Desde hace mucho tiempo vengo pensando que al hablar de la independencia y de la imparcialidad de los juzgados y tribunales se habla demasiado de los grandes órganos del poder judicial (tanto de gobierno como jurisdiccionales), pero poco de la independencia y de la imparcialidad en los órganos desplegados por todo el país.
En una entrada del pasado septiembre decía:
Espero que algún día alguien quiera hablar de la independencia judicial en serio, es decir, de la independencia de los juzgadores en las ciudades y pueblos, donde muchas veces pueden estar sometidos a presiones sociales, familiares o amicales. Me encantaría que se estudiase alguna vez cómo se juzga en las pequeñas localidades, los motivos por los que los jueces salen disparados de ellas y que levantase acta de qué hablan los abogados con los jueces a puerta cerrada.
Creo que en temas de corrupción la mayor distancia facilita la mejor investigación y la ausencia de eventuales presiones sobre los instructores, por ser precavido. Sería conveniente cambiar el criterio del “locus comissi” para los delitos contra la Administración Pública y entregarle la instrucción y el enjuiciamiento a la Audiencia Nacional (además de los que le pudiera ya corresponder), aunque sea necesario crear para ello un nuevo juzgado central de instrucción.
La instrucción de casos de delitos contra la Administración Pública implica “meterle mano” a los poderosos del lugar y esto puede amedrentar a algunos. Estos casos son enormemente complejos, con muchas implicaciones, y muchos juzgados están tan sobrecargados que la instrucción de estos cosas puede ser problemática o casi imposible. La situación profesional de los magistrados de la Audiencia Nacional es más idónea para estos casos siempre espinosos y con trascendencia mediática que un magistrado, juez que está al frente de un juzgado de instrucción o de uno mixto o incluso un TSJ.
Para un ciudadano que creyera en el sistema judicial, que tuviera un grave problema que pudiera implicar a un administracion publica, y que no tuviera medios ¿que recomendarias?
Zaira, dependerá de qué “grave problema” sea. Aunque si el problema es la falta de medios, existe la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, que permite a las familias cuyos ingresos anuales no superen el doble del salario mínimo interprofesional acudir a la Justicia para defender sus intereses de forma –como su propio nombre indica– totalmente gratuita.