El ministro de Justicia ha anunciado el programa de su Ministerio ante la Comisión del Congreso encargada de su ramo. Ha hecho anuncio de todo tipo, dentro del tostón que suele ser este Ministerio, por lo que merece un comentario aparte. Para seguiré la nota de prensa del Ministerio de Justicia, ya que el Diario de Sesiones de hoy aún no está en la web del Congreso.
Anuncio de reforma de la elección del CGPJ. Ésta es una cuestión infinita que nada tiene que ver con la buena marcha de la Justicia y mucho con el corporativismo de los jueces y magistrados españoles y con la composición ideológicamente conservadora de nuestra Judicatura. Al PP y a Gallardón les da igual a quien puedan elegir los jueces y magistrados porque siempre elegirán a alguien de los suyos y a alguien aún más de los suyos.
El ministro Ruiz-Gallardón ha mostrado que lo que él entiende más importante es lo mismo que entiendo un estudiante de los tres primeros años de Derecho, emocionado con los grandes conceptos, pero nunca un abogado o un funcionario de Justicia que conocen de verdad el funcionamiento de la Justicia.
Es curiosa la gran medida de modernización de la Justicia: la distinción entre digitalización masiva y expediente electrónico, que dice el ministro que no es lo mismo. La pregunta que le podría formular al ministro: ¿es cómo se convierten en expedientes electrónicos los procedimientos vivos que están actualmente en papel si no es mediante una digitalización masiva?
Para hacer interoperativos los sistemas informáticos no es necesario crear una nueva Agencia, sino un poco de voluntad y trabajo en la correspondiente Dirección General, ya que además cuenta con la ventaja de que casi todas las autonomías están gobernadas por el PP. Pero lo más gracioso de todo esto es que uno de los anuncios de Gallardón está ya contenido en el Título V de la Ley 18/2011 y sin necesidad de crear más órganos, dando las funciones a un Comité Técnico.
Fruto del desconocimiento del funcionamiento real de la Justicia, por más que aprobara unas oposiciones hace décadas, es que no sabe detectar dónde está el principal problema de la Justicia, que no es la segunda instancia. Se propone una tasa, especial de caución, para disuadir de la apelación cuando los órganos más atascados no son precisamente los que atienden apelaciones, sino los que entienden en primera instancia.
Es más, esta tasa disuasiva será especialmente perjudicial para las partes más débiles en los procedimientos civiles, contenciosos o sociales, de forma que quien tenga recursos suficientes podrá seguir recurriendo sin fin y quienes no los tengan pues se conformarán sin la posibilidad de hacerlo por no poder satisfacer la tasa.
Sobre la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) no se dice más que lo referente al CGPJ y dos o tres vaguedades que todo el mundo suscribiría. Llama la atención que el ministro quiera delimitar funciones del TC y TS y recuperar el recurso previo de inconstitucionalidad para los estatutos de autonomía en el epígrafe de la LOPJ y no en uno específico sobre la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Nos esperan malos tiempos para la técnica jurídica.
La nueva Ley de Demarcación y Planta asumen el trabajo realizado por el Ministerio a lo largo del fructífero mandato del ministro Francisco Caamaño, el cual ya tenía redactado el Anteproyecto de Ley para la creación de los Tribunales de Instancia.
La nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM) parece mucho más paguata en las funciones que se le iban a otorgar al Ministerio Fiscal que las ideas que llevan años manejándose. Las cosas de los conservadores. De hecho lo que va a hacer el actual equipo de Justicia es retocar el Anteproyecto de LECRIM que ya elaboró el equipo socialista de Justicia.
Lo mismo sucede con la Ley de Mediación en materia civil y mercantil: el Consejo de Ministro de Rodríguez Zapatero ya remitió a las Cortes un Proyecto de Ley. Vamos que Ruiz-Gallardón ha anunciado tres leyes en las que solamente tiene que copiar y pegar para luego corregir y hacerlas más convenientes a las partes más fuertes en los conflictos jurídicos.
Tres leyes que fueron aprobadas por el adelanto electoral. Si yo fuera Caamaño pediría los derechos de autor al menos, ya que Ruiz-Gallardón va a vivir todo su mandato del trabajo que ellos han hecho.
La Ley de Jurisdicción Voluntaria es una exigencia pendiente, desde 2000, cuando la entonces nueva Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) deja en vigor las normas de la anterior norma procesal civil en esta materia.
Dos ideas que me parecen interesantes:
La primera es tener un nuevo Código de Comercio que sustituya a la actual antigualla, donde casi todo está tácitamente derogado pero nada expresamente. Sería conveniente que el nuevo Código de Comercio reúna todas las normas de Derecho Mercantil que una pésima técnica legislativa, durante más de un siglo, han ido sembrando. De todas formas es mucho trabajo para Gallardón: menos mal que le queda la Comisión General de Codificación.
La segunda sería la de crear juicios rápidos en el procedimiento civil. En la nota de prensa del Ministerio no explica nada más y no sabemos si es una feliz idea de última hora o si el ministro dio más detalles en su comparecencia.
Aborto, Ley del Menor, Estatuto de la Víctima, reincidencia: demagogia barata.
En resumen: Ruiz-Gallardón piensa vivir del trabajo del anterior equipo del Ministerio de Justicia (eso alivia), perjudicar a las partes más débiles en los procedimientos, conservar el sistema de casta alrededor de la Judicatura y el Ministerio Fiscal y salir en los periódicos con algún anuncio demagógico al calor de alguna noticia morbosa de actualidad.
Y lo de Camps…
[...] una buena reforma de la justicia. Pero sobre qué es necesario hacer y las reformas de Gallardón os remito a Geógrafo Subjetivo, que parece tener más idea que yo, y otro artículo que sacaremos pronto por [...]
Una pregunta. Si se cambia la composición del CGPJ para que sean los jueces quienes lo constituyan, ¿entonces cómo va a hacer el PP para meter a los suyos?
La Judicatura española tiene un posicionamiento ideológico mucho más a la derecha que la sociedad. Saldrán vocales que tengan fácil sintonía con el PP en todo caso.
Como parte de ese colectivo que “está mucho más a la derecha que la sociedad” me sorprende como todo el mundo, sin excepción (y normalmente sin conocimiento) sabe, fehacientemente, que somos una panda de fachas franquistas y votantes del PP.
¿En qué estudio sociológico se ampara usted para mantener esta idea? Nosotros siempre decimos que el que alega debe probar. A día de hoy no he visto una sola prueba de que nosotros, los jueces, seamos más de derechas o más de izquierdas que la generalidad de la población. Puede que seamos algo más conservadores (como altos empleados públicos), pero de ahí a decir que estamos absolutamente a la derecha hay un abismo.
Lo que es indiscutible es que se ha cumplido a rajatabla el aviso que el Tribunal Constitucional dio al avalar la nefasta (en este punto) reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en 1985: que el CGPJ corría un enorme riesgo de politización. No sé cómo será el Consejo cuando lo elijamos, si es que lo elegimos alguna vez, pero desde luego no responderá más que a la voluntad de la Carrera Judicial y no a vergonzantes cuotas de partido.
Vayamos por partes:
También sabes que la confesión elimina la necesidad de prueba, por lo que el hecho de que hayas confesado que, al ser alto funcionario público (curiosa excusa verdadera por cierto), los jueces están a la derecha de la sociedad es bastante como para que yo no adujera nada más. Creo que en ningún momento he acusado al conjunto de los jueces, ni a la mayoría, de ser fascistas o algo parecido, ni a los votantes del PP de serlo, sencillamente he dicho que la Judicatura española está más a la derecha que la sociedad en su conjunto y tú has reconocido que así es. Si en España alguien en una escala de autoposicionamiento dijera estár en el 6 (siendo 1 extrema izquierda y 10 extrema derecha), estaría mucho más a la derecha de la sociedad, que se autoposiciones alrededor del 4,8. Los estudios clásicos de Toharia dan una base más que suficiente para fundamentar mi afirmación, por todo lo demás.
Sobre lo del CGPJ: básicamente aquí el Gobierno defiende la elección corporativista porque el resultado sabe que va a ser de su gusto, no porque le importa algo la pretendida independencia del Poder Judicial. A mí la independencia del Poder Judicial que me importa es mucho más sencilla: relaciones con abogados, procuradores, conferencias en determinados sitios, invitaciones a, etc etc
A ver, la confesión (que ya no existe tras la reforma de la LEC, allá por el 2000) no elimina la necesidad de prueba, sino que es un medio de prueba, que puede ser contradicha por otras. Sobre todo si lo que se dice es “pueden”.
No acabo de entender que te pareca una “excusa curiosa” para justificar un posicionamiento. Lógicamente, la gente que vive de un sistema tiende a ser partidaria de mantenerlo, alejándose de posiciones que busquen cambios radicales en el mismo, pero buscarán al mismo tiempo perfeccionarlo. Y además, a los jueces es a los que nos toca lidiar con las veleidades del Parlamento, que no hace más que cambiar leyes sin considerar el impacto que tales cambios puedan tener.
Por eso he escogido mis palabras con cuidado. Los jueces pueden, y reitero el pueden, ser ALGO más conservadores (lo que no quiere decir exactamente de derechas, aunque muchas veces parece que se confunde) porque prefieren que los cambios sociales se hagan de manera reflexiva, sin sobresaltos y con consideración a lo ya existente, y porque son más partidarios de emplear los cauces establecidos formalmente para las cosas. Pero eso no quiere decir que no tengan iguales preocupaciones que el resto de la sociedad. Y sigo sin ver el estudio que lo demuestre, en todo caso.
El argumento que aquí se emplea es semejante al que se usó para tratar de evitar el voto femenino: que sería de derechas, así que mejor que voten los hombres que al país le irá mejor. Y se confirmó cuando por primera vez votaron las mujeres. Pero parece que hoy hemos superado eso.
Tampoco nuestra Judicatura es la de 1980, ni mucho menos. Y molesta que se la siga tratando como tal, la verdad, y de manera reiterada por los medios de comunicación.
Y para terminar, puede ser que al PP no le importe la independencia del Poder Judicial. Las últimas negociaciones para el CGPJ así lo parecen indicar. Pero lo cierto es que, haya o no afinidad ideológica, si una persona debe su puesto a la confianza de sus colegas, democráticamente expresada, y no al partido político de turno, podrá ejercer sus funciones de manera muchísimo mas independiente. Y se trata de eso.
No estaba haciendo una reflexión jurídica, sino una argumentación retórica, como interpretaba que era la tuya.
La cuestión es ponderar que es ese ‘algo’. Lo que en términos absolutos puede ser ‘algo más conservador’ en términos relativos es ‘mucho más’. La descripción que haces del conservadurismo peca, en mi humilde opinión, de ser conservadurismo vergonzante por un lado, y con cierto complejo de superioridad por otro, como si quienes quieren otros ritmos de cambios fueran irreflexivos o no respetasen los procedimientos. Sí, me das la impresión de ser un prototipo del conservadurismo judicial, pero claro esto no es más que una impresión subjetiva a partir de expresiones tan características de ‘una persona de orden‘.
Los estudios, ya te lo dije, los de Toharia. Y sí, la Judicatura es pequeña y continuadora de la anterior generación, en muchas o demasiadas ocasiones por consanguinidad.
Aquí no hablamos del derecho al voto, que es algo que nadie discute que tengan los jueces, sino los motivos por los que el PP quiere cambiar el sistema, asumiendo que la independencia del Poder Judicial les importa un pimiento, opinión que parece que compartimos. Gracias por participar.
La mía también era una argumentación retórica, a la par que jurídica: en un debate sincero no debería aceptarse un hecho que te es beneficioso sólo porque la contraparte asuma la posible verdad parcial del mismo, sino que sigue siendo necesario apoyar la postura en algo más que un estereotipo infundado.
Hablando de estereotipos infundados, llegamos con uno de mis favoritos: la carrera judicial es endogámica. Basta mirar las estadísticas del CGPJ para ver que eso es rotundamente falso desde hace mucho tiempo (por ejemplo, en la última promoción un porcentaje que no recuerdo, pero bastante superior al 80%, de los nuevos ingresados no tenían ningún familiar, no ya juez, sino relacionado con el Derecho).
No hay nada de malo en querer cambios radicales en la sociedad. Grandes logros se han conseguido de este modo, como demostró el sindicalismo del siglo XIX, o la Revolución Francesa antes. No siempre emplear los cauces establecidos es la mejor alternativa para solucionar un problema, y de nuevo abundantes ejemplos hallamos en la política y en la ciencia.
Y lo más importante, yo nunca he sostenido que comparta la argumentación que realizo, sino que me parece un sentir relativamente común de la Carrera Judicial, en la que puedo asegurar que existen tantas sensibilidades políticas, y de tan distinto signo, como miembros hay.
En todo caso, del “gracias por participar” final no sé si deducir que deseas dar por zanjado el debate, lo que respetaré siendo éste tu blog. Me encantaría haber podido demostrar que los tópicos sobre la judicatura, repetidos hasta la saciedad por los medios, son absolutamente falsos e interesados. Supongo, por las respuestas recibidas, que no lo he logrado. Quizá en otra ocasión y en otro foro sea posible.
Sigamos:
Ese porcentaje no sé de donde sale, pero hay un informe de FEDEA sobre los cuerpos altos de la AP y la endogamia y no hace más que corroborar empíricamente lo que todo el mundo piensa.
No estaba cerrando los comentarios y menos a ti. La verdad es que aprovechando que eres juez me gustaría que se pudiera haber hablado de alguna cosa importante para desatascar los juzgados y no de lo del CGPJ que no tiene nada que ver con que los procedimientos mueran el sueño de los justos. Una pena pero cada cual comenta lo que quiere.
Pues sigamos:
En cuanto a agilizar la Justicia, la verdad es que más allá del tan traído y llevado expediente digital (para lo cual hace falta una considerable inversión, y no sólo en medios materiales, sino también en formación, así como un periodo de adaptación), he echado en falta que el ministro se pronuncie sobre tres cuestiones claves: los Tribunales de Instancia, la Nueva Oficina Judicial y la reforma de la demarcación y planta.
Las dos primeras están íntimamente relacionadas, pero lo cierto es que la primera está desaparecida en combate, tras un proyecto de ley con aspectos francamente negativos, incluso inconstitucionales, y la segunda tiene resultados muy desiguales en los proyectos piloto que se están haciendo en ciertos Tribunales de España. Por eso, porque la segunda es un proyecto en curso y la primera es su complemento indispensable, llama muchísimo la atención el silencio del ministro.
Sobre la demarcación y planta, hay que acabar de una santa vez con los juzgados únicos. Son absolutamente ineficientes, no tienen medios mínimos para llevar a buen término casos medianamente complejos y obligan al juez y al secretario a estar de guardia siempre, sólo librando fines de semana alternos. La reagrupación de los juzgados territorialmente dispersos racionalizaría medios, permitiría crear sedes más adaptadas y facilitaría la gestión. Pero de nuevo, silencio.
Y nadie aborda, por otra parte, un gravísimo problema de la Justicia, que todo el que haya trabajado en ella conoce: las notificaciones. Todo tiene que notificarse, con su acuse de recibo, y en ocasiones personalmente, lo que ralentiza enormemente, cuando no bloquea sin más, los procedimientos. Esto es especialmente sangrante en el ámbito penal, donde es habitual ordenar que se detenga a ciudadanos para notificarles un auto o una sentencia, porque es imposible de otro modo.
Por supuesto, otro gravísimo problema de la Justicia es el personal. Y no digo que haya poco, que también, sino que bastante es interino sin formación. Dado que el Juzgado tiene poco personal, se tiende a una distribución objetiva (por números) del trabajo, asumiendo los funcionarios la responsabilidad de los números que les corresponden. Pues en caso de que un funcionario no sea capaz de llevar su mesa, eso supone un retraso enorme en las causas que tiene asignadas, que además es muy difícil de solucionar. Trabajar en un Juzgado no es como trabajar en una oficina normal. Hay que conocer las leyes procesales y aplicarlas, y hacerlo con cierta celeridad, porque si no el papel te come.
Para finiquitar un poco el tema anterior, simplemente quiero decir que las estadísticas a las que me refiero son las propias de la Escuela Judicial, que rellenamos quienes hemos ingresado en ella. Y en los últimos años hay pocos que tengan familia judicial. Por otra parte, en todas las profesiones sucede que los hijos siguen el camino de los padres, por lo que lo contrario tampoco sería raro… aunque como digo no se da, al menos en las últimas promociones.
La cuestión informática sí tiene mucho que ver con el expediente digital, la formación de todo el personal y la finalización con determinados vicios e inercias de muchos actores jurídicos. ¿Inversión? No tanta y ya se ha producido en muchas administraciones, y no sólo en la AEAT.
Tribunales de Instancia y NOJ van de la mano. De hecho el informa de la Comisión de Demarcación lo decía y fueron ellos los que formularon solemnemente la propuesta. La oposición a la NOJ en ocasiones ha sonado más a no querer renunciar a la taifa que motivos que eran más cogidos como excusa que otra cosa.
Que yo sepa en ningún sitio se obliga ahora a que los funcionarios tengan que distribuirse los asuntos por los famosos números (con un poco de imaginación, no mucha, es posible otra organización). Es una tradición perjudicial y provoca lo que señalas: una enfermedad, unas vacaciones o poca formación y entonces se empantana la mesa. A todo ello se le une que los continuos cambios de jueces y secretarios suelen conllevar cambios en la forma de trabajar, cosa sorprendente. En la misma ciudad hay casi tantas formas de trabajar como órganos jurisdiccionales.
Trabajar en un juzgado es trabajar en una oficina normal, con un trabajo específico. En cualquier oficina tienen que conocer como se trabaja en lo suyo (por ejemplo la banca). Un funcionario no tiene que impulsar, simplemente es un señor y señora que poner en impresión lo que deciden quienes tienen capacidad para ello. Son jueces y secretarios los que tienen que impulsar y tomar decisiones sobre las leyes procesales. La ley, según recuerdo, sólo otorga a los gestores una posibilidad interpretativa que se ciñe a lo básico.
La interinidad permanente del funcionariado es sin duda un problema. La nula formación orientada al puesto concreto, así como el temario absurdo, también.
Debo discrepar absolutamente de lo que se ha dicho en relación con los funcionarios del juzgado. Un funcionario en un juzgado no es un trabajador en una oficina normal. Por ejemplo: Se recibe una denuncia en el juzgado. Esa denuncia pasa a la mesa del Juez. El Juez la mira y la devuelve al funcionario con un post-it que dice “DPA robo con fuerza citar imputado y HHP”. El funcionario tiene que saber muchas cosas a partir de esa frase:
1) El Juez le está ordenando que abra unas Diligencias Previas. Hay que darles número y darle cuenta al Fiscal.
2) Al auto de apertura de las DPA hay que añadirle como diligencia de instrucción que se obtenga la hoja histórico penal del imputado (para lo cual el funcionario habrá de leer la denuncia, deducir quién es el imputado y pedirla informáticamente, y unirla al procedimiento).
3) Además debe saber que hay que citar al imputado. Para ello, debe añadirlo al auto, pasarlo a la firma, emitir las citaciones con los apercibimientos legales, señalando fecha según la agenda del Juzgado y enviar las citaciones a la dirección correcta. Además, tendrá que estar atento para ver si llegan, y si están devueltas o se han entregado debidamente. Tendrá que preparar el acta de la declaración y de la lectura de derechos, y el día que sea tendrá que estar pendiente de si llega la persona citada, avisar al Juez, tomar informáticamente la declaración y comprobar si queda algo por hacer; si ya está todo hecho, a la mesa del Juez para dar cuenta y que decida sobre lo siguiente que se ha de hacer.
En un juzgado ordinario de España, mixto, se abren unas 2.500 diligencias previas al año, de las que suelen quedar vivas, es decir, con trámite, unas 250. Además suele haber unos 600 juicios de faltas, los cuales suelen tramitarse hasta juicio y sentencia en su gran mayoría, con su ejecutoria posterior. Y he descrito el trámite más simple de unas diligencias previas por un delito fácil.
Para este trabajo suele haber tres o cuatro, a lo sumo, funcionarios. Porque también hay que hacer el civil. Y no contemos ya los exhortos que vienen de otros Juzgados (o incluso de otros países), atender al público y a los profesionales…
Me temo que el trabajo de un tramitador o de un gestor de la Administración de Justicia no es mecanografiar textos, llevar correo y unir expedientes. Todo eso también lo hacen, con la ayuda de los agentes de justicia. Pero es mucho más, porque si no sería imposible sacar adelante el trabajo del Juzgado. Y de ahí que necesitemos gente formada y competente, y que no nos valga cualquiera.
Los funcionarios son los que llevan a cabo materalmente el impulso procesal de los procedimientos. Tienen que conocer sus fases, saber qué esperar en cada una de ellas y saber llevar a efecto lo que se ordena. No es que decidan, pero sí llevan al expediente la decisión, lo que es muchas veces más laborioso que decidir simplemente, y hay que saber hacerlo.
¿Piensas que en una sucursal bancaria tampoco tienen jerga, siglas y miles de expedientes al año?
El problema que habéis tenido en Justicia es que, con la demagogia ahora imperante, se han suspendido oposiciones durante muchos años y cuando se han sacado plazas, éstas siguen siendo insuficientes para ocupar establemente buena parte de los puestos. Además el tipo de formación de las oposiciones, la ausencia de protocolos y la nula formación tras las oposiciones hacen el resto (como pasa en otras administraciones). Y hay demasiado derecho consuetudinario, comprende el uso retórico, que hace que las cosas se hagan diferentes dependiendo de personas. La atención al público o profesionales debería estar mejor ordenada. El impulso no puede ser dejado a cada funcionario, y creo que pasa.
El tema de las notificaciones, que señalabas en otro comentario, es un problema que para el Derecho Administrativo terminó en 1992.
No pienso nada acerca de las sucursales bancarias, porque no las conozco; yo conozco las oficinas judiciales.
El impuso se “deja” a los funcionarios en el sentido en que deben llevar a debido efecto lo ordenado por el Juez (o por el Secretario), lo que requiere saber cuáles son las actuaciones en que se concretan las órdenes recibidas y saber plasmarlas por escrito, así como saber interpretar las respuestas a las mismas. Y si no lo hacen ellos, ¿quién debería hacerlo?
Sobre las notificaciones en Derecho Administrativo, es muy fácil para la Administración porque todos sus actos están sujetos a control judicial posterior. Cuando no eres el último que decide, y sabes que tus decisiones pueden ser revisadas, es mucho más fácil ser laxo con los requisitos.
Ahora, te invito a considerar lo que podría pasar si aplicáramos las normas de citación administrativa al proceso (penal, que es donde se producen los mayores problemas de citación).
Podría suceder, y sucedería con frecuencia, que una persona fuera andando por la calle, se le acercaran dos policías y le dijeran que se identificara; y a la vista de la identificación, le dijeran que quedaba detenido para ingresar dos años en prisión. Porque hay un expediente judicial, notificado por edictos, sentenciado, del que el ciudadano no ha sabido nada, que ya es firme y en cuya virtud ingresará en prisión. Y el ciudadano, sin defensa, para adentro.
Un proceso penal no es un proceso administrativo. Las faltas, que suelen establecer multa, sí se le parecen, pero nunca los delitos, con penas privativas de libertad. Y sobre todo, porque los procesos judiciales tienen una cosa que no tienen los procesos administrativos: efectos de cosa juzgada.
Estamos hablando de lo mismo respecto al ‘impulso’, aunque espero que ya no se celebren juicios ante funcionario, toma de declaración de imputados ante funcionario, etc, etc
El Derecho Administrativo ha solucionado problemas y claro que no es trasladable directamente al Procesal Penal. Nuestro sistema no gusta el juicio penal en rebeldía, pero ello no quiere decir que determinadas cuestiones no se puedan hacer de otra forma. De hecho la Policía sí busca a personas y las lleva para notificarles.
Ah, el control jurisdiccional de los actos de la Administración viene a ser algo como imaginario, dado que normalmente son procedimientos caros, largos, y en los que solamente merece la pena meterse cuando te juegas bastante.
Hombre, el art. 172 LECRIM tampoco es que sea mucho mejor que la publicación edictal administrativa.
Sobre la celebración de jucios (rápidos con conformidad) ante el funcionario y la declaración de imputado, eso depende del atasco que tenga el juzgado en cuestión, como tantas otras cosas. Es lo mismo que el control jurisdiccional de los actos de la Administración: si no tenemos medios, la culpa es del ejecutivo, al que no le interesa que se controlen sus actos. Si es ilusiorio, es porque el poder político pervierte el sistema para no dejarnos juzgar, y lo llevamos diciendo años.
El 172 LECrim (superado por el 161 LEC) sólo se puede aplicar a resoluciones de trámite. La citación para declarar como imputado, si no llega, ha de reiterarse, y si no se consigue, se debe ordenar que se detenga a la persona, porque nunca se puede pasar a juicio oral sin que conste la declaración del imputado (o su negativa a declarar, conforme Constitución) y no vale la que haya podido hacer ante la Policía.
El auto de apertura de juicio oral también debe ser notificado personalmente, con orden de busca y captura si es preciso.
¿Cuál es la base legal para que un funcionario celebre juicio o un imputado declare ante él? (por curiosidad).
Hombre, la declaración que haya podido hacer antes la Policía algo vale, ya que si alguien cambia su declaración suele debilitar su posición.
No existe base legal. Se hace por necesidad. Cuando decimos que los juzgados están atestados de trabajo, no nos lo estamos inventando. Se procura evitar, pero en muchas ocasiones no hay más remedio. Los abogados lo saben, y no ponen pegas.
La declaración ante la Policía no vale como prueba; sólo vale la que se hace ante el Juez de Instrucción. El atestado es prueba documental, pero como el interrogatorio del detenido se hace antes de que su abogado se haya entrevistado con él, no es bastante para cumplir el requisito de que nadie puede ser sometido a juicio penal sin que antes haya tenido ocasión de ser oído por el Juez de Instrucción.
Las contradicciones con el atestado pueden ser base para condenar, pero se considera una prueba extremadamente débil.
Esas contradicciones, serán muy débiles, pero pasan y no pocas veces (aunque se aliñen con otras). Es la Justicia para los que no tienen buenos abogados: declaraciones ante funcionarios o ser condenados por la declaración ante la Policía.
Desde hace muchos años los órganos de vigilancia del PIDCP y el CPT del COE insisten en la necesidad de asistencia letrada desde el primer momento de la detención. ¿Por qué no hemos acometido esas reformas legales?
Que no exista base legal no quiere decir que estemos ante costumbres ‘praeter legem’, sino más bien que sean prácticas ‘contra legem’ y eso es preocupante. El atasco no es excusa y antes de la LEC del 2000 se pretestaba lo mismo para prácticas dudosas con las que la Ley terminó.
Siendo la asociación mayoritaria con diferencia entre los jueces la APM, no parece nada descabellado sostener que se da una “composición ideológicamente conservadora de nuestra Judicatura”.
Por otra parte las personas necesitan disponer de cierto nivel de renta familiar para poder dedicar todo el tiempo y dinero que exige el sacarse unas oposiciones del grupo A (media de entrada hacia los 30 años, hasta ese momento no tienen ingresos propios), por lo tanto tenderán a proceder de una clase social más acomodada, en general (en todo hay excepciones).
Sí, la APM es la asociación mayoritaria, pero entre las otras tres suman más o menos el mismo número de asociados. Y decir que la APM es conservadora es una simplificación impuesta por los medios de comunicación, porque en ella hay gente de todo pelaje, y lo sé porque conozco a varios. La APM es fundamentalmente una asociación profesional, lo que quiere decir que le preocupa el estatuto laboral y social del Juez mucho antes que cuestiones ideológicas, precisamente porque dentro de ella hay de todo.
Y, sobre todo, hay que tener en cuenta que más de la mitad de la carrera no está asociada, lo que en la práctica significa que no tiene acceso posible al CGPJ. Con unas elecciones directas por la carrera, todos nosotros podríamos tener representatividad en el Consejo, y no sólo los asociados.
Sobre los ingresos que tiene que tener la familia del futuro Juez, lo cierto es que la inmensa mayoría provienen de las clases medias (incluso los que provienen de ser hijos de juez, ya que los salarios de la judicatura no dan más que para clase media). Estoy de acuerdo en que debería implementarse un sistema de becas mucho más ambicioso para facilitar el acceso de las clases humildes a cargos públicos (y no sólo en la judicatura), pero hoy en día tener un hijo en casa a los 30 no es una realidad desconocida para la mayoría de las familias… aunque en el caso del opositor, se trata de un hijo que está haciendo algo por su futuro.
Las asociaciones profesionales, cuasisindicatos, se agrupan por afinidades ideológicas. Si hubiera tanto pelaje en cada una de ellas solamente habría dos asociaciones en todo el país.
Acabo de encontrar los datos de autoposicionamiento de los jueces. Y debo reconocer mi error: la Carrera Judicial no es algo más conservadora que la mayoría de la población. Es idéntica a la mayoría de la población. En 1990, Jueces 4.63 y población general 4.74.
La fuente son precisamente los estudios de Toharia que están en el CGPJ, ya que hablamos de él.
Así que se confirma que decir que los jueces son de derechas (y más decir que son muy de derechas) es un prejuicio no sustentado en datos reales.
Los datos que yo tengo indican lo contrario.
http://www.poderjudicial.es/stfls/cgpj/AN%C3%81LISIS%20DE%20LA%20ACTIVIDAD%20JUDICIAL/ESTUDIOS%20Y%20ENCUESTAS/ESTUDIOS/FICHERO/LIBRO%2025%20A%C3%91OS_4_5_6_1.0.0.pdf
Advierto que es un PDF.
Yo, visto lo visto, sustituiría a los ministros por calcetines. Sí, marionetas hechas con calcetines (del primark, austeridad) en los que cualquier funcionario al efecto podría meter una mano y representar una rueda de prensa o una comparecencia delante de un micrófono mientras suena un mp3 grabado con una combinación (para evitar repeticiones idénticas) de tópicos. Cada cuatro años le cambiamos el cartel a la marioneta (ora PP, ora PSOE) y ya está.
Mientras, dejamos a los que saben ir haciendo las cosas sin que nadie les moleste, sin presiones, y sin partidismos de ningún tipo, total ¿para qué, si ya gobiernan en turnos?
Los revolucionarios franceses, de hecho, hacen nacer las instancias administrativas, el derecho administrativo, como forma de evitar en lo posible a los tribunales (sospechosos de monárquicos por estar compuestos por la aristocracia). En España hay auténticas sagas de jueces. De esos que aprueban los exámenes de acceso a la judicatura “mientras no paren de cantar”…