Al margen del grandísimo rostro que presenta la susodicha federación de municipios de Murcia al exigir al Gobierno algo que sus propios dirigentes niegan, quiero ahondar en el fondo de la continua petición de fondos por parte de los ayuntamientos. ¿Para qué son dichos fondos? Para prestar, además de auxilio al gasdto corriente, no sé muy bien qué servicios, en virtud de unas cláusulas que desconozco que ellos llaman “competencias impropias”.

La acogida de dichos servicios, ajenos a la legislación de Régimen Local (bueno, sólo extraíbles de una cláusula residual de la Ley 7/1985), han hecho que el gasto de los ayuntamientos se incremente, máxime cuando la deriva política (prometer,prometer y prometer cada cuatro años) ha ido presionando a los ayuntamientos en una loca carrera por prestar servicios. Pero nadie, absolutamente nadie, piensa que la corresponsabilidad fiscal no es sólo que haya más impuestos cedidos y más participación sobre los ingresos del Estado, sino también, quizá, elevar ciertos tipos impositivos de las figuras tributarias locales y/o repensar ciertos impuestos locales.

Porque, desde luego, es ilógico, además de injusto, pedir dinero mientras en mi pueblo/ciudad me jacto de bajar el IBI, el IAE, el ICIO o cualquier otro gracias a la venta de suelo público.

Desde mi punto de vista, la autonomía municipal consagrada en la Constitución ha de entenderse restrictivamente, en tanto la verdadera autonomía quedó reservada por el poder constituyente a las Comunidades Autónomas. Los entes municipales deben ocuparse, básicamente, de que las ciudades estén limpias, bien iluminadas, bien asfaltadas y sin demasiados problemas de tráfico, con unos servicios mínimos eficaces y coherentes con las necesidades del municipio. Lo demás es salirse de madre, como dicen en mi tierra.