El Partido Popular está haciendo un despliegue notable de las clásicas cortinas de humo de la política española para intentar ocultar la situación económica, el desastre de la gestión del Gobierno, la inutilidad de los recortes y el beneficio de unos pocos en detrimento.

El Gobierno y el Partido Popular saben por sus propias encuestas internas y por las externas que su situación es crítica, que puede llegar a ser problemática ya que los recortes y repagos del Gobierno están tocando dura y profundamente al núcleo duro de sus propios votantes.

Gibraltar, los toros, los pérfidos vascos y los traidores catalanes forman parte del elenco de temas pretendidamente viscerales que desvíen la atención de lo que es realmente importante. El Partido Popular en la oposición intentaba que la actualidad político no se desviase de lo económico porque eso era lo que realmente interesaba a los españoles, pero ahora buscan temas identitarios y testiculares para que los españoles no piensen en los verdaderos problemas (cosa difícil) o bien para que culpen a los otros.

Aguirre, cortinista de esta jornada de huelga educativa, lo que debería es presentar su dimisión por la desviación del déficit de la Comunidad que presiden. Eso sí es importante y ella ha demostrado que es una incapaz en el cálculo del déficit (causa de dimisión) o que lo ha falseado (causa de dimisión).

Por ello el Partido Popular es una formación política en la que todo el mundo hace lo que le da la gana porque ese es el criterio sobre el que se afianza su jerarquía nacional. Rajoy y su equipo no tiene las capacidades y competencias políticas como para imponer su criterio a cualquier parte del Partido y solamente lo pueden conseguir cuando la situación es ignominiosa (Camps).

El episodio de los déficits ocultos, ocultados o mal calculados muestra muchas cosas vergonzosas y, entre éstas, que la persona que preside el Gobierno de España no controla ni a las regiones de su mismo signo político.

Mariano Rajoy no sólo llegó a Presidente gracias a la crisis, sino que conservó la jefatura, que no liderazgo de su partido, porque a los pocos meses de la derrota de 2008 la situación económica hacía vislumbrar que el normal decurso de las cosas llevaría a los conservadores nuevamente a La Moncloa, pese a su candidato.

No se le movió la silla porque parecía que no iba a ser obstáculo, como no lo ha sido, para vencer y ser un presidente del PP débil y un Presidente del Gobierno que todo consejero autonómico popular ningunea en público.

Igualmente filtró sus reparos al Plan andaluz de reducción del déficit. Todo ello pretendía dejar de un lado de Andalucía y Cataluña tendrán que hacer un esfuerzo de un 44% del total autonómico cuando su población representa el 33% y su PIB un 32.3%.

Pero lo peor de todo es que el Gobierno de España no ha dado importancia a que tres comunidades autónomas hayan presentado nuevas cifras de déficit de 2011, algunas con desviaciones del 1% del PIB, todo lo cual ha llevado al ministro Montoro a tener que rectificar la cifra del déficit.

Es fácil volver a hacer de los andaluces el objetivo de chanzas, pero lo cierto es que esta comunidad tiene mejores datos fiscales que muchas de las que sucesivamente han sido puestas como ejemplo y, sobre todo, no ha maquillado sus cuentas en ningún momento.

El instrumento de la intervención ya lo debió haber tenido el Gobierno de Rodríguez Zapatero, porque se han comprobado que las comunidades del Partido Popular hicieron todo lo posible para engordar su déficit. No lo tuvo porque carecía de la mayoría parlamentaria y ni CiU, ni PNV, ni PP le iban a dar una posibilidad ‘contra sus intereses’ a medio plazo.

Montoro ha demostrado que emplea la intervención más como una amenaza política que como un cauce jurídico para hacer cumplir con objetivos. Es así porque tres comunidades con unas fuertes desviaciones, especialmente la de Madrid, se han ido de rositas, sin la menor corrección y sin conocer cómo es la sombra de la intervención.

El PP deja cabalgar a sus anchas a sus baronías regionales mientras carga de sacrificios a las regiones en las que no gobierna ni tiene opciones en el próximo medio milenio.

Así no se es creíble ni dentro de nuestras fronteras, ni fuera de ellas.

La primera sorpresa en mi investigación es que hace un siglo pasó exactamente lo mismo que en este año: al comenzar el ejercicio se prorrogaron los Presupuestos para 1911 que estuvieron vigentes todo el año. Parece que nosotros sí vamos a tener Presupuestos para 2012, pero por ahora seguimos con los de 2011.

De tal manera que la comparación la decidí hacer entre los prorrogados para 1912 y los proyectados para 2012.

A nadie le resulta extraño si digo que la comparación presenta algunas dificultades que hay que salvar. La primera es que la técnica presupuestaria ha variado en un siglo, basándose los Presupuestos de inicios del siglo XX en la clasificación orgánica y en una incipiente económica, no estando presente la clasificación por política y programas que no había sido aún inventada.

A todo ello hay una clasificación orgánica previa que hoy no empleamos (obligaciones del Estado y obligaciones de los Ministerios), así como secciones presupuestarias que han perdido el sentido por la casi efectiva desaparición del tráfico jurídico del derecho real conocido como ‘censo’.

El contenido de las secciones ha cambiado, como también ha cambiado la relación de departamentos ministeriales. Las políticas de buena parte de los actuales ministerios, los económicos y sociales, se encontraban repartidas entre los ministerios de Fomento y de Gobernación y normalmente eran política, especialmente las sociales, muy incipiente o más centradas en la beneficencia que en otros aspectos. Por ejemplo en Fomento irían los actuales ministerios de Economía, Agricultura y Fomento; y en Gobernación los de Sanidad, Administraciones Públicas, Empleo y Seguridad Social e Interior, así como Correos. También hay que indicar que hemos integrado órganos inexistentes en las secciones donde estaban los órganos que realizaban sus funciones, por ejemplo, el Consejo General del Poder Judicial en el Ministerio de Justicia.

Por todo ello lo primero que hemos tenido que hacer es trasladar nuestra clasificación presupuestaria a la de 1911. ¿Cómo lo hemos hecho? A partir de los resúmenes de los montos por políticas del Proyecto para 2012 hemos atribuido éstas a una sección presupuestaria de 1911. Con algunos ajustes hemos encajado una cosa en la otra.

Luego viene el asunto de la moneda, ya que los de 1911 están redactados en pesetas de aquellos tiempos y los de 2012 en nuestros euros. Hemos optados por hacer una comparación basada en el porcentaje que cada sección representa en el conjunto del Presupuesto respectivo y no hemos comparado monedas diferentes con un siglo de distancia.

Unas notas: si ahora tenemos un problema con la deuda pública, el de 1912 era de rechupete; el gasto militar y eclesiástico no son lo que eran. [Pincha para ampliar]

Fuentes: Presupuestos Generales para 1911 y Proyecto de PGE para 2012

Parece la prueba que faltaba para comprobar que se redactó improvisadamente, de una forma chapucera y que esta corrección de errores, hasta que se consoliden los textos, solamente va a generar aún más inseguridad jurídica.

Las circunscripciones o distritos siguen el criterio de los partidos judiciales, con la excepción del partido de Ávila, donde la ciudad se conforma como circunscripción por sí misma y su partido forma circunscripción con el de Arévalo.

Por lo que leo en El País el Partido Popular hace una modificación del sistema de alquiler muy de derechas, esto es, colocando en ventaja al propietario frente al inquilino, con la idea de incentivar la salida de las viviendas al mercado del alquiler (algo que ya está pasando sin esta norma: el mercado lo llaman) en la convicción de que no salen por el temor de los propietarios a los inconvenientes del alquilar (que los tiene) y no solamente porque estén pensando que la burbuja se reeditará dentro de un tiempo (que hay muchos que lo piensan y lo desean).

El problema es que el Gobierno ha incentivado a unos, desincentivando a otros y ha preferido hacer una legislación de los propietarios (aunque habrá que leer el texto de la propuesta) en vez de trabajar en un marco estable y razonable, con procedimiento de arbitraje que garanticen la neutralidad e imparcialidad de los árbitros, que sería una fantástica misión que los notarios podrían hacer suya.

¿Por qué digo que desincentiva? Porque si te puede echar de la casa en la que vives, aunque sea con una excusa falsa como convertirla en vivienda habitual, violando el ‘pacta sunt servanda’, te pensarás mucho si te merece la pena alquilar si, lo mismo, en un mes tiene que desmontarlo todo, cambiar a los niños de colegios y trastornar la vida porque el propietario quiere irse a vender al piso que te alquiló antes de finalizar el contrato que firmaste con él.

Es la misma situación del año pasado cuando estas dos comunidades se lanzaron contra el Gobierno de Zapatero por las oposiciones. Ahora lo hacen contra el de Rajoy. La diferencia es que, por ahora, el Gobierno solamente ha recurrido las oposiciones de la comunidad gobernada por sus oponentes políticos y nada han dicho de que tengan intención de recurrir las oposiciones de la comunidad gobernada por los suyos.

Pero al gobierno argentino le importa también un pimiento la baja de calificación de S&P, en primer lugar porque a Argentina no le importa nada la calificación, porque su acceso a los mercados financieros internacionales es muy difícil y a un precio en el que una bajada de calificación no afecta.

En segundo lugar porque las reservas descubiertas les proporcionan a Argentina potencialmente, si lo adminstran correctamente (cosa difícil), una fuente de riqueza y una autosuficiencia energética importante, que no tiene demasiada relación con la calificación de S&P.