Geografía Subjetiva

El Centralismo es uno de los temas que de vez en cuando vuelven al debate político, no porque haya una generalizada insatisfacción con el Estado autonómico, sino como reacción a la retórica, más que a la política práctica, de los partidos nacionalistas periféricos.

Al coro centralista del “cierre del sistema” que Rajoy ha ido ladrando toda la legislatura anterior, se ha añadido Rosa Díez y su chiringuito de la UPyD.

Para empezar voy a proponer un concepto operativo de “Centralismo”, es decir, un concepto para dar a conocer a qué me refiero cuando hablo de Centralismo, sin pretensiones de ser exhaustivo ni definitivo.

Entiendo por Centralismo a la existencia de un solo núcleo de decisión política legal en el seno de un Estado. Es vidente que un Estado absolutamente centralizado es imposible, ya que normalmente hay centros de decisión en el ámbito local, por muy pequeña que sea esa capacidad de decisión.

El desarrollo del modelo autonómico de la Constitución de 1978 fue el final del Centralismo en nuestro país, apostándose por un sistema de descentralización política y no sólo administrativa.

Muchos echan de menos el Centralismo y para no parecer que realmente les guía el Conservadurismo recurren a un argumento esotérico, de corte jacobino, que dice que un solo poder garantiza un igual tratamiento para todos los españoles.

Este argumento es un argumento vacío y hasta reconocidamente falso, ya que considera la igualdad únicamente en su plano formal y no en su mano material. Una misma ley puede tener efectos diferentes dependiendo de las circunstancias del lugar en el que se aplique. Si, por ejemplo y simplificando, se establece la instalación de calefacciones es deducible en el IRPF para todos los españoles, resultaría discriminatorio para los españoles que vivimos en partes de España en las que la calefacción no es necesaria.

Si el Centralismo fuera una garantía de igualdad, después de cuarenta años de Centralismo, España debería haber sido un país sin diferencia alguna entre sus territorios. La realidad fue más bien la contraria.

Las actuales Comunidades Autónomas tienen una dimensión adecuada, a mi entender, para ser cercanas a las necesidades de los ciudadanos y, simultáneamente, la suficiente lejanía como para que los intereses más individuales, familiares o de grupo interfieran constantemente en las decisiones (como sí pasa más fácilmente en los ayuntamientos).

El actual sistema autonómico ha aumentado los servicios públicos. Todas las comunidades han entrado en “competencia administrativa y política” por tener las esperas quirúrgicas más bajas, los mejores resultados en el Informe PISA, más kilómetros de autovías, menos paro o más atenciones a la infancia o a las personas mayores. Para que exista esta “competencia administrativa y política” debe haber más de un operador y el Centralismo sólo ofrece un operador. Excesos los ha habido, pero yo no hablaré de ello, porque es de lo que hablan los centralistas y ya han dicho bastante.

Que las Comunidades Autónomas sean órganos que se someten a procesos electorales propios hace que sean los ciudadanos los que tengan en su voto el partido y el modelo de política que desean para su territorio, sin tener que aceptar una decisión mayoritaria en toda España pero minoritaria en esa comunidad.

Una regresión centralista no sólo es oportunista, sino inadecuada. Inadecuada porque la experiencia histórica nos ha enseñado que va en contra de la cohesión territorial, de los servicios públicos y disminuye la responsabilidad política de los gobernantes.

La propuesta de “cerrar el sistema” sólo puede provenir de una forma de pensar, el Conservadurismo, que implícitamente ve el cambio como algo negativo y que piensa que hay una realidad atemporal que se debe mantener porque es buena por sí misma. “Cerrar el sistema” es negar que la realidad cambie constantemente y que las instituciones políticas hayan de adaptarse a esos cambios.

Petrificar el sistema político es separar las instituciones de la realidad en aras de un Conservadurismo vestido de Jacobinismo para la ocasión. Devolver competencias al Estado es entrar en un Jacobinismo conservador, especialmente cuando lo único que se pretende es atacar la lengua de algunas de las comunidades de nuestro país.