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Archive for the ‘Historia’ Category

Con ocasión de la muerte de la reina Fabiola, ex reina de los belgas, me he preguntado qué españoles o españolas han sido monarcas o consortes de monarcas en otras monarquías. Sin ánimo de ser exhaustivo he comenzado la andadura en los Reyes Católicos.

Los varones, son monarcas por título propio, mientras que todas las mujeres son consortes de monarcas varones. Solamente señalamos en el caso de los monarcas por título propio los principales territorios extranjeros que estuvieron bajo su corona y ni aquellos, como los muchas posesiones italianas, que formaban parte de la Corona y se heredaban normalmente.

Descendencia de Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón
Catalina (1485-1536), reina de Inglaterra
Juana I (1479-1555), duquesa de Borgoña y condesa de Flandes
María (1482-1517), reina de Portugal
Isabel (1470-1498), reina de Portugal

Descendencia de Felipe I y Juana I
Leonor (1498-1558), reina de Portugal
Carlos (1550-1558), emperador del Sacro Imperio
Isabel (1501-1526), reina de Dinamarca
Fernando (1503-1564), emperador del Sacro Imperio, rey de Hungría, rey de Bohemia
María (1505-1558), reina de Hungría y Bohemia
Catalina (1507-1578), reina de Portugal

Descendencia de Carlos I
María (1528-1603), emperatriz del Sacro Imperio

Descendencia de Felipe II
Catalina Micaela (1567-1597), duquesa de Saboya

Descendencia de Felipe III
Ana María Mauricia (1601-1666), reina de Francia
María Ana (1606-1646), emperatriz del Sacro Imperio

Descendencia de Felipe IV
María Teresa (1638-1683), reina de Francia
Margarita (1651-1673), emperatriz del Sacro Imperio

Descendencia de Felipe V
Mariana Victoria (1718-1781), reina de Portugal
Felipe (1720-1765), duque de Parma
María Antonieta Fernanda (1729-1785), reina de Cerdeña

Descendencia de Carlos III
María Luisa (1745-1792), emperatriz del Sacro Imperio
Fernando I (1751-1825), rey de las Dos Sicilias

Descendencia de Carlos IV
Carlota Joaquina (1775-1830), reina de Portugal
María Luisa Josefina (1782-1824), reina de Etruria y duquesa de Parma
María Isabel (1789-1848), reina de las Dos Sicilias

No pertenecientes a la dinastía reinante
Eugenia de Montijo (1826-1920), emperatriz de los franceses
Fabiola de Mora y Aragón (1928-2014), reina de los belgas

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De vez en cuando hay persona que, bajo el amparo de la situación catalana, se ponen a diseñar los límites regionales de España y normalmente acaban proponiendo lo mismo.

Recientemente he leído en un interesante blog colectivo y en una propuesta, no aprobada, de resolución de un partido político la idea de terminar con la existencia de algunas comunidades autónomas consideradas como artificiales, sobrantes o sin sentido para terminar haciendo una amalgama de todas ellas en una versión algo cutre de Castilla.

A muchos se les ocurren que hay que terminar con la autonomía de Murcia, La Rioja y la Comunidad de Madrid y que éstas, junto a las dos Castillas y en ocasiones Cantabria, reintegren una nueva y unificada comunidad castellana.

Y esto lo suelen defender personas que defiende el derecho a la secesión de los catalanes, pero que les cuesta darle una posibilidad de decisión mucho menos a madrileños, murcianos o riojanos.

Me gustaría detenerme por unas líneas en las cualidades de “artificial” y de “histórico” que se emplean en muchas ocasiones para hablar de estas comunidades.

Se emplean como antónimos, esto es, como dos palabras con significado opuesto, pero lo opuesto de “artificial” no es “histórico”, sino “natural”. ¿Por qué entonces se da esta confusión? Realmente no es una confusión, sino una consecuencia de la asunción de los postulados del pensamiento histórico y político del Romanticismo en el que los pueblos y los Estados eran la consecuencia de un proceso orgánico, en que en el seno del pasado se había gestado un “Volksgeist” con los ingredientes de la religión, del idioma y de la sangre derramada en los campos de batalla.

Para esta mentalidad de inspiración romántica solamente legitima el pasado medieval para entidad política, aunque sea mínima. De nada sirve que llevemos treinta años de autonomía en esos territorio que hayan creado una identidad y una propia vida política y social, porque si no ha habido algo en la Edad Media, aunque fuera efímero, lo nacido ahora lo tiene valor.

Caen en el mismo pecado del que acusan. Primero andan escasos de Historia, al menos en el caso murciano, que fue Reino durante un amplio periodo de tiempo y estuvo tanto en la corona castellana como en la aragonesa.Segundo porque ignorando el presente pretenden una reconstrucción del pasado, estableciendo una uniformidad desde Santander hasta Cartagena excluyendo a Extremadura o a Andalucía sin demasiados motivos.

Escribir sobre la reconfiguración de las regiones en perspectiva de una federalización más profunda sobre el papel, sin solicitar ni lejanamente el parecer de los habitantes sí que es poco artificial y totalmente democrático.

Esta curiosa teoría de lo orgánico frente a lo artificial, lo histórico también frente a lo artificial, nos lleva a absurdo tales como considerar orgánico-natural-histórico que un asturiano y un albeceteño formen parte de la misma unidad territorial pero que ese mismo asturiano no pueda concebirse unido a un lucense, pese a que son provincias limítrofes.

Aprovechar una cosa para tratar otra puede llevarnos a conclusiones tan disparatadas como la que da título a esta entrada: Los murcianos son los responsables del secesionismo catalán.

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Uno de los debates cíclicos más insufribles que tenemos en España es el referente a la legalidad o constitucionalidad de las diversas banderas que nuestro país ha tenido durante el siglo XX. La tesis que mantenemos en la presente entrada es que ninguna de ellas ni es ilegal ni es inconstitucional y en algunos casos solamente sería ilegal un uso muy concreto de ellas.

El diseño de la bandera española está regulado por el artículo 4 de la Constitución que coincide con el diseño anterior. Este precepto no menciona el escudo. El escudo era el establecido en la Regla 2 del Reglamento de banderas y estandartes, guiones, insignias y distintivos aprobado por Real Decreto 1511/1977, en definitiva una versión del “Águila de San Juan”.

La bandera de España y su escudo fue el definido en el referido Reglamento hasta la Ley 37/1981 que estableció el actual escudo de España. Desde finales de 1978 hasta el 8 de noviembre de 1981 el “Águila de San Juan” fue el escudo constitucional de España. A partir de ese día dejó de ser el escudo de España a ser un escudo histórico.

La bandera republicana fue bandera de España durante la II República. Fue la bandera oficial mientras pervivió la II República, siendo utilizada por las instituciones y embajadas en el exilio, pero desde la Transición no ha sido recuperada su oficialidad ni siquiera de una forma limitada.

La bandera republicana y la bandera con el “Águila de San Juan” con ambas banderas históricas españolas y ninguna de ellas son ilegales ni mucho menos inconstitucionales.

Solamente entrarían en el terreno de la ilicitud si se empleasen para representar a la bandera de España en las instituciones que tienen que usar la bandera definida por la Constitución con el escudo definido por la Ley 37/1981, como sería ondearla cualquiera de las dos en edificios públicos, acuertelamientos o navíos. Que alguien la lleve por la calle o la tenga en su casa no tiene ninguna más relevancia jurídica que si uno ondea en su balcón la bandera de la marina mercante aprobada por Carlos III.

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Al ingresar España en las Naciones Unidas como miembro de pleno derecho en el año mil novecientos cincuenta y cinco, aceptó voluntariamente las obligaciones que imponía la Carta de la Organización, comprometiéndose, por consiguiente, a ir preparando los territorios coloniales dependientes del Estado español con el fin de que, a través de un período de promoción y desarrollo, pudieran alcanzar, en su día, la plena descolonización, que había sido acordada como uno de los objetivos de la Organización Internacional. En el año mil novecientos sesenta, España inició el envío de información sobre la situación y condición de sus territorios coloniales a las Naciones Unidas, aceptando considerar dichas dependencias como territorios no autónomos en vías de descolonización.

La Ley de Bases sobre el Régimen Autónomo, que fué aprobada por un referéndum celebrado el día quince de diciembre de mil novecientos sesenta y tres, supuso un primer paso importante en el proceso antes señalado al otorgar a la población natural de Guinea Ecuatorial un sistema de autogobierno limitado, que venía a significar el reconocimiento de la incipiente personalidad de Guinea Ecuatorial. El Gobierno español anunció oficialmente en aquella ocasión que España aceptaría modificar en todo momento el «status» político que entonces se instauraba cuando la población del territorio pusiera de manifiesto su deseo en ese sentido. Como consecuencia de que, en efecto, la población expresó en diversas ocasiones, y por diversos conductos, su deseo de alterar la relación jurídica que unía a Guinea Ecuatorial con España, se convocó el día treinta de octubre de mil novecientos sesenta y siete una Conferencia Constitucional, a cuya primera fase asistió la más amplía representación del pueblo guineano, con el fin de que,
con todas las garantías fuera posible conocer con precisión sus aspiraciones.

Fruto de los trabajos de dicha reunión fué el Decreto-ley tres/mil novecientos sesenta y ocho, de diecisiete de febrero, por el que se suspendía la aplicación del Régimen de Autonomía como consecuencia de haber decidido el Gobierno tomar en consideración las declaraciones formuladas por la representación guineana en la primera fase de la Conferencia Constitucional. El mismo texto legal dispuso la reunión de una segunda fase de la Conferencia. En la sesión de apertura de esa segunda fase, el Ministro de Asuntos Exteriores leyó una declaración, en nombre del Gobierno español, en la que se reafirmaba el propósito de conceder en mil novecientos sesenta y ocho la independencia a Guinea Ecuatorial, encargando a la Conferencia la elaboración de los textos constitucionales que deberán organizar la estructura y vida política del nuevo Estado.

Avanzados ya los trabajos de esa segunda fase y próximo el momento en que podrá ser aprobado el texto de la futura Constitución y de una Ley Electoral, parece oportuno adoptar la presente Ley con el fin de que el Gobierno de la Nación pueda contar con la autorización necesaria para ir dictando las disposiciones convenientes que permitan completar el proceso constitucional de Guinea Ecuatorial, culminando así la trayectoria descolonizadora de ese territorio.

En su virtud, y de conformidad con la Ley aprobada por las Cortes Españolas, vengo en sancionar:

Artículo único.

Se autoriza al Gobierno para conceder la independencia a la Guinea Ecuatorial y para adoptar las medidas procedentes a fin de completar, mediante la adecuada organización constitucional, su proceso de descolonización y a realizar la transferencia de competencia exigida por dicho proceso.

Dada en el Palacio de El Pardo a veintisiete de julio de mil novecientos sesenta y ocho.

FRANCISCO FRANCO

El Presidente de las Cortes,
ANTONIO ITURMENDI BAÑALES

Fuente: BOE

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El Secretario General que los militantes del PSOE elijan tiene que enfrentarse como primera gran prueba a unas elecciones municipales y autonómicas complicadas, donde el PP suele mantener sus feudos y donde la fragmentación de los partidos de izquierda puede ayudarle mucho en la primera pretensión.

Los grandes municipios y muchas autonomías se han ido despegando del voto socialista. Otras han empezado a hacerlo. Analistas políticos hay muchos y, aunque yo tengo mi opinión sobre el asunto, le dejo a los asesores del que sea el nuevo Secretario General ilustrarle sobre qué pasa en los grandes municipios y cómo remediarlo, aunque cada ciudad es un caso.

Yo solamente le hago “entrega” de estos dos interesantes cuadros donde se refleja el partido ganador en las autonomías que celebran elecciones juntas y en los veinticinco municipios más poblados (a fecha de 2014). Merece una mirada atenta.

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Fernando Ónega le hizo un gran favor a la causa de la República durante sus comentarios en la retransmisión de TVE de los actos de proclamación de Felipe VI: sus perlas, sus insinuaciones, su sumisión combinada con desdén clasista y su desconexión con la realidad han hechos más republicanos en un día que muchas semanas del caso Nóos.

El gran teórico contemporáneo de los autoritarismos fue el jurista alemán Carl Schmitt. Él mantenía que el pueblo podía expresar su voluntad no sólo mediante un sistema de voto individual y secreto (donde dejaba de ser pueblo para convertirse en suma de individuos) sino con igual y mayor validez también en actos de aclamación donde era el pueblo como un todo el que se expresa y no los individuos.

La doctrina de Schmitt fue acogida, conservada y desarrollada en España por un discípulo directo, Francisco Javier Conde, y transmitida a profesores y estudiantes tanto a través del Instituto de Estudios Políticos como en buena parte de las cátedras universitarias, como también en las organizaciones del movimiento y el sectores políticos católicos. No es extraño encontrar personas que hayan asumido, muchas veces sin darse cuenta, esa teoría de la expresión de la voluntad popular por medio del clamor como algo normal, no percibiendo que es un cuestionamiento radical de los fundamentos de las democracias liberales.

En el fondo la tentación de Ónega, reprimida a la vista de la escasa concurrencia, es necesaria para instituciones como la Monarquía, especialmente la de Felipe VI.

La narrativa de Juan Carlos I, conocida como Juancarlismo”, se fundaba en las siguientes ideas, que únicamente vamos a enunciar, pero no a enjuiciar.

1) El Rey abrió un proceso democratizador desde el Tardofranquismo renunciando al poder que le daban las Leyes Fundamentales para convertirse en un Rey ceremonial. Lo hizo porque consideraba que era lo mejor para la reconciliación entre los españoles, el progreso del país y la posibilidad de un Estado equiparable al resto de los de Europa Occidental.

2) Como Jefe del Estado tomó decisiones fundamentales para hacer posible una Transición ordenada que fuera asumible tanto para el aparato del régimen, especialmente para las Fuerzas Armadas, como para las fuerzas de oposición.

3) Pese a no necesitarlo, el Rey recibió la legitimidad democrática al aprobar los españoles de la Constitución de 1978 en referendum. Pasaba Juan Carlos I de ser nombrado por Franco a ser aceptado en las urnas por los españoles.

4) Haber sabido manejar los resortes políticos y militares necesarios para que en el momento en el que el nuevos sistema político entró en ruptura (23-F), se impidiese la involución a un sistema anterior o se intentara una hibridación de lo anterior con lo nuevo.

5) El Rey no es un personaje distante ni estirado: rompe continuamente el protocolo, le gusta el fútbol y vive la vida como lo haría la mayoría de los españoles si estuvieran en su lugar. Vamos, el Rey es campechano.

Esta narrativa ha funcionado hasta hace bien poco. Los dos hechos que han provocado la desintegración de ésta han sido la corrupción y el tiempo.

El caso Nóos, la imputación de la hija y del yerno del Rey y la sensación de avidez sin límites han cuestionado que la Monarquía sea mejor que esos políticos sobre los que teóricamente está. Pero de estas cosas se ha hablado siempre y la ciudadanía nunca ha sido ajena, aunque haya salido poco en los medios de comunicación, de que se comentaban cosas de negocios en el entorno regio.

Todo eso se ha perdonado por la fuerza de la narrativa. Lo que ha destrozado esta magistral justificación ha sido algo sencillo e inexorable: el paso del tiempo. Medio país no vivió la Transición o la vivió durante su infancia y han dicho que si los méritos contraídos en los años setenta y principios de los ochenta no caducan nunca, que si no hay que renovarlos de vez en cuando.

La Transición es algo muy lejano, pese a que TVE se ha esforzado en producir numerosas series y reportajes para que a nadie se le olvide nada que deba recordar. Los libros de Historia que estudian en la ESO y Bachillerato también la repiten, pero es eso, mera Historia.

La narrativa que se le ha ido deshaciendo entre las manos a Juan Carlos I no puede ser la de Felipe VI, sencillamente porque una cosa es heredar la corona y otras los méritos del padre. Nuestra época es diferente y la épica de nuestros días no es institucional, sino económica, que es poco lucida y que normalmente escapa a la esfera de acción normal de un monarca.

Evidentemente recuperar de la narrativa la aprobación en las urnas ni forma parte de lo que es una Monarquía hereditaria y si en el referendum de 1978 no se hubiese aprobado la Constitución la Monarquía habría continuado y se habría presentado otro proyecto de Constitución.

Lo único que le queda a Felipe VI es ganar el clamor popular, sacar masas a la calle para verlo y así reclamar para sí el favor del pueblo aunque sea a lo schmittiano. El entusiasmo es difícil inocularlo cuando todo el mundo es consciente de que sobre ti no recibe información sino propaganda, pero ahí tiene trabajo el Rey y sus asesores, trabajo amplio y costoso porque la demografía la tiene en contra: cada año que pasa hay más republicanos y menos personas que asocian al Rey a la democracia, más bien lo asocian a lo contrario.

El Juancarlismo fue un apuesta de la Monarquía y de muchas de las fuerzas que convergieron en la Transición para mantener y fortalecer al Rey en una sociedad que a priori podía perderle rápidamente el afecto.

El Juancarlismo tenía fecha de caducidad y todos los sabían y lo saben, y esa fecha ha llegado. El hecho de que la sucesión haya sido causada por la abdicación, además de por el desgaste sufrido estos años, se debe a que el rey Juan Carlos podrá sostener a los juancarlistas supervivientes como cierre del sistema, en vez de que el Rey se tenga que enfrentar a un escenario sin apoyos propios y sin tener respaldo alguno.

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Los medios han sido aleccionados desde que el Rey Juan Carlos anunció su abdicación y casi ninguno de ellos ha hablado de coronación, sino de proclamación antes las Cortes. Los reyes castellanos tradicionalmente han sido proclamados y no ha habido una ceremonia parecida a las coronaciones de otras monarquías, y menos a los grandes fastos de las monarquías inglesas o de los borbones franceses.

Pero nuestra monarquía es española y no castellana y en las otras monarquías españolas los rituales de inicio de Reinado eran diferentes. En Aragón se practicaba la autocoronación, mientras que en Navarra se daba el sacramental de la coronación y la unción de los reyes.

Es cierto que tanto la autocoronación como el sacramental de coronación y unción son muchos más aparatos que la proclamación en Cortes y se dan dentro de las iglesias, que es algo de lo que han huido con mucho instinto en esta ocasión. En todo caso nadie ha dicho nada de la aceptación de lo castellano como lo español.

Felipe de Borbón y Grecia adoptará el nombre de Felipe VI para reinar en España hasta que se proclame la III República. Pero como indicamos en la entrada anterior el ordinal elegido es propio de Castilla, porque como Reyes de Aragón solamente ha habido cuatro reyes llamados Felipe (Felipe El Hermoso solamente fue rey en Castilla) de tal forma que el todavía Príncipe Felipe sería Felipe V en Aragón

En cambio en Navarra había tenido reyes de nombre Felipe antes de la instalación de los Habsburgo, concretamente a tres. Para establecer el ordinal navarro hay que restar al ya mencionado Felipe I de Castilla, de manera que el jueves tendremos a Felipe VIII.

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