Se ha dictado la sentencia del caso del Yak-42. Después de haber visto buena parte del juicio, no tenía prácticamente ninguna duda de que el fallo sería condenatorio. Una sentencia que condena a los culpables, pero que la estrechez de miras de nuestra clase política considera absolutoria en todas las esferas para el máximo responsable del Ministerio de Defensa, que era Federico Trillo.
Hay varios hechos incontestables. Se contrató un avión, modelo Yak-42, que resultó estar en malas condiciones de vuelo. Como consecuencia del estado del avión y, muy probablemente, de la capacidad de la tripulación el aparato se estrella produciendo la muerte de sesenta y dos militares y de la tripulación ucraniana. Trillo no dimitió por el accidente de un avión que no estaba en condiciones para volar.
Se realizaron las identificaciones a prisa y corriendo. Un proceso que era complejo se llevó a cabo en pocos días. Los familiares sospecharon que algo no se había hecho bien dada las dificultades que tenían para obtener certificados de defunción o unas explicaciones más exactas sobre el proceso. En el juicio ha quedado claro que se firmó la identificación de treinta cadáveres sin saber a quién correspondía, atribuyéndolos aleatoriamente y constituyendo una falsedad en un documento público, según reza la sentencia. Trillo no ha dimitido siendo el responsable político de un proceso chapucero y en el que la Justicia ha considerado que ha habido un delito.
Lo que pasó es que desde el gobierno de Aznar se quiso cerrar el ciclo negativo de noticias que accidente les ocasionaba en los aledaños que la campaña electoral de 2004. Se quiso cerrar con un solemne acto militar, presidido por el Rey, utilizando la figura del Jefe del Estado como parapeto para su lamentable gestión.
Las familias fueron esquivadas, despreciadas e incluso puestas en duda. Se les acusó de dejarse manipular por medios y partidos de la oposición. Al día de hoy, después de una sentencia judicial, ningún responsable del Ministerio de Defensa de aquellos tiempos ha perdido perdón a los familiares por el avión contratado, por el proceso de identificación y por las falsedades demostradas judicialmente. Familias de verdad, de carne y hueso, con sentimientos y con hijos, padres o maridos fallecidos; familias que sufren y no esa familia abstracta que ellos dicen defender.
Las informaciones de la prensa, las sospechas de los familiares y la aparición en Turquía de objetos que supuestamente sirvieron para realizar las identificaciones abrieron un caso que el interés electoral del PP pretendió sepultar. La mentira del Yak-42 les sirvió para saber como orquestar una mentira, lo cual intentarían llevar a la prácticos en aquellos trágicos días de marzo de 2004.
Una duda: ¿crees que la mierda tendría que haber salpicado más alto en el caso GAL? Por situarnos, digo.
Si el parámetro moral es el caso GAL arreglados vamos.
En todo caso te indico que tu comentario está fuera del hilo.
Ya digo que era para situarnos. Es decir, para tratar de tener criterios coincidentes respecto a cómo juzgar (legal o políticamente) la responsabilidad de altos cargos políticos en actos ilegales. Tú dices que Trillo debería abandonar la política, o a eso pareces aludir (motivos para retirarse) ya que ahora no ocupa ningún cargo en el gobierno del que dimitir. A mí el tipo me desagrada, pero me gustaría saber cómo demostrar su implicación en los hechos. Es decir, si a Barrionuevo le llegó poco y a González nada. ¿Bajo qué criterio a Trillo sí?
Dos precisiones: Trillo debería irse a su casa; Felipe González ya está en la suya.
Caramba Geógrafo, estamos jugando al gato y al ratón. Estoy hablando de criterios, de un modelo que nos permita juzgar la acción política y relacionarlo con lo que realmente existe, para imaginar maneras de mejorarlo. Para ello es pertinente la comparación histórica. Mi sensación es que en España, y sea cual sea el partido, los altos cargos evitan la reprobación política remitiéndose a la investigación judicial, que al llegar a ciertas alturas se ve sumamente limitada y rara vez llega a nada. ¿Por qué? No lo sé, pero sí creo que no es exclusiva de un partido sino algo sistémico. Por eso traía a colación el caso GAL, donde Barrionuevo (casi) y González et al. salieron de rositas.
Demócrito, la responsabilidad política no es un juicio de legalidad, sino de moralidad. En ese sentido, cabe aducir que un hecho puede ser delictivo, pero no inmoral, como ha argumentado Citoyen con Rafael Vera, aunque yo no esté de acuerdo con el razonamiento concreto que él hace al valorar la resposabilidad moral del ex secretario de Estado.
O sea (pronúnciese con ese acento pijo-nasal tipo Ricardo Costa…), que el caso del Yak -y yo no me refiero a que se estrelle un avión, por supuesto, que de antemano no es culpa del ministro salvo que conociese que estaban en mal estado o que hubiese tomado decisiones para abaratar los vuelos, que pudiera ser…; sino a mentir sobre qué hay en un ataud porque quieres enterrar cuanto antes a la gente para que no salpique unas elecciones locales; y pasarte más de seis años tomando el pelo a los familiares de tus soldados muertos- debe medirse con los parámetros de la cuestión GAL, que, por supuesto, se limita a que al PSOE le dio por organizar una contra-ETA, ¿no?
Menudos comentaristas tenemos, amigo Geógrafo…
Mario:
Yo no creo que sea un mero problema de moralidad. Creo que hay actuaciones políticas, cuya ilegalidad es discutible o difícil de demostrar, que son claramente perjudiciales para el correcto funcionamiento de las instituciones. En tales casos nuestro sistema político (no el judicial) parece incapaz de desincentivar ciertos comportamientos. En otros países el rigor de la ciudadanía respecto a ciertos actos creo que es mayor, aunque también la propia normativa trata de que éstos no sean inaccesibles al poder judicial. En Dinamarca, por ejemplo, un alto cargo o directivo de la administración no puede aceptar un regalo por un valor superior a 25€, y las cuentas de gastos se llevan con rigor. Con esto quiero decir que si bien la justicia puede demostrar y penar a aquellos que ejecutan actos tipificados como delitos, como ha sucedido en el caso del Yak-42, es muy difícil que pueda hacerlo con los que son directores e impulsores de tal política, o aquellos que miraron para otro lado cuando por su cargo deberían haberla impedido, como es el caso de Trillo. Es entonces necesario que existan otros mecanismos, institucionales o no, que castiguen ese comportamiento e impidan un sistema de incentivos perverso.
Franesco:
Los argumentos ad hominem describen mejor a quien los utiliza que quien los recibe. La desinformación a la hora de utilizarlos añade la condición de ignorante a tal descripción. El caso GAL es perfectamente descriptivo del mecanismo que he discutido con Geógrafo y Mario: un acto ilegal, quizá el peor posible por parte de autoridades administrativas, donde parte de los ejecutores sufren la condena impuesta por el poder judicial mientras sus impulsores, o como mínimo cómplices, no se ven implicados.
El problema es que Navarro no va a ir a la cárcel. Con lo cual es improbable que tire de la manta e testimonie contra Trillo, con las consecuencias penales sobre éste último.
Análogamente, Barrionuevo y Vera estuvieron encerrados poco tiempo, disfrutando de un vergonzoso trato de favor y fueron indultados por Aznar (¿corporativismo político?) a los pocos meses. Si se hubieran tenido que resignar a cumplir su pena completa en una prisión ordinaria sin favoritismos, es posible que alguno habría cantado las responsabilidades penales de X.
Es, cuando menos, llamativo que siempre que se habla de moralidad en política salga a coalición el GAL, también podrían salir otros ¿no?
Desde mi punto de vista quien no es capaz de asumir responsabilidades morales en política no debería dedicarse a ella pues todas las decisiones que tome, y sus consecuencias, revierten, queramos o no, en el conjunto de la sociedad y a la vista está que las decisiones de Trillo no fueron las adecuadas en lo tocante al Yak42, yo aún lo recuerdo diciendo que “era un avión seguro”, y seguro que era avión pero no un avión seguro.
Franesco, si Trillo mintió sobre la tragedia del Yak no fue para no salpicar unas elecciones locales. Éstas se celebraron el domingo 25 de mayo, mientras que el accidente tuvo lugar el lunes 26 de mayo, cuando las urnas ya estaban cerradas. Dentro de lo resbaladizos que son los juicios de intenciones, ciñámonos a lo posible, ¿no te parece?
Un saludo :-)