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Coronel – Jefe de Servicio

Uno de los vicios seculares de nuestras Fuerzas Armadas es su gran número de mandos. Casi todo el que sale como alférez de una academia militar termina siendo teniente coronel o coronel, el rango inmediatamente inferior a general. Hay tenientes coroneles y coroneles para completar siete ejércitos más, con escasa, nula o ridícula ocupación pero con remuneraciones crecientes y algunos con serias opciones a ascensos.

Esto ha provocado tradicionalmente varios efectos negativos sobre las Fuerzas Armadas y el Estado en su conjunto. Hay un coste creciente para un personal realmente muy superior en número al realmente necesario ya que normalmente únicamente se exige para ascender no ser torpe, no portarse mal y esperar pacientemente el transcurrir de los años. El coste de este personal, del mejor remunerado por su rango, es tremendo.

La reforma de las Fuerzas Armadas es una de esas reformas aplazadas y sustituidas por pequeños intentos, chapuzas o remiendos. Siguen sobrando tenientes coroneles y coroneles sin ninguna opción del alcanzar el Generalato y también sobran generales pero ése es otro debate.

La Ley 15/2014 de de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa ha establecido la posibilidad de que los militares de carrera puedan tengan prevista una situación administrativa en el caso de que obtengan un puesto de trabajo en la Administración Civil sin necesidad de pasar a la reserva. Esto que parece lógico, no es inocuo, pues posibilita que estos excedentes de generales frustrados puedan pasar a la nómina de la Administración Civil, haciendo otra chapucera reforma militar.

El problema es que estos tenientes coroneles, coroneles y algún comandante no se van a conformar con un puesto del grupo C ó del grupo B, ni siquiera del grupo A2. Ellos querrán que sus galones sean reconocidos con un puesto molón del grupo A1, pero de los que tienen los mejores complementos.

¿Qué aportará un militar provisto de uno de estos puestos sin tener preparación alguna? Lealtad a quien le nombró. Los puestos del grupo A1, en las administraciones generales, suelen ser los responsables de los servicios, los que firman los informes comprometidos, los que marcan el terreno de la legalidad, de manera que es mejor tener a alguien leal y de orden que a un pelagatos que se ha hartado de estudiar Derecho Administrativo y que cualquier día acaba firmando un informe de los que no gustan.

Así podrían desaparecer las oposiciones libres para acceder a esos puestos, ya que con suma facilidad todos ellos podrían ser ocupados por comandantes, tenientes coroneles y coroneles en servicio en la Administración Civil a través de procedimientos de provisión de puestos de trabajo legalmente previstos para “racionalizar” el gasto del Ministerio de Defensa y llegar la Administración Civil de militares leales.

Un Parlamento para Inglaterra

Tras el resultado del referendum escocés parece que a los políticos de Londres no se les ha ocurrido otra cosa que darle más poderes al gobierno y al parlamento regional con la finalidad de saciar a los independentistas, como si a un independentista le saciara algo que no fuera la independencia.

Pero el hecho de entregar nuevos poderes a Escocia agudiza una de las paradojas del sistema político parlamentario: la cuestión de West Lothian. El Parlamento del Reino Unido está compuesto por diputados elegidos por los habitantes de las cuatro naciones, pero tres de ellas tienen gobiernos autónomos regionales y poderes sobre los que las instituciones del Reino Unido no pueden decidir.

La cuarta nación, la inglesa, no tiene instituciones regionales, de forma que todos sus asuntos y un buen puñado de leyes que solamente les afecta a ellos se deciden en el Parlamento del Reino Unido y son decididas, valga la redundancia, por diputados ingleses, pero también por los galeses, norirlandeses y escoceses, mientras que los ingleses no pueden inmiscuirse en cuestiones transferidas a las instituciones regionales.

Una injusticia patente a la que todavía no le han dado solución. Ahora el Primer Ministro Cameron ha propuesto que, dentro del Parlamento del Reino Unido, solamente los diputados ingleses voten las leyes que solamente van a afectar a Inglaterra, como alternativa a constituir instituciones regionales ingleses, no queridas por los ciudadanos y que salta el hecho histórico de que el Parlamento y el Gobierno del Reino Unido son de Inglaterra con jurisdicción extendida a las otras naciones. Otros han propuesto reforzar la autonomía municipal o volver a la idea rechazada de las regiones administrativas para dotar de un poder autónomo del de Reino Unido a los territorios y habitantes del Reino de Inglaterra.

Esta peculiaridad británica no lo es tanto y de hecho se da en España, aunque casi nunca se ha hablado de ella.

Promoción por imperativo legal

De la noticia sobre los resultados académicos del hijo de una hija del anterior Jefe del Estado, además del atentado contra la intimidad de un menor de edad, me nace la siguiente reflexión.

El chico parece que estaba repitiendo 2º de la ESO en un colegio de campanillas de la capital del Reino. Le había puesto en una clase para los alumnos con dificultades, lo cual puede leerse como bueno (tiene una serie de recursos singulares para que salga adelante) o como malo (han puesto a todos los “tontos” juntos).

El problema viene en lo siguiente. El artículo 28.6 de la Ley Orgánica de Educación, que todavía es de aplicación, establece que un alumno solamente podrá repetir una vez un curso, que forma que prohíbe la “tripitición” (en el mismo sentido el Decreto 23/2007 de la Comunidad de Madrid). Es lo que en el argot de la gestión educativa se llama “promoción por imperativo legal”.

En esa situación se encuentra el hijo de la hija del anterior Jefe del Estado. Según afirma elmundo.es en el colegio del chaval no está permitido promocionar por imperativo legal y sus padres tienen que cambiarlo de centro. ¿Por qué ese centro educativo no permite algo que una Ley sí permite? ¿Por qué se le consiente de ser como el medio internáutico informa? ¿Hay una recomendación informal de gran peso a pesar de que no haya una prohibición expresa? ¿Por qué unos centros pueden hacer lo que les dé auténticamente la gana?

Muchos le reclaman a Rajoy el gesto de gallardía que David Cameron tuvo en su momento y que autorice el referendum catalán como el Primer Ministro británico lo hizo con el escocés. Además de cuestiones ideológicas y de saber político, hay un problema de diseño constitucional que normalmente se obvia y que hace que Rajoy tenga mucho menos margen de acción que Cameron.

El Reino Unido no tiene una constitución como nosotros la entendemos, esto es, un texto jurídico al que se le otorga la primacía dentro del ordenamiento y que, como es el caso de España, requiere mayorías grandes para ser reformado, mayorías superiores a las que son necesarias para aprobar una ley.

La Constitución Británica es una constitución abierta, pues se encuentra en varias leyes y en numerosos usos y costumbres a los que se les han otorgado el rango de constitucionales. Además esta constitución es flexible, esto es, no se necesitan mayorías superiores para realizar una reforma constitucional que las que se precisan para aprobar una simple ley, de modo que si hay una precepto constitucional que produce algún callejón sin salida a la vida colectiva, se puede reformar sin que haya que reunir ninguna mayoría estrambótica y concediéndole, lógicamente, un gran poder a las minorías.

Por el contrario no tiene sentido el control de constitucionalidad de las leyes, ya que una ley inconstitucional modificaría la propia constitución (con unas excepciones recientísimas) y le concede un poder constituyente permanente a quien detente la mayoría en el legislativo, lo cual en España da algo más que miedito, habida cuenta del uso que se le da al Real Decreto-Ley.

Nada es perfecto y todo sistema, incluso cada tipo de constitución, presenta sus ventajas y desventajas. En el caso que nos ocupa, el de los referendos de secesión, la flexibilidad constitucional británica le ha concedido consecuentemente a Cameron un margen de maniobra del que carece Rajoy incluso si fuera su voluntad hacer algo y no esperar a que todo pase.

Cualquier salida que quiera permitir el referendum catalán tiene que pasar forzosamente por la reforma de la Constitución. Hay propuestas ingeniosas pero caen en un exceso de formalismo y por tanto rápidamente en el fraude de ley o en el fraude de Constitución más bien.

La cuestión del referendum catalán es política y por tanto solamente puede ser asumida jurídicamente cuando el orden jurídico aún no está formado o se puede transformar: en el momento constituyente. Eso sí, al final ganaría el “no” a la independencia.

Los defensores de los procesos de primarias consideran que estos son milagrosos y resuelven todos los problemas que un partido político puede tener. La elección del nuevo secretario general del PSOE no fue técnicamente una elección, pero materialmente sí lo fue. Y poco ha resuelto.

El PSOE sigue sin decir nada en economía. Ni una idea, ni una sugerencia, ni una posible reforma; nada de nada. El PSOE solamente se siente algo cómodo en la violencia de género y en el maltrato a los animales. En el resto de los asuntos los responsables socialistas están sin moverse mucho no vayan a tener que decir algo.

Regulación bancaria, libre competencia, modelo energético, protección de consumidores y usuarios, mercado inmobiliario o PYMES son algunos de los temas que esperan alguna dedicación de la nueva ejecutiva socialista.

Y si todo es importante, la economía es fundamental. Si no hay dinero, el resto de las políticas que quieras hacer son imposibles. Es lamentable que el PSOE no tenga todavía nada que decir en cada uno de los capítulos económicos de un programa político.

Monarquía interna

Cuando el Rey Juan Carlos I anunció su intención de renunciar y en las semanas siguientes el republicanismo tuvo una de sus mejores etapas históricas y muchos en el PSOE se dejaron de posiciones intermedias y se pronunciaron a favor de un régimen republicano que sustituye a la Monarquía del 78. Llegó la proclamación de Felipe VI, el mes de julio en toda su intensidad estival y vacaciones, y la ideología de la inercia volvió.

Resulta curioso ver cómo dentro del Partido Socialista ardía de nuevo el espíritu republicano pero no la crítica a las monarquías hereditarias que han ido proliferando en su seno. Muchas agrupaciones del PSOE están en manos de dinastías que o bien desempeñan los cargos orgánicos o condicionan las candidaturas electorales y cualquier decisión por pequeña que sea tiene que tener su anuencia.

No soy amigo de prohibiciones genéricas pero sí habría que tomar medidas cuando muchos secretarios generales de agrupaciones locales son hijo/a de un antiguo secretario o de una antigua secretaria o de algún cargo orgánico o político de la anterior generación. Hay demasiadas comisiones ejecutivas que los miembros de la misma o mismas familias se suceden.

Ello es así porque hay un fuerte control del acceso a la condición de militante. Por muchas campañas que ha hecho la estructura federal por conseguir un aumento de militancia, éstas siempre se han tropezado con que las agrupaciones tardan siglos en tramitar la solicitud de alguien, en pedirle hasta la partida de bautismo de su abuelo y de ponerle absurdos obstáculos administrativos. Una entrada significativa de militantes rompería los equilibrios internos, equilibrios de los que dependen muchos en asuntos de los que no deberían depender.

Desde el día de la Consulta ya no se habla de reorganización interna, de acumulación de cargos, de mandatos sucesivos o de selección de cuadros. Al final los órganos del partidos se parecerán más a un consejo de reyezuelos que a otra cosa.

Banderas y Constitución

Uno de los debates cíclicos más insufribles que tenemos en España es el referente a la legalidad o constitucionalidad de las diversas banderas que nuestro país ha tenido durante el siglo XX. La tesis que mantenemos en la presente entrada es que ninguna de ellas ni es ilegal ni es inconstitucional y en algunos casos solamente sería ilegal un uso muy concreto de ellas.

El diseño de la bandera española está regulado por el artículo 4 de la Constitución que coincide con el diseño anterior. Este precepto no menciona el escudo. El escudo era el establecido en la Regla 2 del Reglamento de banderas y estandartes, guiones, insignias y distintivos aprobado por Real Decreto 1511/1977, en definitiva una versión del “Águila de San Juan”.

La bandera de España y su escudo fue el definido en el referido Reglamento hasta la Ley 37/1981 que estableció el actual escudo de España. Desde finales de 1978 hasta el 8 de noviembre de 1981 el “Águila de San Juan” fue el escudo constitucional de España. A partir de ese día dejó de ser el escudo de España a ser un escudo histórico.

La bandera republicana fue bandera de España durante la II República. Fue la bandera oficial mientras pervivió la II República, siendo utilizada por las instituciones y embajadas en el exilio, pero desde la Transición no ha sido recuperada su oficialidad ni siquiera de una forma limitada.

La bandera republicana y la bandera con el “Águila de San Juan” con ambas banderas históricas españolas y ninguna de ellas son ilegales ni mucho menos inconstitucionales.

Solamente entrarían en el terreno de la ilicitud si se empleasen para representar a la bandera de España en las instituciones que tienen que usar la bandera definida por la Constitución con el escudo definido por la Ley 37/1981, como sería ondearla cualquiera de las dos en edificios públicos, acuertelamientos o navíos. Que alguien la lleve por la calle o la tenga en su casa no tiene ninguna más relevancia jurídica que si uno ondea en su balcón la bandera de la marina mercante aprobada por Carlos III.

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