Las administraciones municipales tienen la ventaja, sobre las otras administraciones, de ser la más cercana a los ciudadanos, pero esa ventaja es también su mayor debilidad a la hora de establecer controles internos. Los controles internos, para ser efectivos, deben ser realizados por personas que no mantengan ninguna relación ni tenga que encontrarse todos los días con sus controlados.
Las pequeñas y medianas dimensiones de muchas de las administraciones municipales hacen socialmente imposible el control. Ello no quiere decir que en las grandes administraciones no se den situaciones de descontrol, pero sí hay mecanismos de control que evitan prácticas que se tienen como habituales o normales en los ayuntamientos de tamaño más reducido.
El caso de Coslada es paradigmático de la incapacidad o del “mirar para otro lado” que caracteriza a muchos ayuntamientos. Nadie podía hacer nada contra la trama policial, porque si se intentaba dentro del ayuntamiento los interesados rápidamente se enterarían y pondrían todos los medios en impedirlo.
Cosas como el Pacto por la Autonomía Local y las leyes que lo desarrollaron han limitado la posibilidad de intervención de las comunidades autónomas en los municipios. La política de personal, verdadero caldo de cultivo de muchas prácticas clientelistas sigue fragmentada, de forma que una propuesta tan lógica como unificar todos los cuerpos administrativos y de trabajadores de los ayuntamientos en cuerpos de habilitación autonómica, ha desaparecido.
Hay muchas cosas que en otras épocas era lógico que estuviese en manos de los municipios, como las licencias de construcción o la disciplina urbanística, pero la experiencia de estos años nos ha demostrados que los ayuntamientos son administraciones demasiado pequeñas y enormemente débiles para decidir sobre asuntos que tienen consecuencias más allá del límite municipal, como es la ordenación de territorio.
La organización municipal debería ser repensada y estar mejor financiada, tener más controles externos, unos poderes redimensionados, más control e inspección y con mecanismos para detener los hechos consumados que muchos ayuntamientos toleran y que luego legalizan.
No te engañes. Lo de Coslada no ha sido un problema de organización, sino político. Se sabía y se intentó luchar contra ello, pero siempre hubo un grupo que puso trabas: la PIC. Esta PIC es el partido que se sacó de la manga José Huélamo, alcalde desde 1981, cuando su partido, IU, no quiso presentarle de candidato a las elecciones de 1.999. Entonces ganó el PSOE que gobernó en coalición con IU y trató de limpiar la policía controlando o eliminando a Ginés Giménez. En 2.003, el PP alcanza la alcaldía en coalición con la PIC, y Ginés es rehabilitado por completo. En 2.005, el jefe de personal emite un informe en el que se viene a decir que la situación es insostenible y propicia a que se den corruptelas, dejando en evidencia que el acoso laboral es algo normal en la policía. El concejal de seguridad, del PP, intenta ir contra él, y acaba perdiendo su puesto, seguramente porque peligraba la coalición con la PIC. En 2.007, la PIC se alía con PSOE e IU y se reserva con un único concejal el área de seguridad. Siguen siendo indispensables para la gobernabilidad del municipio y no hacen nada contra el jefe Ginés, más al contrario, se aseguran de tener controlado el cortijo.
Un saludo.
No niego los datos que aportas, pero es curioso que ese juego de intereses se den con tanta facilidad en el ámbito municipal. Los partidos tipo PIC proliferan en toda España.