De hecho casi no se habían preocupado por el lamentable estado de sus finanzas públicas esperando que su partido mimase a sus autonomías con mejores resultados electorales.

Pero el problema resultó ser que en mayo las cosas le fueron demasiado bien al Partido Popular y de repente asumió responsabilidades nuevas en territorios ignotos para los populares y estos también se pusieron a reclamar cariños a la calle Génova, para consolidar al PP donde tradicionalmente había sido poco menos que una fuerza testimonial.

Ahora la Comunitat Valenciana, la Región de Murcia y la Ciudad de Ceuta, que llevan décadas gobernadas por los populares, tienen que hacer tremendos ajustes, fruto del despilfarro, pese a que algunas, como Ceuta, han cerrado la ejecución de los ejercicios presupuestarios todos los años en superávit. Imagino que muchos de estos dirigentes autonómicos acogieron con resignación la histórica victoria de su partido en las elecciones municipales y autonómicas.

No hay una institución llamada veto a un nuevo miembro, sino que éste se ejercita anunciando que nunca se firmará ni se ratificará el hipotético tratado de adhesión de un determinado estado. Realmente es más simple que hacer algo: es no hacerlo.

¿Podría España vetar sin coste político el ingreso de Escocia en la UE? El precedente más cercano es el veto por parte de Francia a la adhesión de Turquía. ¿Qué diferencias hay entre un caso y otro? ¿Lo tendría tan fácil España como Francia para vetar a Escocia?

España no es Francia.

Esto es obvio pero no conviene olvidarlo. El peso económico y, sobre todo, el peso político de Francia y su siempre dinámica política exterior no tienen nada que ver con la de España. Negarse a un tratado de adhesión implica tener una capacidad política que debería poder parar el tratado antes de gestarse, como hicieron los franceses.

Turquía no es Escocia.

Los vínculos políticos, militares y económicos de Turquía con Europa Occidental son innegables, pero hay una serie de diferencias sociales, religiosas y culturales (además de haber sido el ‘enemigo’ unos cuantos siglos) que marcan un contraste igualmente innegable: en esa diferencia se aposenta el imaginario de la negativa francesa.

Escocia es un territorio absolutamente insito en la vida y en la historia europea. Hablan el idioma más conocido de la Unión Europea, comparten creencias y descreencias con los restantes europeos, tiene un sistema político regional absolutamente equiparable al de los estados-miembros de la UE, como un sistema legal tan avanzado como el de cualquier. Escocia no tiene profundos y amplios agujeros negros en materia de derechos humanos, ni hay muchas posibilidades de que tenga un ejército siempre dispuesto a dar un oportuno golpe de Estado.

A España le costaría bastante explicar los motivos por los que canarios y norteafricanos sí podemos formar parte de la UE y no pueden serlo los paisanos de David Hume.

Escocia ya habría estado en la Unión Europea.

El territorio y la población susceptible de independizarse forma parte actualmente de la Unión Europea. No supondría una incorporación, sino un mantenimiento de quienes ya están y ello es una notable diferencia. Hay inversiones de los países y empresas comunitarias en Escocia y estos querrán conservar un marco jurídico que le da seguridad. No es lo mismo entrar que permanecer.

Anuncio de reforma de la elección del CGPJ. Ésta es una cuestión infinita que nada tiene que ver con la buena marcha de la Justicia y mucho con el corporativismo de los jueces y magistrados españoles y con la composición ideológicamente conservadora de nuestra Judicatura. Al PP y a Gallardón les da igual a quien puedan elegir los jueces y magistrados porque siempre elegirán a alguien de los suyos y a alguien aún más de los suyos.

El ministro Ruiz-Gallardón ha mostrado que lo que él entiende más importante es lo mismo que entiendo un estudiante de los tres primeros años de Derecho, emocionado con los grandes conceptos, pero nunca un abogado o un funcionario de Justicia que conocen de verdad el funcionamiento de la Justicia.

Es curiosa la gran medida de modernización de la Justicia: la distinción entre digitalización masiva y expediente electrónico, que dice el ministro que no es lo mismo. La pregunta que le podría formular al ministro: ¿es cómo se convierten en expedientes electrónicos los procedimientos vivos que están actualmente en papel si no es mediante una digitalización masiva?

Para hacer interoperativos los sistemas informáticos no es necesario crear una nueva Agencia, sino un poco de voluntad y trabajo en la correspondiente Dirección General, ya que además cuenta con la ventaja de que casi todas las autonomías están gobernadas por el PP. Pero lo más gracioso de todo esto es que uno de los anuncios de Gallardón está ya contenido en el Título V de la Ley 18/2011 y sin necesidad de crear más órganos, dando las funciones a un Comité Técnico.

Fruto del desconocimiento del funcionamiento real de la Justicia, por más que aprobara unas oposiciones hace décadas, es que no sabe detectar dónde está el principal problema de la Justicia, que no es la segunda instancia. Se propone una tasa, especial de caución, para disuadir de la apelación cuando los órganos más atascados no son precisamente los que atienden apelaciones, sino los que entienden en primera instancia.

Es más, esta tasa disuasiva será especialmente perjudicial para las partes más débiles en los procedimientos civiles, contenciosos o sociales, de forma que quien tenga recursos suficientes podrá seguir recurriendo sin fin y quienes no los tengan pues se conformarán sin la posibilidad de hacerlo por no poder satisfacer la tasa.

Sobre la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) no se dice más que lo referente al CGPJ y dos o tres vaguedades que todo el mundo suscribiría. Llama la atención que el ministro quiera delimitar funciones del TC y TS y recuperar el recurso previo de inconstitucionalidad para los estatutos de autonomía en el epígrafe de la LOPJ y no en uno específico sobre la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Nos esperan malos tiempos para la técnica jurídica.

La nueva Ley de Demarcación y Planta asumen el trabajo realizado por el Ministerio a lo largo del fructífero mandato del ministro Francisco Caamaño, el cual ya tenía redactado el Anteproyecto de Ley para la creación de los Tribunales de Instancia.

La nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM) parece mucho más paguata en las funciones que se le iban a otorgar al Ministerio Fiscal que las ideas que llevan años manejándose. Las cosas de los conservadores. De hecho lo que va a hacer el actual equipo de Justicia es retocar el Anteproyecto de LECRIM que ya elaboró el equipo socialista de Justicia.

Lo mismo sucede con la Ley de Mediación en materia civil y mercantil: el Consejo de Ministro de Rodríguez Zapatero ya remitió a las Cortes un Proyecto de Ley. Vamos que Ruiz-Gallardón ha anunciado tres leyes en las que solamente tiene que copiar y pegar para luego corregir y hacerlas más convenientes a las partes más fuertes en los conflictos jurídicos.

Tres leyes que fueron aprobadas por el adelanto electoral. Si yo fuera Caamaño pediría los derechos de autor al menos, ya que Ruiz-Gallardón va a vivir todo su mandato del trabajo que ellos han hecho.

La Ley de Jurisdicción Voluntaria es una exigencia pendiente, desde 2000, cuando la entonces nueva Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) deja en vigor las normas de la anterior norma procesal civil en esta materia.

Dos ideas que me parecen interesantes:

La primera es tener un nuevo Código de Comercio que sustituya a la actual antigualla, donde casi todo está tácitamente derogado pero nada expresamente. Sería conveniente que el nuevo Código de Comercio reúna todas las normas de Derecho Mercantil que una pésima técnica legislativa, durante más de un siglo, han ido sembrando. De todas formas es mucho trabajo para Gallardón: menos mal que le queda la Comisión General de Codificación.

La segunda sería la de crear juicios rápidos en el procedimiento civil. En la nota de prensa del Ministerio no explica nada más y no sabemos si es una feliz idea de última hora o si el ministro dio más detalles en su comparecencia.

Aborto, Ley del Menor, Estatuto de la Víctima, reincidencia: demagogia barata.

En resumen: Ruiz-Gallardón piensa vivir del trabajo del anterior equipo del Ministerio de Justicia (eso alivia), perjudicar a las partes más débiles en los procedimientos, conservar el sistema de casta alrededor de la Judicatura y el Ministerio Fiscal y salir en los periódicos con algún anuncio demagógico al calor de alguna noticia morbosa de actualidad.

Luego, dedicó unos segundos a anunciar una reforma en el procedimiento de elección del Consejo General del Poder Judicial, cuando ya la oposición no podía contestarle.

Soraya Sáinz ha hecho lo que Mariano Rajoy prometió durante sus muchos años de oposición: dedicarse a los problemas que de verdad preocupan a los españoles. Los diarios futbolísticos y la franja de deportes (o fútbol) de los medios son seguidos por millones de personas más que los que informan sobre la situación económica, la reforma laboral o la fiscal.

A los españoles normalmente les interesa el fútbol de una forma obsesiva y el Gobierno quiere darles satisfacción proporcionándole su dosis semanal, o aún más intensa, de gritos en la radio y pitiditos.

El Gobierno está haciendo lo que prometió: atender los verdaderos problemas de los españoles. La cuestión es que cuando lleguen las elecciones con más parados que cuando entraron, con la papeleta en la mano, el fútbol radiado siga siendo el verdadero problema de los españoles.

Lo segundo es un anuncio poco creíble en primer lugar porque el PP gobierna casi todas las administraciones importantes de nuestro país, por lo que esa penalización sería poner una espada de Damocles a sus propios compañeros de partido que si bien individualmente no pintan nada, tanto presidente autonómico, de diputación y alcalde de ciudad de más de 50.000 habitantes juntos y a una pueden convertirte en el primer cónsul de España en Paro (Reino de Bután).

En segundo lugar este anuncio no es serio porque buena parte del déficit no se debe a una subida en los gastos anteriores, sino principalmente a una bajada en los ingresos sobre los que se calculan los gastos.

Los presupuestos de ingresos nunca pueden estar cerrados, salvo con algunas excepciones, de forma que lo que se dice que se va a ingresar es una estimación de lo que va a suceder. Hay administraciones, con bastantes medios y mejor voluntad, que realizan los cálculos la situación económica de su ámbito territorial, la incidencia en la tributación, así como la probabilidad de que se sigan produciendo o se generen nuevas fuentes de ingresos o varíe su cuantía.

Pero lo que muchas administraciones hacen, mayoritariamente municipales, es decidir los gastos y ponerse a imaginarse ingresos para llevar al equilibrio presupuestario, por ejemplo introduciendo una buena partida de ingresos por sanciones administrativas (algo imposible de prever) o suponiendo que otra administración les transferirá un dinero que esa otra administración no tiene ni pensado transferir, así como computar enajenaciones poco probables (y solamente son ejemplos).

En tercer lugar, porque tanto el ministro Montoro como el ministro Soria saben una partida presupuestaria (normalmente se habla de aplicaciones) puede ser variada mediante la transferencia de crédito y que también puede haber modificaciones presupuestaria, así como otras figuras más sutiles. Es decir, es sumamente complicado que alguien, sin ser un mandril, gaste más de lo presupuestado porque puede modificar la cuantía de mil maneras.

Si Montoro, en vez de hacer demagogia, hubiera querido ser hoy un buen ministro de Hacienda, podría haber anunciado que se van a reformar las normas presupuestarias y de haciendas locales para restringir la introducción de elementos imaginativos en los presupuestos de ingresos, que las bases de ejecución del gasto sean más exigentes con las disponibilidades temporales o, si se toman en serio lo de las partidas, que modifiquen el nivel de vinculación de los créditos.

La salida tiene que ser política, por heterodoxo que esto suene. Es la salida que dieron en Estados Unidos a la rebaja de la calificación de su deuda: sacaron al ex Presidente de la Reserva Federal a anunciar que si querían cobrar, los Estados Unidos pagarían pasase lo que pasase, porque solamente tienen que darle a la máquina a imprimir dólares. Resumen de la advertencia: podéis cobrar dólares a mitad de precio.

S&P fundamentaba que bajaba su calificación de la deuda estadounidense por sus dificultades institucionales para tomar decisiones: ni han hecho cambios institucionales, ni le han rebajado la calificación más por no hacerlo.

Si en la Unión Europea se tuviera la mínima capacidad política, habría que hacer algo del estilo: como es mejor que paguemos, no nos lo pongan más difícil hacerlo, porque de lo contrario le daremos tralla al montón de máquinas que tenemos de hacer euros. Y es que ya es necesario que los gobernantes europeos lancen un cañonazo de advertencia.

A ABC no le importa que siempre haya habido más demanda que oferta en las subastas de deuda española, especialmente cuando el BCE no compraba nada, todo lo contrario a ahora.

Al diario conservador y monárquico no le importa que la hemeroteca les desmienta hace cuatro meses, por poner un ejemplo. A ellos todo eso les importa un pimiento y hoy se han descolgado con la siguiente portada.

Pero a media tarde llega la realidad y le da una torta monumental a esta propagandística portada: S&P anuncia un rebaja de dos escalones en la calificación de la deuda española. Esta pésima noticia para todos nosotros contrasta con esos billetes lloviendo sobre nuestro país y demuestran, una vez más, que a ese ente abstracto los recortes (que no reformas) les da igual y que nada les sacia.

Los de ABC se ven en la dificultar de dar cuenta de esta noticia y como su política financiera de algodón dulce se vuelve agria en la misma jornada. Para ello recurren a algo cierto pero que ellos negaron cuando los socialistas eran los que gobernaban: la crisis de la deuda soberana tiene una dimensión europea e internacional que va más allá de la capacidad de cada gobierno. Como uno de los países que, presumiblemente, se verá afectado es Francia, la foto de la edición digital es para el Presidente Sarkozy, Francia ocupando la primera parte del titular, España la segunda y cerrando un pelotón de trece países para que no pensemos que estábamos solo como cuando presidía Zapatero. El subtítulo es sólo para Francia. Nunca se habló tanto de la deuda francesa cuando había que hacerlo de la española.

Habrá cientos de excusas para justificar tanto su intervención como lo que cobran. Si se aprobasen una serie de modelos de constitución de sociedades y de estatutos, de legalidad garantizada normativamente (como ya hacen las editoriales para los abogados y otros actores jurídicos) podría solventarse la intervención de estos fedatarios haciéndola puramente mecánica, de hecho, el notario podría ser eliminado y el registrador daría asiento a unos documentos establecidos por posibles anexos a las leyes mercantiles reguladoras de cada sociedad.

Esto sería una gran ayuda a las empresas que empiezan. Es lógico que esos documentos no servirían a otras sociedades más complejas, para las cuales se podría continuar perfectamente con el actual sistema.

Esto es así para muchísimas corporaciones. Si alguien quiere constituir una asociación o partido político podrá encontrar estupendos modelos de estatutos perfectamente legales en la web del Ministerio del Interior. ¿Por qué no con las sociedades mercantiles?

El PP ha estado muchos años haciendo una oposición fácil que decía que la crisis y todos sus males solamente eran responsabilidad del entonces Presidente, de manera que la simple llegada del PP al poder iba a modificar sustancialmente la situación económica.

Ellos convencieron a sus votantes de que la toma de posesión iba a tener poderes taumatúrgicos porque las cosas marchaban tan mal simplemente porque el Presidente así lo quería.

Comprobada la ausencia de transformación milagrosa de la economía española, ahora lloren porque desde el primer minuto le piden cuentas de lo que dijeron que pasaría sabiendo que no era cierto.

Y la verdad es que si en estos cuatro años la situación no mejora notablemente, los socialistas van a ver cómo le caen los diputados en masa como lo vio Rajoy el pasado 20 de noviembre.

La estrategia del Partido Popular desde el primer día ha sido la de recurrir a un tema clásico con el que entretener de la situación económica: ETA, Amaiur, la Izquierda Abertzale o lo que sea. El problema es que eso no sirve para nada y en uno o dos años los parados se multiplican y la mayor aspiración es un salario de 400 euros al mes.

No me cabe duda de que una parte de la base del PP puede sentirte reconfortada por lo que pareciendo dureza es una estrategia: que Amaiur no tenga grupo parlamentario. Pero no deben engañarse pues ni al PSOE le ha servido el final de terrorismo, ni a ellos los estertores de éste, ya que todo se medirá en el número de parados, de ejecuciones hipotecarias y en los recortes que harán más dura la vida de los más débiles.