva de los años, ya podemos afirmar que sí hubo ganadores y perdedores en la Transición.

La obra de Suárez fue enorme, porque contener a los trogloditas del régimen bien podría haber sido uno de los trabajos de Hércules (o ser convalidado por tres de ellos). La derecha española encontró en Suárez su principal dificultad para que nada realmente cambiase, para que el régimen se perpetuase en una alguna forma grotesca, para que muchos se siguieran callando cuatro décadas más.

Nadie como él, conocedor de los resortes del poder tardofranquista, así como de los pocos que daban la importancia que tenía a la televisión (fue director de RTVE seis años) para generar imaginarios, para frenar a todo tipo de fauna jurásica que habitaba y habita el Ejército, la Iglesia y la Administración. Sabía donde tocarles, generalmente en los privilegios que no se modificaron, para contentarles en lo inconfesable para contenerlos en lo público.

Suárez supo manejarse con esos márgenes, avanzando y conservando hasta que una sociedad y la economía lo vieron como un lastre. El mito soslaya un hecho evidente: perdió cinco millones seiscientos mil de votos en tres años, el 90% de los votos recibidos por él en 1979.

Pero todo ello se obviará como incómodo e incluso como insultante en el momento de su muerte. Los que hicieron caer a Suárez (todos salvo Gutiérrez Mellado y él) no fueron marionetas de un “fatum” malévolo; lo hicieron también en conciencia, unos por considerar que solamente la derecha podía salvarse sin Suárez y otros porque deseaban poder llevar a cabo su programa de izquierda: todas posiciones legítimas.

Descartar los méritos no debe ser excusa para barnizar unos años importantísimos y realizar un cierre canónico que imposibilite el acercamiento crítico y científico a ese periodo. Conceder no es ceder.

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La “reductio in Hitlerum” anda camino de convertirse en el elemento explicativo de cualquier crisis internacional con resonancias bélicas que se da con países del primer mundo o medianamente poderosos implicados. Todo lo que sucede es una réplica de los años anteriores a 1939, con su Hitler, su Churchill y su Chamberlain, por supuesto.

Recuerdo cuando la Segunda Guerra del Golfo se hablaba de parar los pies a tiempo a los tiranos y no hacer acuerdos con ellos porque eso solamente nos podía llevar a un mal mayor. Hitler era Sadam, Churchill era el interlocutor que estaba a favor de la guerra (o los estados que se involucraron en ella) y la cruz de ser Chamberlain era para el interlocutor que planteaba objeciones (o para los estados que se opusieron a ella).

Reductio in Hitlerum
Durante la tarde de hoy ha circulado un retuit de la imagen situada sobre este párrafo donde se recurre a lo de siempre, pero con el sabor de poner a Slobodan Milosevic, por si a alguno Hitler le empezaba a caer un poco lejano. Pero no, Putin no es Hitler, ni los ahora gobernantes ucranianos unos angelitos inocentes en manos del nazismo, ni Europa está buscando a su Churchill. Han pasado muchas cosas y la historia no se repite, sobre todo, porque al conocerla modifica ya nuestra percepción. Tampoco Rusia es la Alemania de los años treinta, ni Ucrania es Checoslovaquia o Polonia, ni  Crimera es la ciudad de Danzig.

Evidentemente se buscan patrones, relaciones, causas comunes dentro de las Relaciones Internacionales, pero que todo lo que nos quede de vida y de conflicto internacional sea una mera repetición de lo acontecido desde los Sudetes al 1 de septiembre de 1939 es de una flojera intelectual digna de Wert y sus secuaces.

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El Banco de Inglaterra ha anunciado que va a tomar medidas que propicien el crecimiento aunque éstas tengan como consecuencia el aumento de la inflación. Algo que ahora es totalmente impensable por parte de la sucursal del Bundesbank que es el Banco Central Europeo.

Los alemanes tienen un miedo tremendo a la inflación. Un miedo del que han conseguido contagiar a las opiniones públicas de otros países. A la inflación hay que tenerle respeto, no hay que jugar con ella pero tampoco debería ser un tabú.

Esta relación de los alemanes con la inflación proviene no de los dominios económicos, sino de los morales, sociológicos e históricos. Hubo una vez un pueblo que hizo ganar tres veces las elecciones a un partido de indeseables, vestidos con uniformes pardos, que en el poder eliminaron a sus adversarios políticos, organizaron una política expansionista en Europa, prepararon y ejecutaron un terrible Genocidio y comenzaron la guerra más terrible de la Historia.

Como eliminaron las elecciones, gracias a las elecciones y a los partidos del centro y de la derecha del Parlamento, los alemanes no pudieron pronunciarse políticamente hasta después de la Guerra, y sólo en la zona Occidental. Los alemanes (salvo cuatro militares prusianos, tres estudiantes bávaros, dos pastores evangélicos y un obispo católico) no se pronunciaron de ninguna forma y es más, dieron toda la adhesión al régimen construido hasta el último minuto.

Los alemanes, sin duda, son un pueblo con grandes aportaciones científicas y culturales y tiene, como pueblo, admiradores y partidarios en todas las élites europeas y americanas. Estos germanófilos no podían creerse que sus idolatrados germanos desarrollaran las agresiones que desarrollaron, las matanzas que llevaron a cabo y fueron los culpables de la destrucción de Europa.

Comenzó dentro y fuera de Alemania una campaña de exoneración de los alemanes de sus responsabilidades. El primer paso fue la diferenciación entre alemanes y nazis, una diferenciación obvia pero parcial que se explotó hasta hacerla la guerra general. Era evidente que no todos los alemanes eran nazis y mucho menos miembros de su partido, pero el grupo de los nazis fue reduciéndose tanto (se excluía hasta a los que voluntariamente se habían afiliado) que daba la impresión que siete personas eran los que se habían hecho con el poder absoluto en Alemania y que los nazis habían llegado en una nave espacial para hacerse con el poder.

El segundo mecanismo, que realmente fue simultáneo, consistió en afirmar que realmente los alemanes no se enteraron de nada, más allá de las consecuencias del conflicto bélico. De repente ningún alemán, ni ascendiente, había estado siquiera en las Fuerzas Armadas y todos habían cumplido su servicio en unidades auxiliares, en la Cruz Roja o en el metro de Berlín (como se retrata magistralmente en la película de 1961 ‘Uno, dos, tres’ de Billy Wilder).

Este segundo mecanismo tuvo éxito, por más que una breve visita a Dachau desmonte esta idea. Pero persistía la necesidad de justificar del ascenso al poder de Hitler y sus secuaces una vez fracasada el argumento del desembarco de marcianos antes expuesto.

¿Por qué los alemanes votaron a ese personal? Una buena parte de los que trataron este tema atacaron directamente a la República de Weimar y a sus instituciones por no ser capaces de parar a los nazis.

Rápidamente coincidieron en sus argumentos con todos esos junkers y conservadores que, capitaneados intelectualmente por autores como Carl Schmitt y políticamente por personajes como von Papen y von Hindenburg, planteaban que la situación política era una consecuencia inherente del régimen democrático y parlamentario. Estos y los apoyos parlamentarios fueron los que entregaron todo el poder a Hitler en una infame Ley de Plenos Poderes. Lo hicieron porque culpaban a la democracia parlamentaria de la inestabilidad política que ellos y los grupos extremistas provocaban. Culpaban a la democracia de los males que ellos mismos causaban, como Chaves Nogales dijo de la dura derecha francesa antes de la caída, pocos años después.

La conclusión de que la responsabilidad moral era culpa de la Constitución de 1919 (un texto inspirador para todo el constitucionalismo de todo el siglo XX) y del propio régimen democrático, salvaba a los alemanes, pero condenaba a la Democracia y justificaba en cierto sentido a los criminales y legitimada el golpismo como medida.

Había que descartar esta nueva eximente del pueblo alemán. Alguien cayó en que la economía en el periodo de después de la Primera Guerra Mundial había sido muy mala y se fijaron en la hiperinflación de principio de los años veinte, debida al descontrol en la emisión de moneda entre otras causas. Tras un periodo de estabilización llegó el Crack de 1929 y sus consecuencias en todo el mundo.

Obviado curiosamente el “Crack”, todo el periodo de Weimar fue puesto bajo el prisma de la inflación. Los alemanes, acuciados por una situación económica penosa, se lanzaron en manos de un redentor por culpa de algo tan anónimo e impersonal como es la inflación. Fue la inflación o la hiperinflación quien votó a los nazis en los años treinta y no millones de alemanes, que fueron solamente meras marionetas en manos de este demiurgo económico.

La inflación debe ser controlada no únicamente porque se desprendan normalmente consecuencias positivas para la economía, sino, sobre todo, para que la inflación no cree en Alemania y por ende en toda Europa regímenes como el nazi. Mantener una política coyuntural de moderada inflación supone abrirle la puerta al totalitarismo nuevamente en Europa porque es la inflación y no las personas quien votan ya que fue la inflación y no los alemanes quienes le dieron millones de votos a Hitler.

Una moderada política inflacionaria que restableciera el crecimiento económico, desmentiría la exoneración histórica de los alemanes.

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El otro día Ignacio Escolar describía posibles escenarios políticos después de la aparición de la ‘Contabilidad B’ del Partido Popular. Él apostaba, como hacemos muchos, porque Mariano Rajoy intentará aguantar hasta 2015 parapetado en la mayoría absoluta que los españoles le dieron el 11 de noviembre de 2011.

Mariano Rajoy ha demostrado que es incombustible y que las críticas y que el sitio político no le afecta lo más mínimo: ha aprendido que aguantando en la política española se llega a todas partes.

A esto se une que nuestros partidos políticos no tienen un método muy claro para echar a sus líderes si no se quieren ir o en un tormentoso congreso después de años de sectores críticos.

He leído interesantes entradas sobre cuáles son las circunstancias en las que Rajoy puede caer y creo que todo se resume a algo más sencillo: Rajoy solamente caerá si es previsible que el PP se dé una monumental castaña electoral (tipo UCD en 1982) y sus líderes regionales y locales intenten un ‘lo que sea’ para evitar el colapso y/o la fragmentación.

Podemos traer a colación dos procedentes: la dimisión de Adolfo Suárez y la caída de Hernández Mancha para ver que en ambas hay un actor que en el caso de Rajoy parece que todavía no se ha pronunciado.

En la caída de Adolfo Suárez, no es ningún secreto, que tuvo mucho que ver la desafección que a principio de los ochentas le tenía la persona que en 1976 le había hecho Presidente: el Rey. El último apoyo desapareció en medio de la sublevación general de los líderes y de los diputados de la UCD. Piénsese que en la UCD existía la sensación de que ellos o la revolución comunista y que, por tanto, como la Democracia Cristiana italiana, no se podían permitir perder el poder.

A finales de los ochenta y con la derecha política electoralmente atascada, Fraga se marchó y colocó en la Presidencia de AP (el PP actual) a Antonio Hernández Mancha. El experimento no funcionó y quien lo nombró decidió quitarlo rápido y modificar lo que había sido su primera elección. Hernández Mancha cayó y fue precipitado por el hacedor de su partido.

La derecha española busca de tener hombres fuertes en la sombra: la UCD tenía el suyo y el PP ha tenido otro hasta su fallecimiento. Ahora el hombre fuerte del PP es José María Aznar, un verdadero mito entre los populares, que sigue teniendo los resortes íntimos del partido y que nombró a Mario Rajoy. Mientras Aznar no haga ni diga nada, Rajoy puede estar tranquilo de que podrá llegar tranquilamente a 2015, pero como el Presidente Honorario vea el desastre, entonces Rajoy dimitirá con una celeridad que nunca antes ha conocido antes de verse humillado públicamente por los suyos.

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