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La Sexta invertida

Alrededor del 25% de las personas que se definieron de derecha en el último estudio postelectoral del CIS dijeron ver Antena 3 para informarse. Los números más fuertes lo encontramos en lo que se suele denominar centro-derecha y, por lógica, son más permeables a cambiar su voto.

Si ocurriese en Antena 3 como sucede en el otro canal de Atresmedia (puesto al servicio de Podemos para perjudicar al PSOE) y alguien me consultara qué hacer, daría estas ideas:

1) Darle toda la cancha posible a cualquier crítico del Partido Popular.

2) Recordar continuamente que Rajoy prometió no tocar las pensiones y el repago de los pensionista.

3) Tener todo el día en la tele a Rosa Díez, Toni Cantó y a cualquier miembro no demasiado impresentable de UPyD (Gorriarán sobrepasa) y preguntarles su opinión sobre todo, dejarles hablar, no contrapreguntarles y hacerles las preguntas que ellos desean que les haga.

4) Presentar un rostro menos desagradable, si es ontológicamente posible, de Vox.

5) Se saca lo que se pueda a los partidos regionalistas de derecha y se les hace parecer inteligentes o con ideas.

6) Se asocia lo malo al PP y la solución a UPyD, al partido regionalista de turno o a la desesperada a Vox.

7) Dar la caña habitual al PSOE para que nadie piense que trabajas para ellos.

Nota: la mayor proporción de telespectadores de derecha, superior a un tercio del total, lo encontramos en TVE. Que no nos extrañe entonces que hayan puesto a alguien de La Razón al frente para controlar a los propios.

Renunciar a un premio

El músico y musicólogo Jordi Savall ha renunciado al Premio Nacional de Música como expresión de su profunda disconformidad con la política cultural seguida por el Ministerio que desgobierna JoséIgnacio Wert.

La decisión de Savall merece todo el respeto, pero no estoy de acuerdo con ella.

En primer lugar no se me ocurre nadie que merezca ese premio más que el musicólogo catalán, de manera que el Ministerio no le regala ni le concede nada, le reconoce que es algo bien distinto y que, además, no es graciable sino un deber.

En segundo lugar porque soy de la opinión que las cosas hay que decirlas a la cara y que Jordi Savall tendría que haberle dicho a Wert lo que piensa de su política cultural durante el acto de entrega, como hicieron esos alumnos de Bachillerato al recoger los premios a los mejores expedientes.

En todo caso la decisión es suya y él habrá juzgado lo que sería mejor.

En 2012 los socialistas andaluces perdieron por primera vez unas elecciones autonómicas frente a los populares. El Partido Popular ganó por primera vez las elecciones en Andalucía, aunque no pudo gobernar al no conseguir reunir los apoyos suficientes para que Javier Arenas fuera investido Presidente de la Junta de Andalucía.

Los socialistas habían sido castigados contundentemente especialmente por el caso de los ERE. Castigo que no transformó en un cambio de gobierno por tener con quien pactar y por unos pocos restos beneficiosos.

Actualmente el PSOE de Andalucía se encuentra en su tradicional primer puesto en las encuestas electorales y los populares volviendo a su posición de mediocres actos políticos en el mejor de los casos.

Hace unas semanas saltó el caso de los cursos de formación. Un caso que parece tener un alcance muy serio y que puede que llegue lejos, pero que no tiene ninguna repercusión electoral ¿Por qué?

Cuando los electores deciden pasar factura a sus dirigentes por la corrupción lo hacen una sola vez. El castigo solamente se ejecuta en un solo acto y es para siempre. El hecho de que la imagen del caso de los cursos sea la juez Alaya, también imagen del caso de los ERE, hace que se perciba como lo mismo por lo que ya se pasó factura.

Si los numerosos conflictos positivos de competencias se resuelven a favor de los jueces que han pedido que la causa sea investigada donde se dio el presunto curso falso (el locus comissi), este caso tendrá caras nuevas y se verá como algo diferente y nuevo por lo que aún no se ha podido pasar factura.

Sobresueldos connaturales

Siempre me han resultado muy raros esos funcionario de los cuerpos superiores de la Administración que tienen bastante propiedades, llevan un gran tren de vida y disponen de bastante dinero líquido. Me han llamado la atención porque sus sueldos, siendo buenos dentro de la función pública, no dan por mucho que los estires para tener esa capacidad económica.

Durante mucho tiempo ha habido, y permanece, un pacto oculto por el que, a cambio de una remuneración buena y discreta, se consienten actividades que vulneran la exclusividad y pueden afectar a la imparcialidad.

Esto explica el motivo por el que dentro del Partido Popular se considera que los sobresueldos de las cuentas de Bárcenas son algo sin demasiada importancia. De hecho creo que no comprenden la atención de los medios y que les deja perplejos que unos simples sobresueldos se les asocie con la corrupción.

Buena parte de los dirigentes del PP proceden de los cuerpos superiores funcionariales de modo que muchos de ellos han visto los sobresueldos (como asesoría informal y remunerada, despachos de abogados a nombre del sobrino o el próspero ejercicio del “interesarse por”) como algo connatural al servicio público. Muchos parecen venir de un mundo donde al sueldo se le unen otros complementos con los que se cuenta porque si se viviera del sueldo, no se podría llegar la donosura de existencia que se lleva y se parecería uno más a esos tristes funcionarios que solamente viven con su sueldo.

Una de las serie de entradas de este blog más reutilizadas ha sido una, de cuatro posts titulada “La jurisprudencia como fuente del Derecho” (I, II, III y IV). Reutilizada porque me consta que en el primer año fue presentada como trabajo para algunos profesores de Derecho poco duchos en Internet.

Estas entradas ponían en cuestión la tesis de que la jurisprudencia, en el Derecho Español, no es fuente del Derecho al no haber sido reconocida como tal en el sistema de fuente del título preliminar del Código Civil. De la mano de otras normas de rango legal y posteriores a la actual redacción de ese título preliminar concluímos que al menos en tres sectores del ordenamiento jurídico, coincidentes con los órdenes social, penal y contencioso-administrativo de nuestros juzgados y tribunales.

Lo que es una convicción de los operadores jurídicos cada día ha estado más claro en la doctrina y parece que va a tener su primera plasmación explícita en una norma de rango de Ley. El Anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial consagra su título IV a la vinculación del Poder Judicial al sistema de fuentes establecido y en sus artículos establece las siguientes vinculaciones: a la Constitución, a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, a los derechos y libertades fundamentales, a los tratados internacionales, al Derecho de la Unión Europea, a las leyes, la desvinculación de reglamentos ilegales y, lo que nos importa, el alcance de la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

El artículo 32 establece ya claramente su naturaleza de fuente normativa:

1. La Jurisprudencia del Tribunal Supremo a la que se atribuya el carácter de doctrina jurisprudencial vinculante será de obligada aplicación para todos los Jueces y Tribunales en el ejercicio de la potestad jurisdiccional.

Los poderes públicos están obligados a observar la doctrina jurisprudencial vinculante en sus actuaciones.

[...]

Y los artículos siguientes establecen el cauce para declarar cuál es esa doctrina jurisprudencial vinculante, creando una especie de “legislativo judicial” en cada una de las salas del Tribunal Supremo y publicando en el BOE esa doctrina declarada.

Crean un novedoso procedimiento, la cuestión jurisprudencial previa y finalmente obliga a todos los tribunales a seguir, salvo motivación, sus propios precedentes en tanto no haya una doctrina vinculante establecida. Y finalmente, como clave del sistema, el recurso de casación por infracción de la doctrina jurisprudencial vinculante.

Prevén el cambio de doctrina jurisprudencial vinculante pero no hay articulación entre esta doctrina y la Ley, de forma que no se establece la obligatoriedad de modificarla en caso de cambio en la norma legal que la sustentaba, ni tampoco se aclara la jerarquía en caso de conflicto entre Ley y jurisprudencia, pudiéndose inferior de la sistemática aunque es lamentable que no se establezca expresamente.

Frente a un modelo más o menos espontáneo de nacimiento de la doctrina jurisprudencial, depuración, establecimiento y reconocimiento, el Ministerio de Justicia ha optado por un modelo centralizado y explícito de establecimiento, con paralelismos a la actividad del legislador. Esperemos al trámite parlamentario.

El blog Agenda Pública de eldiario.es pregunta hoy a varios juristas sobre si España es ya un Estado Federal o no lo es. Todos ellos definen que se puede entender “Estado Federal”, o se remiten a algunas definiciones, antes de contestar. Tan equívoco es el término que hay que recurrir a los conceptos estipulativos.

Cuando alguien diga que hay que hacer un Estado Federal, pedidle con educación que lo define antes, porque puede que dos interlocutores no estén hablando ni de lo mismo y, a veces, ni de cosas parecidas.

Madrid, distrito federal

El otro día un comentarista del blog planteaba una cuestión que, muchas veces, se plantea y que me gustaría reflexionar sobre ella: el desmantelamiento de la Comunidad de Madrid y el establecimiento sobre esta provincia de la administración directa por parte del Gobierno de España. Y cuando se habla de reformar el modelo territorial para establecer un Estado Federal esta idea sobre Madrid cobra cierta relevancia.

Para muchos la Comunidad de Madrid es un engendro hecho con los retazos del estado autonómico. Y hace treinta años tenían razón, pero ahora es difícil dársela porque tres décadas de historia no pasan en valde. La Comunidad de Madrid es un espacio geográfico con el que se identifican sus habitantes y una estructura institucional importante dentro de España. Además de ello, el principal motivo para que Madrid no entrase en ninguna de las dos Castillas, especialmente en Castilla-La Mancha (a donde parecía predestinada) era que iba a desequilibrar demográficamente la región y esa razón hoy en día es tan válida y vigente como antes.

Pero hay una pregunta más: ¿por qué los madrileños no pueden tener derecho al autogobierno y más si se estableciera un régimen más federal? ¿por qué tienen que ser gobernados por otros? ¿qué razón hay para quitarles esa posibilidad de elegir sus gobernantes regionales?

En Estados Unidos la capital se encuentra en un territorio cedido por dos estados y bajo la dirección directa del Gobierno Federal, aunque con cierta autonomía local. Hay un movimiento que exige su “normalización” y de hecho el Congreso Federal ha ido concediendo al Distrito de Columbia algunas instituciones semejantes a las de un pequeño estado, a pesar de no serlo y hasta una enmienda constitucional le dio tres votos en el Colegio Electoral que elige al Presidente.

En México el Distrito Federal, el conurbación más poblada del país, comenzó a finales de los años noventa a adquirir un serio autogobierno aunque no totalmente equiparable al de los estados. Buenos Aires fue desgajada de la Provincia homónima y le ha sido dado un estatuto cercano al de las provincias federadas pero no se puede decir que sea gobernada directamente desde la Casa Rosada. Camberra, Brasilia, y Nueva Dheli mantienen ese mismo perfil, mientras que Caracas tiene un autonomía más municipal.

Berlin, Viena o Bruselas no son distritos federales, pese a ser capitales de federaciones, de hecho son partes de sus respectivas federaciones aunque de manoe tamaño y con alguna particularidad. No es necesario crear un distrito capitalino federal para ser un Estado Federal.

Por el contrario en Nigeria, Pakistán o Malasia son de los pocos casos en los que el gobierno federal ejerce la totalidad del poder, aunque haya una mínima descentralización en los distritos. De hecho el último caso fue utilizado como instrumento político para mantener a Kuala Lumpur, cuando se le estableció la federalización, fuera de la política de su estado de origen.

El Ayuntamiento de Madrid tiene ciertos poderes que no tienen otros municipios justificados tanto por su tamaña e, importancia económica como por ser la capital de España. Los madrileños capitalinos ni los de las localidades de la Comunidad echan de más a la capital y, de hecho, las localidad más pequeñas se benefician de una Administración regional más fuerte que si pertenecieran a otra comunidad o la Comunidad de Madrid no contuviera a Madrid.

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