El hecho de que el PP en la Comunitat Valenciana tenga bloqueada la designación de Leire Pajín como senadora por esta comunidad ha supuesto la ruptura de una práctica que se remonta a los primeros años de vigencia de la Constitución.
A cada Comunidad Autónoma le corresponde designar un senador y otro por cada millón de habitantes. El acuerdo implícitos entre los partidos, que en algunas regiones se ha llega a introducir en los reglamentos parlamentarios o en leyes autonómicas, consiste en que se repartirán proporcionalmente en función de la composición del parlamento autonómico.
Siguiéndose estos criterios los senadores designados son los siguientes (incluyo la todavía no realizada designación de Pajín por las Cortes Valencianas).
Este acuerdo no deviene de la Constitución, ya que ésta no prevé ningún procedimiento de “reparto” de los senadores. Si se rompiese el acuerdo e incluso se modificasen las normas en las autonomías que las tienen, los senadores podrían ser designados según la elección de la mayoría gobernante en cada comunidad.
En una hipotética “guerra de senadores” cabría la posibilidad de que cada uno de ellos fueran elegidos individualmente, es decir, de forma uninominal, eliminando la proporcionalidad, por lo que un partido que tenga la mayoría absoluta o una coalición con ésta misma mayoría podría llevarse todos los senadores correspondiente a la comunidad.
¿Cómo quedaría la situación después del cambio en la designación? ¿Habría cambios significativos?
En las Comunidades en las que el PSOE tiene mayoría absoluta se llevaría todos los senadores correspondientes a éstas (nueve por Andalucía, dos por Extremadura y dos por Castilla-La Mancha). Lo mismo ocurriría donde el PP tiene esa misma mayoría (tres senadores por Cartilla y León, cinco por la Comunitat Valenciana, dos por la Región de Murcia, tres por Galicia y mantendría también el de La Rioja).
En Aragón el senador que tiene el PP pasaría al PSOE, entendiendo que se mantendría el “cedido” por los socialistas al PAR. En Asturias la situación no tendría que cambiar, ya que la mayor minoría ya tiene el único senador por el Principado. En Cantabria donde la “cesión” es por parte del PRC, fruto del acuerdo de gobierno con el PSOE y se mantendría. En Canarias el PSOE perdería su senador en beneficio de la coalición derechista gobernante, ganando posiblemente un senador CC al ser la formación más votada. El reparto de los dos senadores baleares entre PSOE y Partido Socialista de Mallorca (que es parte del PSOE) se mantendría. En Navarra todo indica que se mantendría el “independiente” designado. Ceuta y Melilla, al no ser Comunidades Autónomas sino Ciudades Autónomas, no designan senadores, contando únicamente con los elegidos popularmente.
Los dos casos más delicados son Euskadi y Catalunya. En Euskadi lo previsible sería que el actual reparto de senadores entre PSOE, PP y PNV se rompiera de forma la mayoría que apoyó la investidura del Lehendakari copase los senadores designados (dos para el PSOE y uno para el PP).
En Catalunya la mayoría gobernante (“gobierno de Entesa- ex Tripartito”) podría designar, designando el PSC, ERC e IC senadores en función de los votos recibidos y que han conformado la mayoría. El gran perjudicado sería CiU que perdería sus tres senadores designados y el PP a su senadora, teniendo entonces el PSC cuatro senadores, ERC dos e IC otros dos.
El resultado de la “guerra de los senadores” dejaría, en las condiciones actuales, al Senado prácticamente en la misma situación, con un leve aumento del PSOE y el PP quedando igual, siendo un tercero (CiU), que no ha participado en la disputa valenciana, el principal perjudicado.
La designación proporcional de los senadores autonómicos valencianos está, actualmente, en una Ley (la Ley autonómica 3/1988), en cuyo artículo 2.2 se establece la atribución proporcional de senadores a cada grupo parlamentario, que podrá proponerlo conforme al artículo 3, y que serán designados tras votación secreta en el pleno (art. 10) siempre que haya dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados reconociendo que no hay ninguna causa de incompatibilidad o inelegibilidad. Si no hay causa de inelegibilidad o incompatibilidad, la negativa del otro partido a aceptar al candidato propuesto es difícilmente constitucional.
Sé que tu entrada no va sobre eso, pero ahí lo dejo. ;-)
No me parece un panorama deseable. Pero el caso “Pajín” me hace temer que es la situación hacia la que vamos.
El perjudicado “real” sería el PSOE, por que sus socios de gobierno, PNV y CiU perderían sus senadores, aunque dependería mucho de como se vendiera la situación (que realmente ha sido causada por el PP) en cada una de las 2 CCAA, personalmente creo que cargarían contra el PSOE acusanbdole de culpable.
De todas formas, me gustan este tipo de guerras, en vez de pactar senadores neutrales que busdquen beneficiar a la CA, se dividen los senadores entre ellos (idem cuando elijen jueces).
Un día de estos escribiré un post centrado en el hecho de que el PSOE, partido en el Gobierno, no sea capaz de lograr que el responsable del “aparato” a nivel federal sea senador (senadora en este caso, aunque no es relevante que sea Leire Pajín o cualquier otra persona).
Imaginar que cualquier cámara autonómica se hubiera atrevido a denegar la petición de tramitar el acta de Alfonso Guerra, o Txiki Benegas, o Cipriá Císcar o Pepe Blanco suena a broma.
De hecho, todo a suena a pseudocampaña interna para desprestigiar a Leire, que a su vez no está siendo capaz de resolver el asunto…
El Partit Socialista de Mallorca no forma parte del Partit Socialista de les Illes Balears, federación balear del PSOE. Como no lo es el PSA, salvando las distancias
http://es.wikipedia.org/wiki/Partit_Socialista_de_Mallorca
Ya, creo que no lo he mezclado.